La AFIP analiza la información, recibida de organismos oficiales extranjeros, para fiscalizar la deuda y reclamar el pago de impuestos y multas. Sería la primera vez que se logra recuperar una evasión masiva.
Por primera vez en la penosa historia de la fuga de divisas y la evasión fiscal en la Argentina, el gobierno estaría a un paso de poder reclamar el pago de impuestos, intereses y multas sobre fondos de residentes locales depositados en el exterior sin declarar. La AFIP tiene en análisis 950 cuentas por un monto global que supera los 2600 millones de dólares, cuya propiedad no fue informada por sus dueños en las declaraciones juradas del impuesto a los Bienes Personales. Son cuentas en el exterior que, en todos los casos, presentan saldos de más de un millón de dólares, lo que indica que se trata de individuos o familias de grandes fortunas. Se trata de una base de datos que el gobierno recibe como parte de un convenio internacional de intercambio de información fiscal, en el marco de la OCDE, que estaba a disposición de las autoridades nacionales desde hace más de dos años, pero que bajo el gobierno de Mauricio Macri ni siquiera se consultó para fiscalizar dichas cuentas y recuperar los fondos de una casi probada evasión. Ahora, el equipo técnico del organismo, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, inició en enero el proceso de desencriptado y procesamiento de la información, para determinar la deuda fiscal y avanzar en la recuperación de esos millonarios (en dólares) recursos para las arcas públicas.
«Deben ser no menos de 300 mil millones de dólares de propiedad de argentinos los que están en el exterior; si detectaron estos 2600 millones, es importante porque es un primer paso», comentó a este diario un destacado estudioso del tema, con pedido de reserva de su nombre. En realidad, no son sólo 2600 millones. El «paquete de información» que está en manos de la AFIP agrupa a decenas de miles de cuentas (probablemente muchas decenas), de las cuales el trabajo de fiscalización seleccionó a aquellas con saldos superiores al millón de dólares. Conjunto de «cuentas más significativas» que se están analizando bajo supervisión del subdirector general de Fiscalización, Julián Ruiz.
Una primera precalificación entre las 950 cuentas analizadas permitió diferenciar tres tipos de casos: 1) contribuyentes que declararon tener la cuenta o las cuentas en el exterior pero por un monto menor al que ahora se conoce; 2) contribuyentes que en su declaración jurada de Bienes Personales dijeron no tener activos afuera del país, y 3) titulares de las cuentas ahora conocidas que no presentaron siquiera declaración de Bienes Personales. En la primera categoría hay aproximadamente 250 titulares de las cuentas (subdeclarantes). Las dos categorías últimas (titulares de cuentas no declaradas) suman unos 700.
La información que la AFIP puede obtener de los informes que recibe de las agencias fiscales de otros países adherentes al acuerdo, le permite conocer el saldo de las cuentas a determinada fecha, su composición (dinero efectivo y otros activos financieros, ya sea títulos, colocaciones, etc) y el nombre del titular o beneficiario final. Este último caso está referido a cuentas que están a nombre de una sociedad o fideicomiso pero que permiten conocer a la persona beneficiaria que está detrás. «Es un modo de ocultamiento primario que, en este caso, es permeable a la detección del beneficiario final; en otros casos, la ingeniería financiera es más compleja y se crean empresas fantasma a nombre de un trust o consorcio cuyos directores tampoco son reales: en ese caso es más difícil encontrar al beneficiario final nada más que con la información que te brinda una agencia oficial en el extranjero», describió un especialista con larga experiencia en el tema.
El acuerdo multilateral de la OCDE establece que los países adherentes intercambiarán la información cargándola a un sitio de ese organismo, el cual se habilita acumulando las novedades una vez al año. Estados Unidos no adhirió, por lo tanto no informa acerca de los depósitos e inversiones financieras de extranjeros en su territorio, lo cual para Argentina es una lamentable falencia, dado que se sabe que es una plaza preferida por los evasores y fugadores locales. Otras plazas que suelen ser opción para los capitales argentinos en fuga, según lo revelan diversos estudios, son Suiza, Panamá y Uruguay, países que sí participan del intercambio de información en la OCDE.
Este mecanismo de intercambio fue puesto en marcha en 2017, por lo cual ya habría habido tres cargas anuales al sistema posteriores al blanqueo o regularización de marzo de ese mismo año. Sin embargo, esta información no fue utilizada por el gobierno anterior con fines de fiscalización, pese al entusiasmo que mostraba Alberto Abad (titular de la AFIP hasta marzo de 2018) por utilizar este instrumento contra los que no se adhirieran al blanqueo. Al menos, así lo manifestaba antes del blanqueo, como forma de incitar a la adhesión al mismo. El sistema tampoco fue consultado por su sucesor, Leandro Cuccioli, que ocupó el cargo desde abril de 2018 a diciembre del año siguiente.
El trienio 2016 a 2018 fue particularmente intenso en materia de fuga de capitales, marcando récords históricos en la formación de activos externos registrados, pero también en operaciones de «shadow banking» o banca en las sombras, fuera de registro y de otras obligaciones legales. La fuga de divisas constituye uno de los mayores condicionantes que impiden el desarrollo argentino, porque le restan recursos a la inversión y promueven las recurrentes crisis externas o de divisas tan comunes en el último medio siglo, al menos. Marco del Pont es, justamente, una de las investigadoras que más ha profundizado en el tema.
Desde la AFIP se planteó esta investigación sobre cuentas no declaradas como parte de «la estrategia de la actual gestión para ampliar la base imponible del impuesto a los Bienes Personales, uno de los más progresivos del sistema tributario argentino». Esta es la primera etapa del trabajo. Luego vendrá el análisis de las cuentas de menos de un millón de dólares, que por su voluminosa cantidad representarían una cifra acumulada muy superior a los 2600 millones de dólares que ahora están bajo la lupa.
Fuente: Página12/ Raúl Dellatorre
