Los haberes previsionales del sistema general de la Anses tuvieron en los primeros siete meses de este año (hasta julio) un reajuste acumulado de 103,9%. Ese fue el aumento nominal para los jubilados y pensionados que no perciben bono; son unos 3 millones, la mitad de quienes cobran una prestación en el sistema contributivo, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, recupera el medio La Nación.
Para quienes sí cobran mensualmente el refuerzo, que por sexto mes consecutivo será en septiembre de hasta $70.000, el aumento fue bastante más reducido. El ingreso conformado por el haber mínimo más el bono fue en julio un 77,7% más alto que el de diciembre de 2023. Esa menor variación responde a que el refuerzo se mantiene igual desde marzo, pese a la inflación de 23,3% que hubo entre abril y julio.
¿Y qué pasó mientras tanto con los precios de los bienes y servicios? Entre enero y julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación, según el Indec, de 87%. Entonces, el poder de compra de los haberes sin bonos –medido contra el indicador oficial de inflación, que no refleja necesariamente la realidad de cada hogar– resultó en julio un 9% mayor al de diciembre, un mes en el cual los ingresos estaban en un nivel bajísimo. En ese último mes de 2023 el poder de compra de alguien que tiene ahora –en septiembre– un haber aproximado de $600.000, era un 43% menor al de diciembre de 2019. Y si se compara el valor real que tuvo en julio de este año esa prestación con el de septiembre de 2017, el deterioro llega a 51%, según números elaborados por LA NACION sobre la base de datos oficiales.
Para quienes perciben el haber mínimo, el poder de compra del ingreso total (el haber más el bono) fue en julio un 5% más bajo en comparación con lo percibido en diciembre de 2023 (siempre sin contar el aguinaldo). En este caso, si la comparación se hace entre lo cobrado en julio de este año y lo percibido en septiembre de 2017, el recorte de la capacidad adquisitiva fue de 31%. En tanto, si se compara el poder de compra de diciembre de 2023 con el de igual mes de 2019, la pérdida fue de 32,2%.
Explicado de otra manera, si en diciembre último un ingreso era de 100 y el valor de un conjunto de bienes y servicios era también de 100, y si en julio llegó a 177,7 y el costo de la canasta de consumo, a 187 (las cifras tienen aplicados el índice de suba de haberes y de precios, respectivamente), entonces en el momento más cercano en el tiempo de la comparación se podrá adquirir un 95% de lo que se podía con lo percibido siete meses antes.
La diferencia en la variación del valor real de los ingresos este año, según se cobre o no se cobre bono, responde al congelamiento que, desde marzo, tiene esa parte del ingreso. Es decir, en las prestaciones más bajas, la actualización mensual y por inflación no se aplica sobre la totalidad del importe que se cobra. En septiembre, según el decreto 783, el bono será de hasta $70.000 (igual que en los meses previos) y será percibido por quienes tienen un haber bruto de hasta $304.540. Quienes tienen el mínimo, de $234.540, recibirán $70.000, y quienes tienen un haber superior al mínimo y de hasta $304.540, cobrarán un plus de un monto tal que complete esa cifra.
La recuperación del poder de compra es un argumento que funcionarios como el propio Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, repiten desde hace meses. En una entrevista en LN+, Milei dijo que “en dólares, el poder adquisitivo de los jubilados voló”. Como ni cobran ni gastan en moneda extranjera, una comparación así para los ingresos de los jubilados no tiene razón de ser, menos aún considerando lo bajo que son los montos. En cuanto a un repunte del poder de compra, medido en función de comparar qué ocurrió con los haberes y con la inflación, los datos calculados por LA NACION, coinciden en que, tras un piso tocado en febrero de este año, comenzó a haber una recuperación.
