En medio de fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición, el debate por el presupuesto nacional 2025 tendrá una nueva reunión informativa en la Cámara de Diputados, aunque no hay una fecha establecida. Tampoco se definió el cronograma de este mes para que la iniciativa sea debatida en el recinto.
Según pudo saber TN, en principio habría entre tres o cuatro dictámenes. La Libertad Avanza buscará el suyo, con el acompañamiento de las fuerzas aliadas.
En eso trabajan José Luis Espert, titular de la estratégica comisión de Presupuesto y hacienda; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi -un articulador entre el Gobierno y el Parlamento, que lo demostró con la sanción de la Ley Bases-; y parte del conjunto de los gobernadores provinciales.
Los otros dictámenes serían de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto, que dejó en claro la necesidad de aumentar las partidas destinadas a las jubilaciones y a la educación universitaria, y trabaja en su propio despacho de comisión. En él, establece, como también lo solicitó el radical Rodrigo de Loredo, la eliminación del artículo que suspende por el término de un año la obligación del Estado nacional y las provincias de invertir el 6% del PBI en el sector, tal como lo establece la ley de Educación, sancionada en el 2006.
Los restantes dictámenes serían de rechazo, tanto de Unión por la Patria (UxP) como del Frente de Izquierda, donde el diputado Christian Castillo integra la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Los senadores también están analizando en conjunto el proyecto con los diputados. El senador libertario Bartolomé Abdala le dijo a TN que esta “ley de presupuesto de 75 artículos tiene en su primer artículo el valor de generar un presupuesto con equilibrio fiscal, sin déficit y estableciendo que aquel dinero que exceda las metas deberá tener la razonabilidad en el uso”.
“Estamos atentos a las sesiones (en comisión) en Diputados, participamos, escuchamos y creo que vamos a tener un resultado favorable en cuanto a la sanción en Diputados. Trabajaremos arduamente en el Senado, donde también buscaremos los votos necesarios para darle un presupuesto al Gobierno, que realmente lo necesita para tener previsibilidad, una buena imagen y fortaleza a nivel internacional. Además, será la primera vez que tengamos un presupuesto con el real compromiso de que no se va a gastar más de lo que entre”.
Los funcionarios del Ministerio de Economía ya mantuvieron reuniones con senadores vinculados a sectores dialoguistas del Congreso, los bloques de la UCR, que encabeza Eduardo Vischi, y con Provincias Unidas, una bancada que preside Carlos Camau Espínola e integran los senadores Edgardo Kueider, Alejandra Vigo, Juan Carlos Romero, Edith Terenzi y Lucila Crexell. Varios de ellos con terminales en los gobernadores de Córdoba, Chubut y Neuquén.
El reclamo de los gobernadores por los fondos y la obra pública
El gobierno viene recibiendo a los mandatarios provinciales con el objetivo de acordar el proyecto. Participan de los encuentros el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el equipo económico y en algunos casos el propio presidente Javier Milei, como ocurrió en el reciente encuentro con los mandatarios del PRO y ex Juntos por el Cambio: Jorge Macri, de CABA; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Claudio Poggi, de San Luis; y Marcelo Orrego, de San Juan.
Uno de los cambios que está en plena discusión es el referido a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La ley 23.548 del expresidente Raúl Alfonsín, sancionada en 1988, diagramó un régimen transitorio de distribución entre la Nación y las provincias, estableciendo el uno por ciento de la recaudación total al Fondo de ATN.
En su artículo 5 señala que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio de Interior, quien será el encargado de su asignación”.
Hoy, esos fondos son manejados por la jefatura de Gabinete. Desde la oposición señalaron que “las transferencias a las provincias por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional son casi cero”.
Otro punto de debate son las asignaciones específicas de la recaudación por el impuesto a los combustibles. Las normas establecen que, de lo recaudado, el 10,40% será destinado al Tesoro Nacional, el 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), el 10,40% a las Provincias, el 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales, el 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% a la Compensación Transporte Público.
Desde los sectores opositores entienden que el Gobierno dejó de transferir fondos para el transporte, como así también para la realización de obras públicas, que están paralizadas. Por lo tanto, deberían aumentar las partidas coparticipables para las provincias producto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Y estas definirán como llevarán adelante obras y subsidios.
Otra discusión es el financiamiento del Ente recaudador, donde se estableció que el 1,9% de la recaudación neta total se destina para el funcionamiento del organismo. Pero el presidente Javier Milei disolvió la AFIP, redujo su planta de personal y creó la agencia ARCA, con una nueva estructura más acotada y con menos costos.
El decreto 1399/2001, de noviembre de 2001, firmado por el expresidente Fernando de la Rúa, estableció que los recursos “de la Administración Federal de Ingresos Públicos estarán conformados por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros”.
Se aclara también que para “el ejercicio correspondiente al año 2002 dicha alícuota será del 2,75% y se reducirá anualmente. A partir de la ley de Presupuesto de 2009, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, quedó establecida esa alícuota en el 1,9% de la recaudación neta total. Hoy los gobernadores impulsan modificaciones a esas normas.
La página oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) señaló que en octubre la recaudación tributaria aumentó un 186,2% interanual. El 1,9% de ese aumento de casi el 200% los gobernadores entienden que debe ser coparticipadom ya que, al reconvertir la ex AFIP en la nueva agencia, esos fondos incrementarían las arcas nacionales.
Mientras que la respuesta del Congreso y de los gobernadores a los reclamos sociales sigue siendo que no hay plata, la proyección presupuestaria del ARCA para el próximo año alcanzaría los 2,5 billones de pesos.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, posteó hace una semana que, en la actualidad, “a Mendoza, y a todas las provincias, la AFIP les retiene el 1,9% de los impuestos coparticipables para gastos de funcionamiento”. En este sentido, los radicales de esa provincia consideran que es indispensable una eliminación o al menos una reducción de esa retención para que el ahorro sea equitativo.
Mientras, los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, presentaron un proyecto para que el Gobierno nacional les regrese a las provincias el 1,9% de impuestos coparticipables que utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para financiarse. En concreto, la iniciativa busca que se distribuyan de acá en adelante los fondos que el organismo nacional retuvo al conjunto de las jurisdicciones argentinas. Para dimensionar este dinero basta mencionar que solo en el ejercicio 2023, la AFIP retuvo 643 mil millones de pesos, el equivalente al 0,34% del PBI.
Los senadores que responden políticamente al gobernador Cornejo destacaron: “Si se comparan los gastos de la AFIP con algunos organismos nacionales surgen notorios resultados: el gasto de AFIP en 2022 (331 mil millones de pesos) es muy superior a los gastos del Conicet ($80 mil millones) y la mitad del gasto de todas las universidades nacionales argentinas (599 mil millones de pesos). El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía de la Nación y/o los funcionarios que estime corresponder instrumentará de manera inmediata la inclusión y el reparto, entre las Provincias, de los recursos coparticipables que por aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1399 se detraen de la distribución de la coparticipación federal de impuestos con el fin de financiar el funcionamiento operativo de la AFIP”.
