La pena para el empresario Cristian Pérez, será de 3 años y 6 meses de prisión; en tanto que su par Javier Morales, recibió una condena de 3 años y 8 meses; Hernán Lobos Rosas, 3 años y 3 meses; y Roberto Monasterolo, 5 años de prisión.
En el caso de los funcionarios y del personal municipal, se destaca la condena impuesta a Abel Boyero, 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que su par Rubén Palomeque, 4 años de prisión y misma inhabilitación.
En tanto, el inspector municipal Juan Carlos Lara recibió 3 años de prisión en suspenso y junto a Rubén Sartori (quien deberá purgar similar castigo) deberán ejercer 300 horas de trabajo no remunerado.
Por su parte Eduardo Van Heerden, fue sentenciado a 2 años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo no remunerado, más su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el inspector municipal Joaquín Mansilla, deberá afrontar la pena de 3 años y 8 meses de prisión, más inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces no otorgaron la prisión preventiva para los imputados, solicitada por el Ministerio Público fiscal. Boyero, Lobos Rosas, Mansilla, Morales, Monasterolo y Pérez deberán cumplir por tres meses medidas sustitutivas, como la privación de salir del país y la presentación todos los lunes en la oficina judicial. Queda exceptuado Palomeque por cuestiones de salud.
En este sentido, Cecilia Codina, fiscal que estuvo en reemplazo de Cristian Olazabal, indicó que «estamos muy conformes con el trabajo que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal».
Asimismo, remarcó: “Queremos que las penas se cumplan, es por ello de la decisión de la medida cautelar”.
