Mientras que el proyecto de Ley Hojarasca, anunciado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzzeneger, ingresará formalmente al Congreso este lunes, el oficialismo avanzará esta semana otro casillero en el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2025.
El titular de la comisión, José Luis Espert, hará el desglose área por área de la ley de leyes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de la ANSES, Mariano de los Heros, están anunciados para este martes a las 15. Pero el libertario deberá resolver los pasos a seguir sobre la insistente invitación al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reacio a concurrir al Congreso a brindar un informe sobre -lo que en definitiva es- su presupuesto.
La presencia del titular del Palacio de Hacienda no solo fue solicitada por Unión por la Patria (UxP), sino por algunos de los diputados dialoguistas, con quienes el oficialismo necesita construir mayorías. El pedido también lo hizo Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal.
El oficialismo necesita apoyo en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2025
Los diputados Martín Menem y Gabriel Bornoroni, presidentes de la Cámara y del bloque de La Libertad Avanza respectivamente, saben que con los diputados del PRO, del MID, los representantes provinciales y los cinco diputados radicales ”con peluca” (como los llaman en el segundo piso del Palacio), no alcanza para sancionar las leyes.
Esa alianza sí les resultó para lograr un tercio del cuerpo legislativo y bloquear el rechazo a un veto presidencial, como ocurrió con los “héroes” que frenaron las leyes de Movilidad jubilatoria y de Financiamiento Universitario con mayorías de 87 y 85 diputados, pero los referentes libertarios piensan que deben sumar 129 diputados que acompañen en esta oportunidad. Para eso deberán aceptar cambios, sugerencias y opiniones de otros sectores políticos. Dentro del Congreso y afuera, con los gobernadores provinciales.
En paralelo a que el Gobierno analiza los números, la oposición ya trabaja en un plan B en la comisión. El socialista de Santa Fe, Esteban Paulón, enrolado en Encuentro Federal, adelantó: “Hoy no están los 129 votos para sancionar el Presupuesto. Así como está, este presupuesto es invotable, y de hecho, nuestro bloque está preparando un propio proyecto de Presupuesto, porque si bien es importante el equilibrio fiscal y las finanzas públicas, también es muy relevante que esos números cierren con las jubilaciones. Cuando se discutió el veto a las jubilaciones, se dijo que el presidente (Javier Milei) devolvería el 8% que perdieron los jubilados (por el empalme en el cambio de la ley de movilidad jubilatoria) en el 2025″.
“Lo cierto que ese 8%, para recomponer las jubilaciones, no está en el proyecto de presupuesto 2025. Es un presupuesto centrado en el ajuste, en el pago de la deuda externa, establece la regla fiscal que dice que si hay superávit se destina a pagar deuda, y si hay déficit se recorta discrecionalmente de las partidas presupuestarias. No se puede gastar más de lo que ingresa. Allí vemos un presupuesto con un temperamento de ajuste, sin la necesidad de fondos para obras públicas, necesarias, no para los gobernadores, sino para el desarrollo argentino”, agregó Paulón.
De esta manera, ya hay un primer planteo de un sector de la oposición que rápidamente puede construir mayorías y sumar más de 129 voluntades. Recordemos que los sectores opositores más duros del Congreso, UxP, que preside el rosarino Germán Martínez, y el Frente de Izquierda, suman 104 diputados.
En la UCR, también hacen propuestas de mejoras y de cambios al proyecto, pero manteniendo reuniones periódicas con los funcionarios del presidente Javier Milei, principalmente con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sin perder el contacto con José Rolandi, vicejefe de Gabinete y con el propio Espert.
El bloque de Rodrigo de Loredo ya hizo saber que está en contra de cambios en la ley de Asignaciones Familiares y a su forma de aumentar. La normativa establece que la movilidad ”se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización la aplicación de dicho índice nunca podrá producir una disminución del valor de la asignación”.
