El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a cuatro miembros de la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa por incumplimiento de deberes de funcionario público, en la preadjudicación a una empresa de la búsqueda del submarino ARA San Juan. Según el magistrado, los funcionarios «omitieron aplicar la ley» al preadjudicar a la firma española del empresario argentino Marcelo Devicenzi ya que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.
La Justicia federal procesó a cuatro miembros de la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa por incumplimiento de deberes de funcionario público, en la preadjudicación a una empresa española de la búsqueda del submarino ARA San Juan.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi imputó a Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea, y a Pablo Longhi, del Ministerio de Defensa, por irregularidades en la contratación de Igeotest Geociencias y Exploraciones SL.
Los imputados están acusados por el supuesto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y fueron embargados por un millón de pesos.
Según el juez, los funcionarios «omitieron aplicar la ley» al preadjudicar a la firma española del empresario argentino Marcelo Devicenzi ya que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.
«Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta», sostuvo el juez.
Entre las irregularidades, expuestas en el expediente, figura que «el número societario de la empresa española IGEOTEST GEOSCIENCES SL pre adjudicada, no coincidía con el número de registro» y que «la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española CONTROL Y PROSPECCIONES SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017».
La causa se inició por la presentación de la abogada Valeria Carrera, con el patrocinio del estudio de Fernando Burlando, quien denunció a los integrantes del Ministerio de Defensa, quienes integran la Oficina de Contrataciones por la «adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública».
El Gobierno finalmente otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity, que un año después del último contacto de la nave, la detectó a 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa argentina.
