Juez y parte: El Gobierno consiguió colocar a su hombre al frente de la Corte Suprema. Después de once años, Ricardo Lorenzetti será reemplazado en la presidencia del cuerpo por Carlos Rosenkrantz, el juez impulsado por Macri y todas las grandes corporaciones para las que trabajó, famoso por el fallido fallo del 2×1.
Ricardo Lorenzetti dejará de presidir la Corte Suprema después de once años, tras una votación interna que recortó su mandato, que debía terminar el 31 de diciembre pero culminará el último día de septiembre. El nombre del sucesor elegido, Carlos Rosenkrantz, permite entender que desde el punto de vista político lo ocurrido representa un fuerte triunfo del Gobierno, que encontraba en Lorenzetti una amenaza constante, no sólo a través de fallos pendientes sino por sus muestras de aspiración personal. Rosenkrantz, uno de los dos jueces que Mauricio Macri intentó nombrar por decreto (aunque finalmente debió intervenir el Senado), tiene como sello personal el de haber sido abogado de un amplio abanico de grandes empresas y llegó al máximo tribunal postulado por un hombre ligado a esas corporaciones y clave en la mesa chica de asuntos judiciales del Presidente, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Ya como juez, fue promotor de la sentencia que estableció el beneficio del 2×1 para los genocidas que intentó poner en jaque el modelo de “memoria, verdad y justicia”, y nunca fue revertido por la Corte pese a la condena social. En Tribunales reina la impresión de que la cabeza del Poder Judicial va camino a retrotraerse a una modalidad hermética, con un nuevo titular de buenos vínculos con el establishment, además de afinidad con la Casa Rosada.
Los mismos tres jueces que votaron el 2×1 para los genocidas en mayo del año pasado, son los que llegaron al acuerdo de la Corte de ayer con la decisión de desbancar a Lorenzetti: además de Rosenkrantz, la jueza Elena Highton de Nolasco –quien le debe al Gobierno su continuidad en el tribunal después de la edad jubilatoria de 75 años– y Horacio Rosatti, el otro juez nombrado por Macri, en su caso a instancias de Elisa Carrió. La dirigente de la alianza gobernante fue una de las que más celebró la decisión de ayer (ver recuadro).
Desde varias semanas antes, el propio presidente saliente planteaba a sus colegas que se debía hacer la elección de autoridades para “dar muestras de fortaleza”. Ese era un concepto recurrente de Lorenzetti, que entre sus consejos habituales a los jueces de Comodoro Py –los reyes de las causas con efecto sobre la vida política– les planteaba que su gran fuente de poder era el de generar miedo. Cuidaba celosamente, de todos modos, su relación con el mundo empresario y se juntaba a comer con los principales referentes. Sin embargo, algo se quebró, y en el Palacio de Justicia, en varios despachos las deducciones señalaban que el respaldo público a la causa de las fotocopias de los cuadernos, que empiezan a apuntar a la familia Macri, así como la difusión de un anuncio de procesamientos aún no dispuestos, influyó en su suerte. El establishment se volcó a jugar su partido con el Gobierno, confiado en esencia en que se carguen las tintas contra Cristina Fernández.
La insistencia en precipitar la elección de autoridades finalmente puede haberse vuelto en contra de Lorenzetti. En el acuerdo de ayer dijo que quería seguir en la presidencia, pero sus colegas le exhibieron una larga lista de reclamos y reproches. La reunión duró casi cuatro horas, algo inusual. En el plano institucional, plantearon la mala imagen del Poder Judicial –que las encuestas sitúan en un rechazo del 70 por ciento–, la gestión personalista y su amague con convertirse en una alternativa política en un escenario de debilidad del Gobierno. También el cajoneo de causas por largos períodos como herramienta de presión, la falta de avances en supuestos compromisos de reforma –algunos pactados con el Gobierno– como la renuncia a privilegios (como el pago de impuesto a las ganancias, que rige a medias) y la extensión del horario de tribunales, incluso el cambio del régimen de feria, y los esfuerzos puestos en estructuras como la de las escuchas telefónicas (para la que pidió cuatro veces más de presupuesto). El hecho de que la mayoría suprema de la era Macri pida pluralismo en el manejo de las decisiones internas, no implica una apertura hacia la sociedad ni a sus necesidades. De hecho, todo se encamina en sentido inverso, como con los juicios laborales, con mayoría de fallos contrarios a los trabajadores. Rosenkrantz trata de mostrar bajo perfil y no es afecto a comunicar. El día de su jura impidió el ingreso de periodistas a la sala donde se realizaba la ceremonia. Un abismo respecto de Lorenzetti.
