El Gobierno aceptó la dimisión del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo. El primero deberá permanecer en el cargo hasta que se designe a su reemplazante.
A través de dos decretos que fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó las renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y los delitos económico-financieros complejos.
El alejamientos de las máximas autoridades de esta institución se conoce poco después de que su titular, Carlos Cruz, fuera denunciado ante la Jefatura de Gabinete por supuesto “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales.
En el Decreto 752/2021, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, firmaron la salida de Cruz, aunque se aclaró que la misma “se hará efectiva a partir de la designación de la persona que lo reemplace en el citado cargo”.
En los considerandos, las autoridades nacionales explicaron que esto es así porque “los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia” de la UIF “tornan ineludible evitar la acefalía” del organismo.
“En consecuencia, resulta necesario aceptar la renuncia del aludido funcionario, la que se hará efectiva a partir de la designación de la persona que lo reemplace en el referido cargo, conforme el procedimiento de selección previsto”, se detalló.
Además, el Gobierno precisó que el propio Cruz presentó su dimisión “con fecha 15 de octubre de 2021″, pero no especificaron los motivos por los cuales tomó esa decisión.
El funcionario había quedado en medio de una interna luego del “error” procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros dos directivos de la empresa en la causa Cuadernos.
El abogado que representaba a la UIF en ese expediente, Fernando Diez, denunció al saliente presidente de la entidad ante la Jefatura de Gabinete por supuesto “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales. Diez fue despedido al poco tiempo y hay otros dos abogados sumariados por el escándalo, tal como reveló Infobae. “La causa Cuadernos nunca se impulsó en la gestión de Cruz, esa era la orden no escrita que teníamos”, coinciden los protagonistas.
Todo comenzó el 10 de agosto, cuando el juez Julián Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de Rocca, de Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta. Los dos últimos habían declarado que desde el Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.
Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios porque el dinero que se entregó tenía que ver con “ayuda humanitaria” para una de sus empresas en Venezuela.
Ercolini actúa en el marco de un pequeño tramo de la causa de los Cuadernos que sigue en instrucción. El grueso del expediente ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7 aunque todavía no tiene fecha para comenzar el juicio. En la causa principal, la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios están acusados de haber integrado una asociación ilícita que recaudó dinero entre los empresarios con los que hacían negocios durante la gestión K.
El fallo en cuestión tenía un plazo para ser apelado. Pero ni la Fiscalía ni la UIF se presentaron. “Teníamos tiempo entre el 10 y el 16 de agosto. Nadie dentro del organismo dio una directiva aunque la noticia del sobreseimiento había salido en todos los medios. Además la encargada del área de Litigios, Marcela Vivona, estaba con licencia por Covid-19″, explicó a Infobae uno de los implicados.
Ahora, además de Cruz, también presentó su renuncia la vicepresidenta del organismo, Mariana Noemi Quevedo, la cual fue aceptada sin demoras por Alberto Fernández y el ministro Kulfas, a través del Decreto 751/2021, también publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Por su parte, antes de irse del cargo, Cruz decidió iniciar un sumario contra los tres abogados que intervenían como patrocinantes en la causa Cuadernos. En ese contexto, Vivona fue convocada por una secretaria para dar una explicación. En cambio, Fernando Diez se enteró de la investigación interna por rumores internos y no pudo hacer un descargo formal.
En tanto, en la denuncia administrativa contra él -identificada como EX-2021-89663398-, Diez relató cómo fueron los hechos y ofreció testigos: “Las constantes acusaciones hacia el personal de la Dirección, las amenazas respecto a despidos, los despidos concretados, el abandono de la dirección y la responsabilización al personal por las consecuencias de esa desidia, las órdenes y contraordenes verbales, el aislamiento de las responsabilidades de los superiores en perjuicio de los subalternos, entre otras situaciones, han sido moneda corriente”, aseguró.
