Prevé una quita progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos. Los municipios dejarían de recaudar importantes montos, lo que genera resistencia entre algunos intendentes.
El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un borrador del denominado «Consenso Fiscal Provincial», que deberán convertir en ley antes del 30 de junio, informa el diario El Chubut. También acercó el proyecto a los municipios, que tienen plazo para adherir hasta finales de septiembre. Aunque se deja abierto un plazo para que adhieran los municipios que hasta entonces no lo hicieron. Según marca la ley, las modificaciones de este convenio deben llevarse a la práctica antes del 31 de diciembre de 2019.
El Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, integrado por las intendencias y el Ejecutivo, es el ámbito de discusión de este consenso fiscal provincial. La próxima reunión sería en las próximas semanas en Rawson.
En la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo no tendría consenso entre la oposición, con excepción del bloque Cambiemos, alineado con las políticas nacionales. También despierta resistencia en los parlamentos municipales.
El principal conflicto hoy pasa porque el Gobierno quiere bajar las partidas del Fondo Sojero una vez que los municipios hayan adherido al convenio. Los intendentes piden que el envío de estos fondos nacionales que se usan para obra pública, sea retroactivo al 1º de enero de este año. Por ejemplo, Trelew ya tuvo que readecuar partidas de algunas obras que venían ejecutándose con este fondo.
El nuevo Pacto Fiscal Provincial resalta que con el régimen de coparticipación provincial vigente «se ha contribuido a fortalecer los impuestos municipales» (Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente), cuando «el nuevo régimen deberá propender a otorgar una mayor participación al aspecto redistributivo».
De esta manera, el Consenso Fiscal con los municipios procura armonizar el régimen tributario en toda la provincia, y reducir las cargas impositivas en Ingresos Brutos (eliminar diferenciales, desgravar ingresos), Impuesto Inmobiliario (revisar alícuotas, readecuar criterios), Tasas Municipales y otros tributos específicos que directamente se derogarán.
Con estas modificaciones, el comercio y la industria se verían beneficiados dependiendo el sector, y los municipios resignarían partidas presupuestarias. Algunos intendentes, diputados y concejales, en su mayoría con ascendencia justicialista, entienden este Pacto Fiscal como un «atropello a las autonomías municipales».
Por otro lado, el Consenso Fiscal pretende armonizar la coparticipación que provincia percibe de Nación y baja a los municipios. El borrador establece una serie de puntos que percibirán los municipios y deberán imputar a obra pública, programas sociales y mantenimientos de servicios.
«El 11 por ciento del importe que perciba de la Ley de Impuesto a las Ganancias, lo que debería destinarse a obras públicas y programas sociales administrados por los municipios, tales como gastos de mejoras en hospitales, escuelas o transporte que por su importancia sea necesaria una rápida y concreta atención inmediata», dice el proyecto.
También figura el 32,8 por ciento de los recursos del Fondo Federal Solidario derivado del Consenso Fiscal Nacional. Y el 11 por ciento de compensación que percibe provincia por el Consenso Fiscal «que se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales».
