Luego de dos semanas con nuevos episodios de colapsos, cancelaciones y reprogramaciones en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque por medidas gremiales, este martes entró a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para declarar como servicio estratégico esencial la aviación civil y aerocomercial. Se trata de una propuesta impulsada por las legisladoras Laura Rodríguez Machado, de la Unión Cívica Radical, y Pamela Verasay, del PRO.
La iniciativa busca modificar la redacción del artículo 2 del Código Civil Aeronáutico con el objetivo de que no se interrumpan los vuelos durante eventuales paros o asambleas, como ocurrió en los últimos días.
De aprobarse el proyecto, así quedaría el nuevo párrafo de la Ley 17.285: “Cuando por un conflicto de trabajo se afectare alguna de las actividades aerocomerciales normadas por este Código, y se decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directas, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar la interrupción de dichas actividades, consideradas como un servicio estratégico esencial”.
Además, la propuesta prevé que en un plazo de 90 días desde que se promulgue la ley el Poder Ejecutivo establezca“un sistema de guardias mínimas del Servicio Estratégico esencial de aeronáutica civil aerocomercial”.
“Los que venimos del interior sabemos que la suspensión de un vuelo implica esperas de reprogramaciones que pueden tardar días. Es hora de que podamos legislar en favor del bienestar de cada uno de los argentinos”, afirmó tras la presentación del proyecto la diputada Rodríguez Machado, quien además es presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
Pamela Verasay, que preside la Comisión de Transportes, consideró que es “fundamental otorgar fuerza de ley a esta medida para evitar que los pasajeros continúen siendo rehenes de conflictos gremiales y garantizar la prestación de los servicios mínimos necesarios”.
La declaración de la legisladora va en línea con los problemas que encontró esta propuesta anteriormente. El presidente Javier Milei ya había incluido la esencialidad de la aviación civil y aerocomercial en el artículo 97 del DNU 70/2023. La Justicia del Trabajo declaró en enero la invalidez de este y otros cinco puntos del decreto a partir de un amparo que inició la Confederación General del Trabajo (CGT).
“Los argentinos vienen sufriendo la intransigencia de los sindicatos con medidas de fuerza, asambleas y cualquier otra excusa que convierte sus viajes en pesadillas. No estamos en contra de los genuinos reclamos, pero sí repudiamos la extorsión política que toma a los pasajeros de rehenes”, dijo Verasay en diálogo con Infobae.
Entre los fundamentos de las diputadas se atacó directamente a las consecuencias negativas que tienen las medidas de fuerza: “Las interrupciones afectan derechos garantizados por la Constitución Nacional referidos al derecho a transitar libremente, al derecho de propiedad ya que causan pérdidas cuantiosas a las empresas y también a los pasajeros, el derecho a la salud, ya que muchos se trasladas por cuestiones médicas, a trabajar, y afecta asimismo el turismo y con ello el ingreso de divisas que tanto se necesita en este país”.
“Los pasajeros son rehenes, víctimas involuntarias, de una situación de conflictividad gremial que la ley vigente, resuelve de muchas formas y respecto de la cual, la denegación del servicio en forma unilateral e intempestiva, debe ser siempre el último recurso”, insistieron las legisladoras en el documento.
El proyecto también toma como antecedente la reciente media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados la Ley Finocchiaro, que busca declarar como servicio estratégico esencial a la Educación. Al igual que con los aviones, esta normativa prevé que cuando haya paros las escuelas sigan abiertas con una guardia mínima en las aulas para garantizar el dictado de clases.
“La Argentina somnolienta de las últimas décadas, cuyos sufrientes ciudadanos han visto sus derechos conculcados por medidas patoteras y violentas de grupos y sindicatos, ha despertado, se ha vuelto visible y ha votado para que las cosas cambien, que se acaben los privilegios, y que se los considere como partes de este gran país”, concluyó el proyecto firmado por Rodríguez Machado y Verasay.
