En el marco de la audiencia preliminar por esa causa, el funcionario de Fiscalía dijo que aguardaban su elevación a juicio oral, la que se terminó dando pasado el mediodía. Los imputados son cuatro: Leticia Huichaqueo, su pareja Gómez, Marcelo Suárez y Micaela Cordero.
“La imputación depende de cada uno. Los miembros de la pareja están imputados por peculado, que básicamente consiste en sacar cosas del Estado que están bajo su dominio y los otros dos están imputados por encubrimiento, esto es realizar maniobras para que no trascienda al ámbito judicial”, señaló esta mañana Héctor Iturrioz.
Y agregó que “esto es una parte de lo que fue la emergencia, fue la primera denuncia que hace una docente de Madryn, lo que permitió descubrirlo, que hubo un descontrol absoluto de todos los bienes que estaban al cuidado del Ministerio de Familia. Y al alimento lo vendían en redes sociales”.
De la discusión que hubo en la audiencia sobre las entrevistas que él hizo a quienes no estaban imputados en su momento, pero después lo fueron; y también sobre las pretensiones de pena, sostuvo que “eso último fue algo ya reeditado de lo que pasó en la causa ‘Embrujo’. Yo me enteré por los medios, pero también se descubrió esto, si la pretensión punitiva era provisoria o no; y yo sostengo que es provisoria. También el doctor López pidió la nulidad de todo lo actuado, porque se entrevistó en la etapa de investigación preliminar que es informal, a una de las imputadas (Micaela Cordero)”.
“El fundamento dice que se violó el principio de autoincriminación. Él sostiene que nosotros en la acusación usamos los dichos de ella para entrevistarla, lo que es totalmente ajeno a la realidad. Tenemos múltiples medios de prueba producida con total independencia del testimonio de Cordero”, aclaró.
En tanto que indicó que “la situación de ella se parangonó con la de muchas otras personas que habían figurado y fueron entrevistadas, porque nosotros no podíamos dar por supuesto que eran culpables, y muchos de ellos firmaron y les dijeron que les hacían firmar bajo engaño, que les daban una cantidad de bolsas de alimento y les hacían firmar por otra cantidad. Esa fue la única misión que tuvo la entrevista de Cordero: desentrañar si ella no había sido una más de estos engañados por funcionarios públicos”.
Iturrioz aseguró que de las mercaderías no se puede recuperar nada: “estamos hablando de que los galpones que estaban en camino a Playa Unión eran insuficientes, los pallets se acopiaron afuera, eran cerca de 500 bolsas. La imputación es por lo de Royal Canin, porque se pudo acreditar su comercialización en redes sociales, pero se dieron cuenta de que se llevaban lo que querían y un ejemplo gráfico de cómo se manejaban, es que en una oportunidad Gómez se quiso llevar mamelucos térmicos y tuvo una discusión porque le dijeron que eso era para la gente que estaba allí”.
“No hay testigos. Esa es la parte más difícil porque nunca nadie compró, nunca nadie vio. Solamente tenemos testigos de que les ofrecieron alimentos, pero nadie va a venir a decir que compraron un alimento que valía unos $2.000 a $500 o dos bolsas por $800. Después, aparecieron algunos funcionarios políticos haciendo beneficencia, arguyendo que ellos habían hecho las gestiones que fue lo que más indignó a la denunciante”, completó el fiscal.
Asimismo, recordó que el envío de Royal Canin tenía como destino único a Comodoro Rivadavia: “esas bolsas no podían tener otro destino, porque la inundación genera que las mascotas tengan infecciones intestinales. Entonces, era un alimento especial con contenido medicamentoso por lo que no había en la provincia ni dirigido a la Patagonia, otras bolsas que las que mandó Royal Canin para acá”.
“El desfalco se presupone grande porque no había ninguna especie de contralor. Todos te dicen que la gente iba a retirar y firmaba o no, se registraba o capaz no. No había ningún control, se podrían haber aprovechado de lo que quisieran”, analizó en declaraciones reproducidas por FM La Petrolera 89.3 MHz.
De las penas que se prevén, Iturrioz dijo que Huichaqueo tiene 5 años de pretensión punitiva provisoria por este solo hecho; 4 años y 6 meses para Gómez; 3 años y 6 meses para Suárez y 2 años y 6 meses para Cordero.
“Creo que el juicio se va a iniciar en febrero del año que viene, porque lo que prevé el Código es que 37 días a partir de los autos, tenemos que hacer el juicio. Pero los recursos son finitos”, concluyó.
