El bloque de la UCR de la Legislatura provincial renueva el desafío para conocer qué y cómo se gastó desde la «billetera veloz» de Daniel Taito. El diputado Roberto Risso comprobó una «virtual paralización» y criticó la decisión del procurador general frenando la causa sobre el ex funcionario referido.
La virtual paralización de la denuncia penal formulada en septiembre del año pasado por lo que se consideró “el manejo sin control de más de 800 millones de publicidad oficial” se analiza con preocupación en el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y motivó hoy la presencia de su presidente, diputado Roberto Risso, en las oficinas de la Fiscalía de Rawson.
“Para nuestro bloque hay una deliberada actitud de dilatación por parte de las máximas jerarquías de la Procuración General”, puntualizó el legislador tras interesarse de las actuaciones realizadas a partir de la denuncia efectuada hace más de un año y recibir información acerca de los escasos pasos dados para avanzar en la cuestión.
Risso verificó que, a pesar de las primeras intervenciones de un profesional contador para procurar documentación y pruebas de los presuntos ilícitos, “la cantidad de trabajo al que se ha visto sometido este personal ha impedido un mayor avance y desde diciembre del año pasado no hay adelanto ni aparentemente voluntad para intervenir”, dijo.
Mucho trabajo
“La respuesta ha sido que el contador tiene mucho trabajo”, relató el diputado radical, quien adelantó la voluntad de renovar el protagonismo del bloque de la UCR, como denunciante de la supuesta comisión de los delitos de malversación e incumplimiento de los deberes de funcionarios público por parte del ministro de coordinación de Gabinete, Pablo Korn, y el ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito.
Para la investigación de lo que en septiembre de 2010 se denominaron “negociaciones incompatibles con la calidad de funcionario público y la defraudación”, los diputados radicales acompañaron su presentación con aproximadamente 2000 fojas distribuidas en ocho anexos como pruebas documentales y publicaciones de boletines oficiales.
Críticas a Miquelarena
Luego de visitar las instalaciones de la Fiscalía capitalina, Risso centró sus críticas en una resolución del procurador general, Jorge Miquelarena, quien dispuso en marzo pasado “la tramitación íntegra de todas estas cuestiones similares en Rawson, generando una concentración de expedientes y denuncias que, lógicamente, se acumulan e interrumpen la continuidad de las actuaciones”.
“Se apela a razones de mejoramiento, organización y agilidad, pero esconde, en realidad, la intención de que el paso de los días y de los meses haga decaer el interés y los plazos se estiren hasta su extinción”, puntualizó el titular del bloque radical.
Risso consideró que este comportamiento del procurador general “confirma nuestras reservas al momento de su designación, cuando advertimos la inconveniencia de que alguien proveniente del círculo estrecho del gobernador Mario Das Neves y ligado, como un apéndice directo, del Poder Ejecutivo, ejerza una función tan relevante como la atribuida al Ministerio Público Fiscal”.
“Desde ya adelantamos nuestra decisión de permanecer atentos a esta evolución de nuestra denuncia y acudir a los mecanismos contemplados para cargar ante cualquier incumplimiento de las responsabilidades propias de ese cargo”, añadió.
Origen
El bloque de la Unión Cívica Radical de Chubut denunció el 16 de septiembre de 2010 “el manejo sin control de más de 800 millones de pesos en publicidad oficial” durante la gestión del gobernador Mario Das Neves desde 2003 y pidió que se investigue si dineros públicos “están siendo derivados” a su entonces campaña presidencial, además de otras irregularidades e incumplimiento de obligaciones legales en el sistema registral de contratos.
La denuncia se presentó ante la Procuración General de la Provincia por el manejo de los dineros públicos relacionados con la publicidad oficial, atribuyendo la comisión de delitos de malversación e incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro de Coordinación de Gabinete, Pablo Korn, y al ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito.
Regulación y control
La presentación partió de la existencia en la Provincia del Chubut de la ley de acceso de la información pública, sancionada en 1992, para regular y controlar, entre otras cuestiones, el manejo que hace el Poder Ejecutivo sobre las partidas para financiar la publicidad oficial.
“La ley –aseguró en aquella oportunidad el diputado Risso- le impone al Poder Ejecutivo algunas obligaciones y las más importantes son las de llevar tres libros de registros, muy similares a los de un escribano, foliados correlativamente y firmados por la Escribanía General de Gobierno. En esos libros se deben registrar las agencias de publicidad que contratan con el Estado, los medios y, en el libro a nuestro entender más importante, los contratos de publicidad”, apuntó.
En ese libro se deben registrar, en forma correlativa y foliada, absolutamente todos los contratos de publicidad que formaliza el Estado Provincial. Esos contratos –afirmó el titular del bloque de la UCR- son los que realiza la Subsecretaría de Información Pública y los que efectivice cualquiera de los organismos del Estado Provincial, sean entes autárquicos o sociedades del Estado. Esto quiere decir que tienen que estar registradas las publicidades del Banco del Chubut, Lotería Provincial y, siguiente el espíritu de la ley, hasta las de Petrominera y de cualquier tipo de contratación que haga el Estado en materia de publicidad”, indicó Risso.
Obligaciones
“Esta es una obligación legal. En caso de no hacerlo es incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público y, a nuestro entender, lo decimos en nuestra denuncia, se ha urdido un mecanismo a partir del año 2003 para poder manejar cientos de millones de pesos prácticamente sin ningún tipo de control.
Esto está claramente demostrado aunque hoy obviamente pedimos que la Fiscalía promueva las actuaciones necesarias para determinarlo”, sostuvo.
“Con los cálculos que hemos practicado y la documentación a la que hemos podido acceder que en esta Provincia se han manejado más de 800 millones de pesos sin control. Y lo que más grave aún es que gran parte de esos dineros ni siquiera se han gastado en el territorio provincial sino a lo ancho y a lo largo de la República Argentina, apareciendo publicidades en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y lugares inverosímiles. Algunos dicen para turismo. Habrá que acreditarlo en el marco de una política de difusión turística de la Provincia”, puntualizó.
“En cada contrato, al pago que hace el Estado al contratante se debe corresponder la contraprestación. En el caso de la publicidad oficial, las contraprestaciones son por centímetros o segundos de publicidad. Cada medio lo tiene que registrar”, consideró Risso.