Highton, que en otro tiempo fue una aliada de Lorenzetti a quien acompañó como vicepresidenta, puso sobre la mesa ayer la candidatura de Rosenkrantz. Este la propuso a ella como su vice. Se votaron mutuamente, luego apoyó Rosatti, y también Lorenzetti, quien optó por la diplomacia para quedar menos expuesto. Juan Carlos Maqueda, en cambio, propuso un nuevo mandato para Lorenzetti. La acordada no explicita las razones por las que se resolvió cortar antes el mandato. Solo dice que aunque el mandato vencería el 31 de diciembre “es aconsejable, mediante la presente acordada, excepcionar en este caso lo dispuesto por el reglamento de tal modo que las nuevas autoridades comiencen su mandato de 3 años a partir del 1 de octubre”.
El Gobierno dejó expuesta su intención de empujar la caída de Lorenzetti en junio pasado, cuando hizo circular versiones de que dejaría la presidencia después de un almuerzo con Macri en la Casa Rosada. En ese entonces, rápidamente llegó una desmentida, pero la tensión se percibía. Eran días en que crecía la preocupación oficial por los juicios de jubilados que reclaman actualizaciones: ya hay unas 150.000 demandas pendientes y los supremos demoran la decisión. Los antecedentes supremos no ayudan al Gobierno, ya que la Corte supo respaldar el índice ISBIC (el de salario de la industria y la construcción) que Anses no quiere aplicar, ya que el RIPTE, que arroja haberes inferiores. Fue un tema clave –aún pendiente– en la pulseada, pero no el único.
Desde fines de 2015 la Corte jugó en línea con el Ejecutivo en temas como los juicios laborales (donde Rosenkrantz siempre vota a favor de las empresas o no vota), pero no ha sido lineal en asuntos como el de los tarifazos. Por otro lado, todo se encamina hacia el crecimiento de reclamos vinculados con derechos sociales (salud, vivienda, educación, entre otros). El manejo de la agenda pasará ahora a manos de Rosenkrantz y Highton. El temario también incluirá la discusión sobre las prisiones sin juicio, el Correo Gate, el caso para que Farmacity opere en provincia de Buenos Aires y llegarán los cuadernos.
El ocaso de Lorenzetti empezó ya en el último año del gobierno de CFK, pese a que estaba enfrentado a ella. Por eso convocó a una elección de autoridades anticipadísima: se hizo en abril, cuando además la salida de Carlos Fayt era un hecho pero necesitaba su voto. Ahí se lo eligió para el mandato que debería terminar a fin de este año. La llegada de Rosenkrantz y Rosatti, que encarnó la primera medida importante del gobierno de Macri, empezó a jaquear el poderío que construyó durante más de una década. Las denuncias de Carrió fueron de las peores pesadillas para el supremo. El fallo que mandó la causa de Alberto Nisman al fuero federal, fue sello inaugural de la nueva Corte. Pero lo que marcó su impronta renovada y un nuevo mapa de poder interno que demostró las ambiciones de Rosenkrantz, fue el del 2×1. Lorenzetti fue parte de una Corte ejemplar, inaugurada por Néstor Kirchner, que construyó una jurisprudencia caracterizada por ampliar derechos cuya desconfiguración empieza a perfeccionarse.