El radicalismo entiende que la derogación de la movilidad convierte este gasto en discrecional y elimina la garantía de actualización automática, lo que afectará negativamente a muchas familias.
Otro punto en conflicto es la Movilidad jubilatoria, ya que el artículo 69 del proyecto de Presupuesto 2025 ratifica la fórmula de movilidad establecida en el artículo 1 del DNU 274/2024. Esto “implica una quita del 8% en los haberes de los jubilados y refuerza el veto presidencial a la ley de Movilidad jubilatoria afectando a un sector vulnerable”, afirman en la UCR.
La suspensión del 6% del PBI en educación es también punto de rechazo porque afecta al sistema educativo, ya que el Gobierno, en el proyecto, argumenta que por la declaración de Emergencia Pública que estableció la Ley Bases suspende el artículo 9 de la Ley de Educación donde garantiza: “El presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Y el último punto de rechazo desde el radicalismo está relacionado con el Fondo Nacional de los Bosques, ya que se asigna solo $1.500 millones, por lo que se incumple el mínimo legal de 0,3% del presupuesto total, y esto afecta directamente la conservación ambiental, tal como lo establece la norma de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Reformas a la ley de los DNU
Una reforma a la ley para los decretos de necesidad y urgencia será otro de los temas a discutir en una semana intensa del Parlamento. A propuesta del diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) se emplazó a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la modificación a la ley que reglamentó la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU), sancionada en el 2006.
La norma que impulsó Cristina Kirchner estableció que con la sanción de una de las Cámaras del Congreso alcanza para ratificar un DNU que remplaza una o varias leyes sancionadas por el Congreso. Tal como fue el caso del DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei y que derogó y/o modificó cientos de leyes en el marco de las medidas de desregulación implementadas por su Gobierno.
El presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, le explicó a TN cómo serán los procedimientos en el recinto: “Serán tres sesiones, dos informativas, donde se expondrá sobre la necesidad de la reforma de la ley y la última, el 30 de octubre, donde se dictaminará”.
“Son 15 proyectos, me llama la atención que quieran modificarlo ahora, es una jugada política, ya que nunca se buscó modificar esta ley que rige desde 2006. Después de la reforma [Constitucional] del 94 tardaron 12 años en reglamentar los DNU, es decir, 12 años sin tener ninguna normativa, la ley es mejorable y mucho, pero nunca vi que ningún Gobierno haya intentado, teniendo todas las mayorías para hacerlo, y no lo hicieron. Lo que buscan [la oposición] es limitar al presidente actual [Javier Milei]. Vamos a dar el debate”, aseguró.
El diputado Agost Carreño destaca en sus fundamentos que la ley actual “ha generado dudas y cuestionamientos: en algunos puntos se han cometido omisiones y confusiones, pero en otros, directamente, la norma se ha apartado del texto constitucional o se han utilizado argucias para eludir los plazos señalados en la norma bajo diferentes excusas, quebrantando así el deber constitucional del control del Congreso sobre dichas medidas”.
“Pero a la vez el reciente D.N.U. 70/23 generó una discusión normativa respecto de si era posible o no aprobar parcialmente un decreto de necesidad urgente, discusión que no se había suscitado anteriormente, sencillamente porque nunca un presidente había dictado un D.N.U. como ese”, agregó.
Se toman como antecedentes propuestos de los diputados de su bancada, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy. También hay iniciativas de los radicales Carla Carrizo, Fernando Carbajal y Pablo Juliano, de Mónica Litza y Roberto Mirabella (UxP), de la socialista Mónica Fein, del santacruceño Sergio Acevedo y Juan Manuel López de la Coalición Cívica y de los senadores Eduardo Vischi, Carolina Losada, Martín Lousteau y Pablo Blanco (UCR) y Lucila Crexell (Provincias Unidas).
Igualmente, sumaron iniciativas de los exdiputados Sebastián Salvador (UCR), José Luis Gioja (UxP), Graciela Camaño (Encuentro Federal) y particularmente de la exdiputada, hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
