El juez Sergio Piñeda dijo que el 24 de agosto dará su decisión final, dándole así tiempo tiempo a la querella para revisar la oferta de los empresarios.
Los empresarios Patricio Musante, Juan Salaberry y Esteban Torraca quedaron en libertad en el marco de la causa «Revelación», luego de que el juez Sergio Pineda les levantó los embargos sobres las empresas y determinó que el 24 de agosto resolverá la suspensión del juicio a prueba. Cada uno propuso una serie de obras de mejoramiento de infraestructura para cumplir con una probation que los salve de la cárcel.
- Torraca, por ejemplo propuso mejorar la estética y mejoras edilicias generales en la Comisaría del barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia, que incluirían la refacción de los calabozos y pintar oficinas. El plazo para completar las obras sería de tres meses.
- Musante propuso la construcción del SUM para Gaiman -en un plazo de 180 días- y la reparación de veredas en esa localidad. Es más: el empresario colocaría en el cartel de la obra que es en el marco de la investigación por la causa «Revelación».
- En tanto, Salaberry planteó que a través de su empresa se realicen mejoras en la Comisaría Cuarta de Trelew, con cuyos responsables ya hablaron y pidieron un paredón de 70 metros de largo por 2,50 de alto. Además, habría arreglos en el sistema de agua y un trabajo de pintura para el exterior e interior de la comisaría.
El abogado defensor Guillermo Iglesias apuntó que «ningún empresario sabía cuál era el destino del dinero», y entiende que la asociación ilícita está vinculada a los funcionarios «y algún que otro empresario». Y por eso pidió que se cambie la calificación del delildo de asociación ilícita a cohecho. Federico Ruffa, abogado de Patricio Musante, se sumó al pedido.
Foto: Nicolás Gil (@NicolasGil2011)
«La calificación que les correspondería a los empresarios es la de cohecho», dijo el fiscal Marcos Nápoli, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut. Ese sería el primer paso para que se solicite la probation como pena. «Estamos en condiciones de aceptar el pedido de los defensores. Iremos analizando la situación de cada imputado de acuerdo a su responsabilidad en la causa».
«La maquinaria delictual es como la describimos. Lo que no podemos determinar que estos empresarios hayan participado en la organización de los retornos de la obra pública», agregó Nápoli. «Los delitos contra la administración pública son los que menos expectativas de pena tienen. Aquí no termina algo, al contrario, nace algo importante. No buscamos destruir la matriz productiva de la construcción», agregó Nápoli.
«El Ministerio Público Fiscal no quiere encerrar a 50 empresarios y que se pudran en un calabozo. Los que administraron el dinero de la sociedad son los responsables, no los empresarios», dijo el Fiscal Héctor Iturrioz. «Solo resta acordar cuál será la reparación. Debe ser importante, todos nos merecemos que sea importante -continuó el fiscal-. La reparación tiene que ser en obras que puedan beneficiar a la sociedad».
La Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción pidieron tiempo para analizar las obras propuestas y corroborrar si los montos coinciden con las cifras que se manejan de las coimas pagadas al «Circuito de la Corrupción». Así, el juez Sergio Piñeda hizo lugar a postergar la decisión de la porbation hasta que la querella tome conocimiento de las obras. El 24 de agosto se resolverá la suspensión del juicio a prueba.
