El gobierno de Mauricio Macri definió su propuesta para cerrar el acuerdo con los gobernadores para el Presupuesto 2019 y ya les giró el texto de la addenda al Pacto Fiscal, que contiene el trazo grueso de las medidas para llegar al déficit cero, indica La Política On Line.
En ese documento -al que accedió y difundió La Política On Line- la Casa Rosada establece que logró mantener la rebaja progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos, que los gobernadores querían frenar para mejorar sus recaudaciones, y confirma la transferencia a las provincias de la responsabilidad sobre la tarifa social de luz, algo que había impuesto por decreto sin negociar y que el viernes pasado tuvo que «suspender» para no alterar la negociación.
El texto que la Rosada giró ayer a los gobernadores es el resultado de la negociación que llevó adelante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y si bien se trata de una propuesta, cuanta con bastante consenso entre los mandatarios provinciales. Es por eso que en el Gobierno confían que será firmado por la mayoría, excepto por el pampeano Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá que tampoco adhirieron el año pasado al pacto fiscal. Luego será girado al Senado.
La addenda establece que estaban bastante acordados con los gobernadores como la transferencia a las provincias de los subsidios al transporte público, que implica un ahorro para Nación de unos 50 mil millones de pesos. Alrededor de la mitad de ese monto lo tendrán que asumir la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, aunque en todas las jurisdicciones ya se espera un fuerte impacto que lleve el boleto a entre 30 y 35 pesos.
Asimismo, se confirma que las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal deberán hacerse cargo del manejo de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, otra concesión a los gobernadores que ya había sido aceptada por el porteño y la bonaerense, aunque es mirada de reojo por las empresas por las complejidades técnicas que implica el traspaso.
En la propuesta de la Rosada también se define la transferencia de la tarifa social de la energía eléctrica a las provincias, que implica un gasto de unos 15 mil millones de pesos. La novedad es que se agrega que CABA y PBA asumen la responsabilidad en la tarifa social de Aysa, otro reclamo de las provincias, que en realidad pretendían el traspaso de toda la estructura de la compañía de agua.
En materia impositiva, se derogan las excepciones del pago de Ganancias para empleados y funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales por el cobro de viáticos y otros conceptos. Asimismo, se derogan las disposiciones que eximan del pago del impuesto a «los resultados provenientes de actividades de ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros de entidades cooperativas y mutuales».
Otro de los pedidos de los gobernadores que queda establecido en la addenda es que se frena la disminución de Bienes Personales para los que declaran bienes en el exterior. Este tributo se mantendrá en el 1%, pese a que su reducción al 0,25% fue una ventaja que el Gobierno ofreció para impulsar el blanqueo. También se suspende la rebaja del impuesto a los Sellos establecida el año pasado en el Pacto Fiscal.
La Rosada también se compromete a incluir en el Presupuesto un artículo en el que se prevea que la Anses «transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación, en concepto de anticipo a cuenta, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado».
