La Administración Macri retomó la senda de la dolarización de las tarifas que había amagado dejar de lado en plena corrida cambiaria. Le aplicó una cláusula gatillo en las de gas para trasladar a los usuarios la diferencia que haya habido por devaluación a los 75 días que las distribuidoras facturaron el servicio. Las asociaciones de consumidores, algunas intendencias y la oposición de la Cámara de Diputados reaccionaron con presentaciones judiciales y hasta la gestación de un nuevo proyecto en el Congreso, a poco del veto presidencial a la ley que ordenaba retrotraer las tarifas a octubre de 2017.
La política monetaria anunciada por la conducción que asumió en el Banco Central no daría margen para que el sistema de precios relativos absorba los aumentos de dos dígitos que emanan de la autorización de los propios reguladores del Estado guiada por la dolarización de tales costos, con lo cual la condición para que no incidan en el IPC sería que los demás cedan el espacio: salarios, jubilaciones, bienes y servicios que se fijan libremente hasta donde la recesión lo permita. Hasta ahora, las 17 veces que subieron las tarifas en los 2 años y tres cuarto de gobierno, las 13 que lo hicieron los combustibles nada más que este año, la vez y cuarto que lleva el dólar, más lo que acumulan las prepagas, transportes, alimentos, han venido inclinando para arriba el vector de la inflación, que en 2017 ya duplica a 2018 y le ponen una vara alta a 2019 desde enero mismo.
«La expresión ruleta rusa surgió por primera vez, en 1937, en un cuento breve de título homónimo, escrito por el norteamericano George Surdez y publicado por la revista Collier’s Magazine. En él se mencionaban distintos juegos peligrosos, que los soldados de la Legión Extranjera Francesa practicaban para evitar el tedioso aburrimiento. El juego había llegado hasta los soldados a través de una carta de un mercenario alemán, que explicaba una conversación que mantuvo con un sargento ruso, en 1917».
La cláusula gatillo que dispuso la Secretaría de Energía, que sin ser ministerio ni seguir a cargo de Juan José Aranguren sigue dependiendo de otro ex petrolero, Javier Iguacel, traslada al usuario del servicio de gas la compensación por las devaluaciones, que en 9 meses acumulan 124%.
Se trata de una extra que debería ser asumida sobre lo ya consumido y pagado entre abril y septiembre, y como no podía ser de otra manera, detonó la reacción judicial de varias asociaciones de defensa de los derechos del consumidor e inicialmente de una docena de municipios, al tiempo que volvió a movilizar a la oposición en la Cámara de Diputados para promover su derogación: el bloque Justicialista tiene en estudio un proyecto redactado por la jujeña Carolina Moises.
El inmediato antecedente de rechazo ciudadano a la política tarifaria nacional fue hace poco, cuando el Congreso sancionó una ley que retrotraía las tarifas a octubre de 2017, y el presidente Mauricio Macri la vetó.
Constituye el actual un nuevo brote de resistencia a la política energética que aplica el gobierno nacional, que consiste en transferir recursos a las empresas del ramo, y que se manifiesta en la magnitud alcanzada por el conjunto de aumentos en gas, luz, agua y combustibles durante el mandato de Cambiemos: 1700%.
Y como el 60% de la electricidad es generado por el gas que se inyecta en las usinas, el efecto dominó de la diferencia entre tarifa y devaluación no tardará en desplazarse hacia la totalidad de los servicios públicos.
En esta instancia, las organizaciones que forman parte de la Comisión de Usuarios de Enargas anunciaron que harán una presentación ante la Justicia para reclamar la nulidad de la medida, según informó a la agencia Noticias Argentinas la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO), Inés Bienati, quien puso de relieve que «hay gente que la está pasando mal. Esto no sólo afecta a los más vulnerables, también a la clase media que ha quedado sin trabajo o tiene un solo empleo».
El diputado del peronismo moderado, Diego Bossio, aclaración que vale porque Iguacel descalificó críticas atribuyéndolas al kirchnerismo, se preguntó: “¿Quién compensa a las familias por la devaluación? ¿Quién compensa los salarios por la devaluación? ¿Quién compensa a los jubilados por la devaluación? Este es un caso testigo de cómo piensa, cómo siente, cómo toma decisiones este gobierno”.
Y añadió: “Toda la información genética de la forma de gobernar de Cambiemos queda expuesta: a los ricos los deben compensar los pobres y la clase media”.
Una de las apelaciones en los tribunales a la resolución de la Secretaría de Energía es impulsada por la asociación Consumidores Libres, cuyo representante legal, Héctor Polino, consideró que «los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso».
