Desde la Defensoría chubutense, a cargo de Claudia Bard, indicaron que la decisión en “que las provincias y municipalidades sólo pueden crear órganos para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, sin poder invadir las que corresponden al gobierno federal, o a otras provincias o municipalidades”.
Igualmente, en diálogo con Diario Crónica, comentaron que tenían previsto esta posibilidad: “Tanto la Provincia como nosotros Defensores del Pueblo, más que por el consumo personal no podemos hacer presentaciones, porque no estamos legitimados para hacerlo porque es una decisión nacional”.
“Cuando las provincias crean defensorías locales, sólo pueden crear órganos de control de sus propias administraciones, pero ninguna provincia ni municipalidad está facultada para crear un órgano que interfiera con el actuar de la Administración Pública Nacional. De hecho, los defensores del pueblo no tienen representación política del pueblo ni son custodios de los derechos del pueblo. Son órganos de control que las administraciones locales han instituido para controlar la marcha de sus propias administraciones”, explicaron.
Y agregaron: “Esta Defensoría del Pueblo entiende y comprende la fundamentación jurídica expuesta por el juez Hugo Sastre, pero consideramos necesaria la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos ante ese estrado, ya que solamente quedaría legitimado activamente para intervenir en estos casos el Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante generando un estado de indefensión para los ciudadanos de las provincias que ven avasallados sus derechos ante el accionar abusivo del Estado Nacional”.
Teniendo en cuesta esto, confirmaron que apelarán la Sentencia Interlocutoria del Juzgado Federal de la ciudad de Rawson, en búsqueda de una respuesta parecida a la que obtuvo Caleta Olivia y Río Gallegos, donde los amparos presentados han logrado que se suspendan los aumentos.
