Si una persona fue designada como autoridad de mesa, pero no se presenta a ejercer su cargo y no justifica su ausencia de acuerdo a la ley, puede ser sancionada con una pena de prisión de 6 meses a 2 años, según establece el artículo 112 del CNE.
En consecuencia, las funciones de las autoridades de mesa son irrenunciables. Sin embargo, una persona que fue designada puede excusarse por “razones de enfermedad” o “de fuerza mayor debidamente justificadas”.
Solamente tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal. Pero, en caso de no poder obtener esa documentación, también se podrá presentar certificados realizados por un médico particular, que serán evaluados por la Junta Electoral.
