Desde el retorno de la democracia, en 1983, en Argentina hubo 1092 días en los que al menos una Provincia se vio afectada por un paro docente. En ciclos lectivos que, en general no alcanzan los 180 días de clase obligatorios, hay una pérdida promedio de 24 jornadas escolares por año en todo el país.
Los números pertenecen a un informe del Gremio SEducA al que tuvo acceso Infobae. El Sindicato, que se suele oponer a las medidas de fuerza, contabilizó a través de noticias, observatorios municipales, provinciales y, principalmente, fuentes docentes, la cantidad de huelgas por provincia.
En el relevamiento surgen diferencias muy amplias entre las medidas de fuerza convocadas en los distintos distritos. Por ejemplo, mientras un alumno de la Ciudad de Buenos Aires pierde, en promedio, 13 días de clase al año, un estudiante de Chubut pierde 37, casi el triple. Siguiendo esa línea, en los 12 años de escolaridad desde primer grado hasta el último curso de secundaria, un chico chubutense pierde 2 ciclos lectivos y medio. En los últimos años, incluso más por la alta conflictividad entre los Gremios y la Gobernación.
No todas las huelgas tienen el mismo impacto. En la Provincia de Buenos Aires, que tiene un promedio de 28 paros convocados por año desde 1983, se suelen sentir más que en Mendoza (18), por ejemplo, donde en el último tiempo las huelgas no afectan el normal desarrollo de la actividad escolar.
Según los cálculos, los distritos que históricamente menos paros tienen son la Ciudad de Buenos Aires (13), Misiones (14) y Formosa (17). En el otro extremo, las de mayor conflicto son Chubut (37), Tierra del Fuego (32) y Tucumán (32).
Al interior de las Provincias, agregan, se dan corrimientos muy grandes. En 2018, por caso, Chubut tuvo 78 días de paro docente y Neuquén, 53. Santa Cruz sufrió en 2017 más de 100 días de huelga. Más lejos en el tiempo, en los ‘90, la movilización conocida como la “Carpa Blanca” se extendió durante 33 meses.
El documento señala la “ineficiencia” de las medidas de fuerza. “Los alumnos han visto trastocadas sus trayectorias escolares, sus aprendizajes fueron interrumpidos, y los docentes, lejos de obtener respuestas a las problemáticas que aquejan sus tareas en las aulas a diario han obtenido como resultado una pérdida drástica del poder adquisitivo de sus salarios, como consecuencia directa de muchas acciones entre las cuales los paros docentes han contribuido como un factor de merma en el ingreso”.
En la misma línea, Facundo Lancioni Kaprow, secretario general de SEducA, expresó: “Estos números duelen, principalmente porque no nos asombran. La sociedad está acostumbrada a los paros docentes. Cualquier persona dentro de la comunidad educativa sabe la incontable cantidad de días de clase que se pierden. No lo escondamos más. Este modelo resultó dañino para los chicos, sus familias, y también para los docentes”.
Los datos recogidos corresponden a la sumatoria de paros “informados” por las conducciones de las escuelas, con o sin descuento, pero también a aquellos en los cuales “no se pasó el paro” para evitar que se descuente el presentismo. Según el Sindicato, se trata “una práctica común en las escuelas, y que deja de relevancia la importancia de generar espacios de diálogo con la comunidad educativa para graficar fielmente el problema”.
Con el foco en los paros de maestros, la semana pasada, la oposición presentó hoy un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio estratégico esencial. El texto, que elaboró el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, busca que las escuelas estén abiertas todos los días que establece el ciclo lectivo, incluso en aquellas jornadas en las que haya un paro.
De ese modo, el sistema de educación obligatoria nacional -desde nivel inicial hasta la secundaria- pasaría a ser considerado un servicio esencial al igual que los hospitales, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo. Eso implica que se debe garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción, con guardias mínimas, que deben incluir al 50% de los directivos, docentes y auxiliares.
Al respecto, Ana María Borzone, investigadora del Conicet, especialista en lectura, señaló: “Muchos países consideran que la educación es un servicio estratégico que no puede dejar de prestarse. Lo que hay que instrumentar son los medios para que los chicos siempre tengan clases y las escuelas estén siempre abiertas. Garantizar el derecho a la educación”.
El proyecto exige como mínimo el cumplimiento del calendario escolar. En caso de un imponderable -inclemencias climáticas, problemas de infraestructura y otros imprevistos- prevé que los días deben recuperarse en las vacaciones de invierno o en diciembre.
Para Borzone, si bien sería un avance importante, no alcanza con asegurar los días de clase. “Se necesitan fijar objetivos de logro de aprendizaje”, remarcó. “Por ejemplo, a fin de tercer grado todos los chicos tienen que aprender a leer con fluidez. Eso permite que se evalúen los avances y, en todo caso, revisen las prácticas pedagógicas. Pero si el sistema no fija objetivos, es imposible levantar el listón”, agregó.