Pero, más allá de los números, o a partir de ellos hay, sin embargo, varias consideraciones para hacer. Una es que en la comparación se tiene en cuenta el índice general de precios, que no refleja necesariamente el consumo de cada hogar (y hay factores, como el aumento de tarifas de los servicios públicos, o de los medicamentos –algunos quedaron fuera de la cobertura indiscriminada del 100% por parte del PAMI– que afectan con fuerza en estos meses); por otra parte, el valor real de las prestaciones más bajas es inferior al de fines de 2023 y podría caer aún en los próximos meses si sigue congelado el bono.
Otra cuestión es que el punto de partida para la comparación es un momento de ingresos muy bajos, dada la fuerte caída del poder de compra que se acumuló antes, con especial intensidad en 2022 y 2023. Y, por último, la modalidad vigente de actualizaciones (reajustes mensuales por IPC) hace que se deje de perder poder de compra hacia adelante, pero, al no mediar una recomposición, el cambio de un sistema a otro cristalizó las pérdidas de los últimos años (la vieja fórmula iba a generar una recuperación en algún momento, dentro de su dinámica de volatilidad, no conveniente ni para los jubilados ni para el Estado). Esas pérdidas previas no fueron iguales para todos, dadas las políticas discrecionales del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Qué pasó después de julio
Las comparaciones ya mencionadas se hicieron considerando las variaciones de precios y haberes hasta julio, porque es el mes más reciente del cual se conoce el dato de inflación. Entre enero y septiembre las subas de las prestaciones acumulan un 121,9%. Y la mejora del poder adquisitivo enunciada por el Gobierno, “de casi 10%”, coincide con el resultado de hacer un cálculo a partir de estimar una inflación en torno a 100% entre enero y el noveno mes del año.
Específicamente, en uno de los considerandos del decreto del veto se menciona que la decisión de derogar la fórmula anterior y de disponer subas por inflación “permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023″.
Sin embargo, los jubilados del haber mínimo acumulan en los primeros nueve meses del año un incremento nominal de 89,5% (del ingreso integrado por el haber y el bono), un índice inferior a la tasa de inflación estimada. En estos casos, la pérdida de poder adquisitivo sería de entre 5,3% y 6%, tomando como punto de inicio diciembre. Es una caída superior a la del período de enero a julio (esto responde al congelamiento del refuerzo).
De cuánto y cuándo fueron los reajustes
Los aumentos de este año no se guiaron solo por la modalidad establecida por el Gobierno en el DNU 274. Mientras que en enero y febrero los haberes se mantuvieron sin variación, en marzo llegó la primera recomposición, que fue de 27,18%, por la aplicación de la fórmula de la ley 27.609, ahora derogada. En abril comenzaron a otorgarse subas mensuales según la inflación, y en ese mes en particular se dio un “incremento extraordinario” de 12,5%, que se adicionó al reajuste de 13,2% (equivalente a la inflación de febrero).
A partir de allí se aplicaron recomposiciones de 11,01% (mayo), 8,83% (junio), 4,18% (julio), 4,58% (agosto) y 4,02% (septiembre). Mientras que esas fueron las subas de los haberes, el bono solo tuvo un reajuste: pasó en marzo de de $55.000 a $70.000.
Para quienes cobran la prestación máxima del sistema general, este mes de $1.578.233,72, la pérdida acumulada, si se tomar como referencia septiembre de 2017, llega a 52,2% (en la diferencia con otros haberes influyen la discrecionalidad de los reajustes de 2020 y la falta de bonos), en tanto que, al igual que para una jubilación del tramo medio, en lo que va de este año hay una recuperación de entre 9% y 10% (según se compare julio o septiembre contra diciembre de 2023).
Los deterioros acumulados en los últimos años son causa de reclamos en la Justicia. Según resume la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero, “hoy están judicializados la movilidad del primer semestre de 2018 (cuando se hizo el empalme de una fórmula a otra); la falta de pago –en 2021 y tras levantarse la suspensión del cálculo que rigió en 2018 y 2019– de la diferencia entre los aumentos de 2020, de entre 24,3% y 35,3%, y el resultado de la movilidad suspendida, que fue de 42,1%, y, finalmente, la insuficiente movilidad de 2022 y 2023″.
