Por violar las normas sanitarias deberán barrer veredas, arreglar plazas y ocuparse de la recepción de vecinos en vacunatorios.
Las fiestas clandestinas son una de las actividades prohibidas para evitar contagios de coronavirus en el marco de la segunda ola de la pandemia. No obstante, los jóvenes y no tan jóvenes hacen caso omiso a la reglamentación vigente y se encuentran igual. En general, las autoridades de control son alertadas por vecinos y sin esfuerzo se logra desarticular estas reuniones que los expertos consideran eventos supercotagiadores.
En Córdoba más precisamente en Río Tercero, se tomó la decisión de aplicarle un castigo a las personas que participan de estas celebraciones y son identificados por la policía: deberán realizar trabajos comunitarios, de acuerdo a una resolución del municipio local que comenzó a implementarse esta semana. Un grupo de jóvenes comenzó a barrer veredas y a arreglar plazas, como tareas asignadas por la contravención.
En Río Tercero, localidad del departamento Tercero Arriba del valle de Calamuchita, se aplican multas a las infracciones contempladas en el Código de Faltas Municipal que rige desde 2007. El mismo sanciona con multas de entre $40.000 y $200.0000, arresto, trabajos comunitarios y asistencia a cursos educativos a quienes transgreden las disposiciones sanitarias y de seguridad e higiene, entre otras conductas que afecten a la sociedad y a las instituciones, tanto públicas como privadas.
Como consecuencia de las reiterada organización de fiestas en la ciudad, el intendente local, Marcos Ferrer (UCR), resolvió extender la norma a las fiestas clandestinas y dar lugar a la posibilidad de tareas comunitarias para quienes participen de eventos clandestinos. En consecuencia, los infractores pueden optar por abonar la multa o permutar por esta clase de trabajos. Las tareas comunitarias consisten en trabajos de entre 10 y 15 en total, divididos hasta en siete jornadas.
La decisión de los padres
Ferrer comentó que de esta manera se pretende es “prevenir y concientizar sobre la necesidad de la responsabilidad social ante un contexto sanitario complicado”, en este caso a través de “medidas ejemplificadoras, disuasivas y de escarmiento”. Y agregó: “No se persigue un fin recaudador, sino la concientización a través del trabajo comunitario porque observamos que a pesar de las multas, hay conductas que se repiten, particularmente en los jóvenes”.
En la primera experiencia, que se puso en marcha esta semana, participaron 24 jóvenes de entre 18 y 24 años, a los que se identificó en una fiesta clandestina semanas atrás. Además hay uno de 16 y otro de 17 (menores de 18 a los que no les corresponde sanción), pero cuyos padres autorizaron la aplicación de esta metodología.
