La hipótesis que maneja la fiscalía es que un grupo de personas menores de edad y también mayores, fueron sometidas a la influencia de una organización criminal bajo el nombre del «Templo Evangélico Filadelfia» a la que se consideró como «secta religiosa».
101 víctimas de trata de personas fueron liberadas en siete provincias en medio de múltiples allanamientos realizados, en los que se produjeron seis detenciones.
Las dos causas en las que se investigan los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre, lavado de dinero, y también delitos contra la integridad sexual, contra la identidad y contra la vida, fueron llevadas adelante por las fiscalías federales número 1 de Morón y número 2 de Santiago del Estero, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
En una de las causas, y según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ordenaron los allanamientos en las localidades bonaerenses de San Justo, Bahía Blanca, San Miguel del Monte, y en las provincias de Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta y la Ciudad de Buenos Aires; en los que 69 personas fueron rescatadas.
La hipótesis que manejan la fiscalía es que un grupo de personas menores de edad y también mayores, fueron sometidas a la influencia de una organización criminal bajo el nombre del «Templo Evangélico Filadelfia», con sede central en la localidad de San Justo, a la que se consideró como «secta religiosa».
La investigación comenzó el año pasado, y si bien ya se habían realizado allanamientos y otras diligencias, las seis detenciones de los principales acusados se concretaron con los operativos desplegados esta semana.
Según consta en la investigación, la secta desplegó «un plan sistemático de captación, explotación laboral y reducción a la servidumbre», ya que «cuando los fieles ingresaban a la congregación religiosa Filadelfia, quedaban bajo el dominio exclusivo de las líderes, quienes iniciaban sobre ellos un proceso de persuasión coercitiva, que tenía como finalidad la apropiación de sus voluntades».
A través de ese proceso, que comenzaba en muchos casos desde la minoría de edad, «los seguidores terminaban creyendo que las líderes se encontraban revestidas de dotes divinidad, circunstancia que les permitía a estas mujeres realizar todo tipo de acciones, muchas de ellas con tintes o ribetes delictivos, sin recibir algún tipo de cuestionamiento».
La fiscalía definió el accionar delictivo del supuesto templo con la siguiente secuencia: identificación de personas vulnerables; captación; traslado; adoctrinamiento teológico; control incesante de cada actividad que desarrollaban las víctimas; falta de alimentación, de descanso y aplicación de castigos físicos y psíquicos.
En tanto, en la causa investigada en Santiago del Estero, los allanamientos fueron realizados a unos 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya, en la finca conocida como «Palo Verde».
La medida fue requerida por la fiscal federal Indiana Garzón, luego de la notificación de una denuncia recibida en la Línea 145 que daba cuenta de una posible situación de explotación laboral.
