Analizan bajar el plazo para la realización de la práctica desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita, incluir la cláusula de objeción de conciencia institucional y que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años deban estar acompañadas.
Un día antes de la firma del dictamen, tanto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo como de la ley de los 1.000 días, un grupo de diputadas y senadoras avanzaron sobre la posibilidad de introducir cambios que garanticen los votos a favor y la consecuente aprobación en ambas cámaras. En Diputados, donde se someterá mañana a discusión y votación en el recinto, el pronóstico es una leve ventaja a favor. En el Senado, en cambio, se vislumbra un virtual empate, por lo que las posibles modificaciones podrían terminar de definir el voto de al menos tres legisladores, señaló Infobae.
Uno de los ajustes que se discuten es bajar el plazo para la realización de la práctica (de diez a tres días) desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita. De esa manera podría también reducirse en los hechos la semana límite para la realización del aborto, que el texto oficial establece en la semana 14 de gestación. El tema genera ardua discusión.
Quienes impulsan y defienden el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo analizan también incluir la cláusula de objeción de conciencia institucional, es decir que aquellos establecimientos privados que no acepten realizar la práctica puedan excusarse y derivar a las pacientes a otras instituciones. La objeción de conciencia fue un tema de fuerte debate dos años atrás y lo sigue siendo.
Finalmente, también hay quienes piden que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años deban estar acompañadas cuando se realicen un aborto.
Los intercambios entre diputadas y senadoras, con algunas funcionarias del Poder Ejecutivo, se dieron anoche, durante el feriado nacional por el Día de la Virgen. Las legisladoras del sector identificado con el color verde puntearon los votos en Diputados y en el Senado. Tanto para aprobar como para rechazar la ley alcanza con mayoría simple, por lo que hasta cuentan las posibles ausencias o las abstenciones de quienes no elijan ninguna opción. Justamente así, con ausentes, se sancionó diez años atrás la ley de matrimonio igualitario. Las charlas buscan evitar un segundo fracaso en el Senado, donde en 2018 se frenó la ley, y también las idas y vueltas del proyecto. Si las gestiones logran acuerdo, el trámite parlamentario podría acelerarse y sancionarse la ley antes de fin de año.
Ayer también hubo contactos entre las autoridades de las cámaras. El propio presidente Alberto Fernández sigue de cerca el avance de las negociaciones en línea con Sergio Massa, presidente de Diputados. En el Senado se despejan dudas sobre el rol de Cristina Fernández. Las negociaciones para tratar de que se apruebe la ley las lidera Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque del Frente de Todos y senadora de máxima confianza de la Vicepresidenta. Fernández Sagasti batalla contra senadores de peso. Incluso el jefe de su bloque, José Mayans, es uno de los que lidera el voto ‘celeste’.
Según el plan previsto en Diputados, se anticipan tres extensas jornadas esta semana. A partir de las 13 se realizará la sesión preparatoria para elegir las autoridades de la cámara. Massa será ratificado como presidente del cuerpo y también dos de los tres vices: el peronista José Luis Gioja y el radical Alfredo Cornejo, mientras que el PRO reemplazaría a Alvaro González (cercano a Horacio Rodríguez Larreta) por un hombre de Mauricio Macri, el mendocino Omar de Marchi.
Después de las votaciones, que acuerdo mediante son sólo un acto protocolar, se reunirá el plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto para dictaminar sobre el proyecto de los 1.000 días, que implica un plan de asistencia social y de salud a las mujeres embarazadas y sus hijos hasta poco más de los dos años de edad. En este caso el oficialismo busca una sanción por unanimidad de manera de dar un mensaje a quienes reclaman ayuda estatal para que las mujeres que no puedan continuar con un embarazo tengan la posibilidad de seguir adelante.
A las 16.30 tendrá lugar el otro plenario, el de las comisiones de Legislación General, Salud Pública, Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad que dictaminará sobre la legalización del aborto. Se descuenta el voto mayoritario por la positiva, ya que, además de que las tres presidentas y el presidente de las cuatro comisiones son verdes, el oficialismo las integró estratégicamente con mayoría de legisladores que apoyan la ley. El sector celeste prepara a su vez un dictamen de rechazo, pero de minoría. Un dato no menor: la composición de las comisiones no representa proporcionalmente la distribución del voto de todo el cuerpo.
La sesión preparatoria y las reuniones de comisiones de hoy volverán a ser presenciales después de siete meses de trabajo remoto. A la inversa de lo que venía ocurriendo, con unos 70 legisladores físicamente presentes, sólo estarán exceptuados de participar los diputados y diputadas que cursen un embarazo o tengan edad o enfermedades preexistentes que los pongan en riesgo y justifiquen la conexión por videoconferencia. Para mantener la distancia y prevenir contagios por COVID 19, el plenario que dictaminará la IVE y que involucra a 60 diputados tendrá lugar dentro del propio recinto. Para la sesión habrá un sistema de rotación entre las bancas y los despachos, además del test de PCR para todos los presentes.
La sesión tendrá lugar el jueves y probablemente se extienda hasta el viernes. Aunque el oficialismo confía en tener los votos, por ahora nadie se muestra exultante. Hay quienes quieren que se reduzcan las participaciones para evitar una sesión de un día, lo que deberán definir en Labor Parlamentaria los presidentes de todos los bloques. Y en el oficialismo, entre quienes apoyan la ley hay algunos que desean que, así como varios ministros participaron de la sesión en la que se dio media sanción al Aporte Solidario Extraordinario, esta vez sea el presidente Alberto Fernández quien los acompañe.
