El gobierno de Javier Milei tiene la posibilidad de llamar a un plebiscito tras el fallo del primer tratamiento particular de la Ley Ómnibus en el Congreso. En caso de que esto ocurriera, implicaría un voto popular directo y no obligatorio de los ciudadanos sobre el proyecto.
Qué es un plebiscito y para qué sirve
Un plebiscito es un voto popular directo para que los ciudadanos decidan sobre una propuesta de envergadura política o legal. Según la Constitución Nacional, en su artículo 40, este proceso permite que la Cámara de Diputados ponga a consideración de la gente un proyecto de ley.
Cómo funcionaría el plebiscito si lo realizara Javier Milei
Si Javier Milei realiza un plebiscito, este sería no vinculante, lo que significa que, aunque el proyecto obtuviera el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, no se convertirá automáticamente en ley, sino que deberá ser tratado por el Congreso de la Nación.
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Qué es un plebiscito no vinculante y cuál es el único antecedente que tiene Javier Milei
Un plebiscito no vinculante en Argentina es un proceso en el cual las autoridades buscan la opinión del público sobre determinados temas pero el resultado no tiene efecto legal directo, es decir, no se convierte en ley por el resultado de esa votación. Esta consulta puede ser iniciada por un proyecto del Congreso o por decreto del Poder Ejecutivo. Para ser efectiva, requiere la aprobación de la mayoría absoluta en cada cámara del Congreso o, si es por decreto, la aprobación del gabinete de ministros.
Un antecedente histórico en la Argentina que tiene Javier Milei fue la consulta de 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín sobre el Tratado del Canal del Beagle con Chile, donde más del 80% apoyó la propuesta del Gobierno de un Tratado de Paz con Chile, aunque el resultado no tenía carácter vinculante.
Qué es un plebiscito vinculante
Un plebiscito vinculante es un tipo de referéndum en el cual los ciudadanos votan directamente sobre una propuesta legislativa o política específica. Si la mayoría vota a favor, la propuesta se aprueba y se convierte en ley o en una decisión de carácter obligatorio. Esto significa que las autoridades están legalmente obligadas a implementar la decisión tomada por la población.
