Los fiscales Pablo Vignaroli y Marcelo Silva, expertos en delitos económicos, indagan una maniobra de «retorno» de dinero a través de una consultora con sede en Buenos Aires. El gremialista y sus laderos habrían cobrado sobresueldos por más de $ 24 millones.
La Justicia neuquina reactivará tras la feria judicial una investigación contra el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra y cinco de sus máximos colaboradores por el presunto desvío de $ 35 millones del gremio, a través de una consultora con sede en Buenos Aires.
La maniobra fue ventilada en diciembre de 2017 por los periodistas Ítalo Pisani y Javier Lojo, del diario Río Negro. En agosto siguiente, y luego de varios allanamientos y rastreo de pruebas, Pereyra y su séquito fueron imputados por el delito de administración fraudulenta.
Según la pesquisa a cargo de los fiscales Pablo Vignaroli y Marcelo Silva, expertos en delitos económicos, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa contrató a la empresa International Consulting and Tecnology (IC&T) por “servicios de lobby institucional, apoyo técnico y consultoría integral”. A su vez, esa firma pagó sistemáticamente millonarios desembolsos a Pereyra y a otros jefes gremiales en concepto de “honorarios”. IC&T tiene domicilio en la calle Viamonte 1532, de la Capital.
En el expediente figuran como imputados el secretario adjunto de los petroleros Antonio Astrada, el tesorero Carlos Lorenzo, el secretario de Previsión y Asistencia Social, Osvaldo Marín, el auditor externo Jorge Allende y el contador Víctor Adrián Pelletieri.
La denuncia periodística reveló que desde 2014 se pagaron $ 35 millones a IC&T y retornaron unos $ 24 millones, de los cuales Pereyra habría embolsado $ 6 millones y sus laderos unos $ 4 millones cada uno. En la Patagonia aseguran que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado controla unos $ 3.000 millones al año, de más de 30.000 afiliados.
En el Ministerio Público Fiscal del Neuquén cuentan con un dato clave para avanzar en la pesquisa: las facturas de la sociedad anónima IC&T y las emitidas por los sindicalistas se confeccionaron en la misma computadora. “Utilizaban el mismo IP”, remarcó Ítalo Pisani. Se sospecha que triangulación de fondos en el sindicato petrolero permitió el pago de cuantiosos sobresueldos.
Los fiscales se tomaron un año para examinar los hechos. Habrían detectado que se fraguó documentación y se malversaron fondos que generaron un perjuicio de alrededor de $ 20 millones para el gremio. “Obtuvimos información tanto en los allanamientos, como a través de informes de la AFIP. Esto se analizó y entendimos que existiría en principio una maniobra para desviar de fondos del sindicato hacia los propios directivos”, dijo el fiscal Vignaroli al canal de noticias 24/7.
Los investigadores señalaron que la maniobra comenzó en 2002, tras la modificación del artículo 20 de la ley de Impuesto a las Ganancias, lo que provocó un “cambio en la modalidad de pago de las remuneraciones” de los miembros de la comisión directiva de la organización, lo que indujo a la violación del estatuto del sindicato.
“Es un modo de cobrar el sueldo, a raíz de limitación que había hace bastante tiempo atrás por el Impuesto a la Ganancias, y para no violar esa limitación idearon este mecanismo. Esa limitación desapareció en julio de 2014, a pesar de lo cual esta triangulación de fondos continuó hasta el día de los hechos. Entendemos que esa justificación ya no existía, y por eso formulamos cargos”, detalló Vignaroli.
Acorralado por las imputaciones, Pereyra y el resto de los acusados presentaron escritos donde admiten ante la AFIP que cobraron sobresueldos. Es más, en conjunto pagaron más de $ 5 millones por deudas de aportes y contribuciones, incluidos intereses y multas, que no hicieron durante años. Tributaristas interpretan esa cancelación como una confesión explícita del delito. En breve se conocerán los resultados de dos pericias clave: una contable y otra informática. Pereyra y sus compinches quedaron a un paso del procesamiento por el delito de administración fraudulenta, sin contar la otra pesada causa contra el “Clan Pereyra” que se tramita en la Justicia federal.
El descubridor del «mecanismo» tiene confianza. “En Neuquén Pereyra es un personaje muy fuerte, muy influyente en el MPN, y tal vez cueste más el trabajo de la Justicia, es más complicado, pero Vignaroli prometió acelerar la causa”, expresó Pisani.
En su defensa, en medio de un allanamiento a la sede gremial, el actual senador nacional y exlíder de la CGT, dijo: “Acá no hay lavado, no hay nada (…) a estos periodistas de la prensa amarilla no les hago caso, forman parte de una campaña. El que tiene dudas que vaya a la Justicia, nada más que eso. Como decía el General, no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale”.
