Además de Alberto Fernández, tres presidentes latinoamericanos respaldaron a la vicepresidenta luego de conocer la situación judicial que atraviesa y la pena que le podría caer. «Manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo», señalaron a través de un comunicado.
Los presidentes de México, Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro; y de Bolivia, Luis Arce, salieron a bancar a la ex mandataria y aseguraron que está atravesando una persecución judicial, al conocer públicamente el pedido del fiscal Diego Luciani de que tenga 12 años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos.
La vocera oficial del gobierno, Gabriela Cerruti, leyó la declaración en donde los mandatarios de la región la respaldaron con rechazo al ‘lawfare’.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente argentino hizo lo propio mediante un tuit: «junto a los presidentes López Obrador, Petro y Arce manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos».
El comunicado completo:
Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal.
El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido.
En otras causas que siguen abiertas se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política. Entre ellas la denominada ‘Causa Vialidad’ resulta emblemática. Allí el tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa.
Ante esta situación, y habida cuenta de las múltiples irregularidades legales y procesales que rodean estos casos, exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas.
Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos.
