La Secretaría de Trabajo de la provincia del Chubut declaró ilegal la medida de fuerza adoptada por un grupo de trabajadores del sector público de la salud, pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que se practicarán los descuentos por días no trabajados.
El titular de Trabajo, Simón Cimadevilla declaró, en la tarde de hoy, “la ilegalidad de la medida de fuerza llevada a cabo por los trabajadores dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, en los establecimientos sanitarios a su cargo, avalada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y que consiste en el paro de actividades y retención de servicios”, según la resolución emitida por esa secretaría.
Al mismo tiempo, se ratificó la postura de efectuar los descuentos en los haberes a los trabajadores que hayan adherido o adhieran activamente a la citada modalidad de protesta. Desde el Ministerio de Salud se informó que los descuentos anunciados para quienes adhieran a la protesta constituyen una “obligación” inherente a su función, “para proteger el salario de quienes sí concurren a su ámbito de trabajo”, y se remarcó la necesidad de establecer un mecanismo de “premios y castigos” acorde con las responsabilidades de cada uno.
En los considerandos de la medida adoptada el secretario de Trabajo afirma que “de las constancias arrimadas al expediente, no surge que, en este caso, y previo al inicio de las medidas de acción directa bajo análisis, se hayan cumplimentado los pasos que establece la normativa indicada a efectos de permitir la diagramación de un servicio mínimo de asistencia a la comunidad en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud”
Agrega el funcionario “que tampoco se observa notificación alguna por parte de la entidad sindical dirigida al organismo a cargo del servicio, en este caso el Ministerio de Salud, que contenga la información mínima necesaria para cumplir con el objetivo de garantizar la mentada prestación en forma esencial”.
Se desprende entonces, que se “pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, en toda o en parte de la población”, y eso motiva de declaración de ilegalidad.
Cabe destacar que una medida similar ya se había tomado en relación al paro y movilización realizado el lunes 23 de julio y el dictamen, en aquella oportunidad, se basó en la extemporaneidad de la comunicación de la medida, asegurando que “esta forma de implementar la medida, impide al organismo (en este caso el Ministerio de Salud) la estructuración de la prestación mínima del servicio, a efectos de sobrellevar el conflicto, en la medida posible, sin daños a terceros y garantizando el derecho a la salud del resto de los ciudadanos”.
