En el Gobierno provincial confían en que el acuerdo judicial al que arribaron con la Junta de Estudiantes Autoconvocados para que desalojen las escuelas 747 y 712 de Trelew, también se replique en los establecimientos tomados en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
En la recta final de las elecciones del 27 de octubre, si bien la Justicia descomprimió las tomas de las escuelas en Trelew, todavía quedan cuatro establecimientos ocupados en Madryn y otro en Comodoro Rivadavia. Además, continúan las manifestaciones de estudiantes en Esquel y la comarca andina.
Fuentes de la Justicia federal adelantaron al diario El Chubut que hay importantes avances en el diálogo con los estudiantes que están ocupando las cuatro escuelas de Puerto Madryn, y confían en que esta semana entrante el conflicto va a solucionarse.
El próximo martes, los estudiantes que vienen realizando una ocupación pacífica las escuelas de Trelew van a entregar ambos edificios públicos, producto de un acuerdo que incluyó a representantes del Ministerio de Educación, la Defensa Pública y el Servicio de Protección de Derechos.
Fuentes consultadas de Fontana 50, indicaron a este diario que apelan a que esta semana entrante los estudiantes de Puerto Madryn y Comodoro también depongan las ocupaciones pacíficas para no afectar el proceso electoral. La vía del diálogo, con la Justicia mediante, habría resultado más efectiva que las otras acciones que se venían manejando en los fueros civil y penal.
OTRAS ALTERNATIVAS
Antes de consumar el acuerdo que permitirá liberar las escuelas de Trelew, el Gobierno manejaba como alternativa hacer una presentación en el fuero civil para intimar a los estudiantes a que cesen con las medidas de acción directa.
Semanas atrás, el ministro de Educación, Paulo Cassutti, llegó a reunirse con el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, preocupados por la cercaría de las elecciones, además de la imposibilidad de docentes de dar clases.
Por otro lado, la Fiscalía de Trelew ya había descartado avanzar por la vía penal antes de que interviniera el Servicio Público de Mediación del Poder Judicial. El pasado 22 de agosto, el ex ministro de Educación, Leonardo De Bella, denunció la ocupación del ex Colegio Nacional en la Comisaría 1ª, y la causa fue derivada al Ministerio Público Fiscal.
En ese momento, el encuadre provisorio fue por el delito de “impedir la libertad de trabajo”, pero la medida fue descartada en el fuero judicial, entre otras razones, porque entendieron que se trataba de un “conflicto político”, basándose en declaraciones públicas de los mismos funcionarios del Gobierno.
La Junta de Estudiantes Autoconvocados, que figura en el expediente, asumió las responsabilidades por el cuidado del edificio, y también solicitó presencia policial afuera del establecimiento para resguardar su propia seguridad.
