El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) hace un llamado a la reflexión a los periodistas argentinos y a los medios de comunicación, en relación a la forma en que se realizó la cobertura noticiosa del denominado “Caso Candela Rodríguez”.
Más allá de los hechos en sí, y de las responsabilidades materiales o intelectuales sobre la muerte de la menor que deriven de la investigación judicial, es importante que los periodistas hagamos un ejercicio de análisis autocrítico sobre nuestro trabajo cotidiano. La misma actitud deberían asumir las autoridades de los medios de comunicación.
Es imperioso que en la cobertura de casos y temas policiales o de hechos vinculados con el delito los periodistas asumamos nuestro rol sin entrometernos o afectar el accionar policial y/o judicial. Eso no implica descuidar la importancia de la investigación periodística por fuera de las pistas oficiales.
La primicia no se puede transformarse en un valor en sí mismo y justificar cualquier cosa, como el avasallamiento a los familiares de una víctima, la intromisión en la escena de un crimen (con la posibilidad de contaminar pruebas) o la reproducción de supuestas pistas policiales no chequeadas de manera rigurosa.
Los periodistas debemos ser conscientes de que no toda la información que obtenemos de fuentes judiciales y policiales es publicable. Las hipótesis no confirmadas, los datos relacionados con la vida privada de familiares cuyo interés público no resulte evidente, los detalles macabros o las cuestiones que puedan perjudicar la investigación deben ser manejados con la discreción y la prudencia que la ética profesional y la vigencia de las leyes exigen.
Es imperativo también que el periodismo televisivo reflexione especialmente sobre la cobertura del caso Candela Rodríguez. Ha sido notable -como en otras ocasiones- la manera en que los segmentos informativos y los canales de noticias sostuvieron el tema en su agenda noticiosa más allá de las novedades reales que aportaba la investigación policial, e inclusive transformando al caso en una suerte de show permanente.
Sería importante en el mismo sentido repensar la utilización de la información del rating como un elemento decisivo en la construcción de la agenda noticiosa televisiva. Y en particular intentar abolir el uso del denominado “minuto a minuto” en los segmentos informativos.
Los mismos principios deben ser atendidos en los contenidos volcados sobre la plataforma digital, cuya instantaneidad no la exime de un tratamiento riguroso en este tipo de casos. La velocidad de publicación no significa pasar por alto los estándares de chequeo y control de calidad de lo que se difunde.
La dimensión ética de la información debería ser la base de la tarea de informar, considerando la importancia que tiene para los ciudadanos. Hasta que los medios y sus periodistas no asumamos ese desafío será muy difícil que comprendamos, asumamos y nos concienticemos sobre la responsabilidad social que implica el manejo de la información como bien social.
FOPEA es una asociación profesional de periodistas, que desde su origen promueve la asunción de códigos de ética y parámetros de calidad profesional periodísticos por parte de los medios de comunicación, como un paso elemental para que la sociedad reciba una información plural, rigurosa y precisa. Ante la ausencia de esta clase de documentos en las redacciones, los integrantes de FOPEA elaboramos un código para que los periodistas y medios de todo el país lo utilicen o creen el suyo propio http://www.fopea.org/Etica/Codigo_de_Etica
En lo específico de la cobertura de casos vinculados con el Poder Judicial, hemos elaborado un documento específico (ver http://bit.ly/p2egSG), con recomendaciones y principios básicos. La premisa de FOPEA en la materia apunta a la autorregulación de los propios medios y de los periodistas, sin ningún tipo de imposición de los poderes ajenos a ellos.
A modo de recomendaciones en base a la propia experiencia en estos casos, los parámetros éticos que deberían conducir las conductas de periodistas y medios en estas circunstancias, como también de diferentes antecedentes que existieron en la Argentina y otros lugares del mundo, desde FOPEA aconsejamos:
• Ninguna noticia justifica poner en riesgo una vida. En las coberturas periodísticas de tomas de rehenes, el periodista no obstaculizará la tarea policial y judicial, y dejará que exclusivamente los funcionarios públicos se ocupen de resolver la situación.
• Los periodistas no aplican métodos propios de los servicios de inteligencia para obtener información. El uso de procedimientos no convencionales para lograr datos u obtener testimonios puede ser considerado sólo cuando se viera involucrado un bien o valor público. Nunca debe afectarse con ese fin la intimidad de las personas.
• El periodista debe respetar la privacidad de las personas. Sólo cuando se viera afectado un bien o valor público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona, puede prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos por sobre la privacidad de un particular.
• En toda información debe respetarse el principio constitucional de inocencia de cualquier persona mientras una culpabilidad no hubiera sido probada judicialmente. Los pronunciamientos de las fuentes policiales no son suficientes para determinar culpas ni siquiera cuando tienen la forma de comunicados oficiales.
• En el caso de que víctimas de tragedias o incidentes, o sus familiares y allegados, prefirieran no exponerse a la prensa, debe respetarse su posición y evitar difundir imágenes o sonido del momento en el que rehúsan la requisitoria periodística.
• No deben publicarse los nombres de víctimas de delitos sexuales, a menos que se cuente con su consentimiento explícito.
• En ningún caso deben consignarse los nombres e imágenes de niños o adolescentes involucrados en actos criminales, ni siquiera por su nombre de pila, alias o apodo.
• Conociendo los antecedentes en la cobertura de temas vinculados al delito donde las fuerzas policiales dieron versiones erróneas o distorsionadas sobre el hecho investigado, intentar diversificar las fuentes de información y priorizar las fuentes judiciales.
• No dar difusión a informaciones que no puedan ser chequeadas al menos por dos fuentes independientes entre sí y tratar de minimizar la utilización de fuentes que no puedan ser identificadas.
• Consultar a las autoridades pertinentes y a los organismos responsables de la búsqueda de niños y/o adolescentes sobre si es recomendable en el caso específico dar difusión a la imagen de la víctima.
• Consultar a especialistas idóneos y no al primero que aparezca con intención de hablar públicamente de un hecho que desconoce en manera directa. Es común que en el fragor de encontrar especialistas dispuestos a hablar, aparezcan en los medios peritos, abogados o ex policías con un largo prontuario de irregularidades. Eso suele dañar la rigurosidad de la información que se requiere en hechos tan graves y de semejante sensibilidad pública.
• Facilitar los canales de información adecuados para volcar cualquier tipo de dato que pueda colaborar con la investigación judicial del caso.
• Nunca priorizar la primicia a la vida de una persona.
• No adelantar los pasos judiciales de manera que se pudiera poner sobre aviso a los delincuentes que intervienen en el hecho.
• Y, sobre todo, entender siempre que las víctimas son víctimas y los victimarios, victimarios. Con toda la responsabilidad que eso significa a la hora de informar a la ciudadanía y de no re-victimizar a quienes han sufrido un hecho de estas características.