Idéntico argumento esgrimió el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, quien explicó en radio La Red cómo funciona este mecanismo que, como las productoras ni tampoco las distribuidoras absorben la masa de deuda que acumula la suma total de la diferencia en los precios del dólar, será transferida a los usuarios en paralelo a la tarifa del mes.
Así, en enero de 2019, será recargada en cuotas a las facturas que ya traerán, por su parte, los incrementos preestablecidos en el plan de sinceramiento –según publica Urgente 24-.
No será únicamente ese plus por seguro de cambio a abonar en 24 mensualidades, más el 15% ordinario que venía en carpeta para el inicio del año en las boletas de gas, los que recaerán sobre la atribulada sociedad argentina, desde pobres en más.
Cuando aún faltan 3 meses plagados de signos de interrogación sobre lo que habrá de deparar la economía ya se sabe que acompañan al gas en lista de espera un alza del 30% para la luz, subte, premetro y lo que se fije para los combustibles tras conjugar costos internos y más subas internacionales del petróleo.
Como las nuevas tarifas para el gas, lo mismo que el adicional por devaluación, fueron subidos el viernes al sitio del Enargas, la periodista especializada Silvia Peco hizo los números en Ámbito: “Un hogar típico de clase media de Capital Federal, de la categoría R23, que usa el gas para cocción, agua caliente y dos estufas en invierno, consumió este año 403 metros cúbicos en el bimestre junio-julio, y pagó $3.299 en 2 cuotas mensuales. Con los nuevos valores que regirán desde mañana, hubiera pagado $5.061 en 2 cuotas, lo que equivale a un aumento del 53,4%”.
El secretario de Energía, Javier Iguacel, ensayó como atenuante que este mes al usuario le vendrá menos en la factura que en la anterior, ya que se inició el período de menor demanda hasta el próximo invierno, si bien para entonces los aumentos y cargos extras que se aplicarán para trasladar la devaluación en enero y el programado de abril, elevarán el escalón tarifario sobre el que se cobrará la época de fríos.
Un incierto costo de vida
A no haber cesado la tormenta (según la calificó el gobierno) aunque en los últimos días haya habido un impasse en la plaza, la propia dinámica inflacionaria indexa el tipo de cambio y lo torna incierto, de modo que nada asegura que las petroleras no vuelvan a la carga para calcular la traducción del precio del gas en boca de pozo, que ahora se dispuso en alrededor de u$s4 por millón de btu, tal como constaba en la propuesta de IEASA (ex Enarsa) con un dólar a $31,4, pero considerando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 3 de octubre que se ubicó en $37,69, según establecen las resoluciones del Enargas.
O sea que habrá diferencia con el cambio estacional del 1 de abril cuando toque pagar a las distribuidoras por el gas utilizado a partir de setiembre.
Las otras medidas que se aplicaron en contra de los usuarios eliminan:
-el tope de 300% de aumento para los hogares, de manera que ahora las distribuidoras tendrán carta abierta;
-el descuento del 10% por consumir un 20% menos de gas que el período anterior;
-la tarifa social sin topes de consumo, que ahora se fija en 77m3 en el área metropolitana, pasada la cual se liquidará tarifa plena.
El gobierno de Mauricio Macri tiene jugado el Índice de Precios al Consumidor prácticamente en el 45% para todo este año, y la hipótesis para el que viene sería reducirlo a la mitad para lo cual la política monetaria vuelve a marcar la cancha, como pretendía hacerlo durante la gestión de Federico Sturzenegger hasta que la Jefatura de Gabinete decidió modificar todo unilateralmente.
Nada más que se cambian las expectativas del mercado que encuestaban entonces por las actuales del Fondo Monetario Internacional, que constan en el acuerdo de ampliación del crédito stand by aún no suscripto.
Pero dentro de ese hipotético escenario, entre la lapicera de los funcionarios y la recesión marcarán el movimiento de los precios relativos, es decir, la distribución del ingreso.
Los combustibles, de los que depende el costo de los automovilistas, de los colectivos y micros y la logística de las cargas, no sólo están indexados al dólar, sino al barril del crudo, con lo que aventurar qué marcarán los surtidores el mes que viene sería un acertijo.
Tomando lo sucedido hasta ahora, la nafta súper en YPF subió 13 veces y acumula un alza del 58%. De 22,66 pesos el litro al empezar el año trepó a los 36 de ahora.
Y para los 13 millones de pasajeros que circulan por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires la incógnita, en consecuencia, no es menor. Lo sabido es que el boleto subió en octubre 8%, al igual que el gasoil y las prepagas. Los trenes más que duplicaron el valor de los viajes, los peajes se incrementaron 20% y la electricidad 29%.
