La Justicia de Comodoro Rivadavia revisó este viernes la prisión preventiva que cumple Maximiliano González, imputado por el delito de asociación ilícita en causa IPV II. El fiscal solicitó que se mantenga la medida por otros dos meses y el defensor pidió su arresto domiciliario. El juez amplió la prisión por el término de 30 días.
El juez Miguel Caviglia presidió la audiencia judicial que investiga al funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) con sede en Comodoro Rivadavia, Maximiliano González.
Según la acusación del fiscal Héctor Iturrioz, la organización delictiva obró en común acuerdo para recaudar dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.
Entre los ilícitos ideados por el clan criminal se incluían la comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo.
Con esas maniobras sorteaban la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector, sustrajeron el sello oval y documentación perteneciente al IPV, a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda.
Según la investigación falsificaron resoluciones de adjudicación y utilizaron los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico. El éxito económico obtenido por los integrantes del ente delictual durante sus primeros meses de vigencia, motivó que su jefe, González, decida cambios en el reparto de tareas e incorporara nuevos miembros.
A fines de 2019 se incorporó a la empresa criminal, Griselda Fanny Jonás, quien estuvo presa cuatro días y luego recuperó la libertad. El pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $150.000 y $ 300.000 por cada promesa y estafa.
Bajo todos esos argumentos fiscales, el magistrado rechazó el arresto domiciliario de González requerido por el abogado Guillermo Iglesias, y extendió la prisión preventiva del imputado por otros 30 días.
