San Antonio Internacional, la mayor empresa de servicios petroleros de la Argentina, comunicó oficialmente a un grupo de bancos que no podrá pagar sus compromisos de deuda según el cronograma vigente. Para eso, contrató a la consultora Finanzas y Gestión, cuya cara visible es Fernando Balcich, para reestructurar una deuda de US$ 105 millones. La compañía, que es controlada por Lone Star, uno de los principales fondos de distressed de Estados Unidos, terminó de confirmar su estrategia esta semana en conferencia con cada uno de los acreedores.
El pasivo de San Antonio, que cuenta en su nómina de 3700 empleados, está distribuido en una serie de entidades bancarias. Las más expuestas son Banco Galicia, BBVA y Macro con préstamos que oscilan entre los 15 y los 17 millones de dólares. La reestructuración también alcanzará al HSBC, ICBC, Banco Provincia, Nación y Ciudad, según aseguraron a fuentes privadas y confirmaron desde la empresa.
La crisis por el COVID-19 agudizó la caída de los precios del petróleo a nivel global, provocó un parate virtual de la demanda de combustibles (desde el inicio de la cuarentena el consumo de naftas cayó un 80%) y puso contra las cuerdas a las empresas de servicios, que como proveedores de las empresas productoras (YPF, PAE, Pluspetrol y Tecpetrol, entre muchas otras) son las que tienen contratado a la mayor parte del personal enrolado en la industria petrolera.
San Antonio es un emergente de esa realidad. Antes que se desate la pandemia del Coronavirus, la empresa ya registraba a unos 500 operarios sin asignación de tares como resultado de la fuerte merma de la actividad como resultado del congelamiento de los precios dictado en Agosto pasado por Mauricio Macri –según publica EconoJournal-.
Fuerza mayor
La emergencia sanitaria no hizo más que agudizar, a toda velocidad, esa fragilidad. Su entorno de stakeholders, para colmo, no es el mejor. YPF, su principal cliente, le informó esta semana que no le reconocerá ninguna remuneración por los días de parate desde que se decretó el aislamiento obligatorio. La mayor petrolera del mercado argumenta que, por tratarse de un contexto de fuerza mayor, contractualmente no corresponde afrontar ningún tipo de remuneración. Otras operadoras están pagando una tarifa especial, equivalente al 50% de la establecida por la prestación de un servicio normal. Algunas incluso abonan un 40% porque toman como parámetros el costo de contribuciones no remunerativas.
YPF, la petrolera controlada por el gobierno, que enfrente una delicada situación económica, comunicó esta semana que no pagará remuneración alguna. “Forma parte de una estrategia de negociación. Al final del día, la empresa terminará reconociendo un 40% o 50% de la tarifa para cubrir al menos el costo salarial de San Antonio”, explicó una fuente sindical que sigue día a día el resquebrajamiento del escenario productivo en Neuquén.
