El Gobierno prepara un decreto para reformar el control de los gastos y de la contabilidad de las universidades. Los equipos técnicos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del secretario de Educación, Carlos Torrendel, trabajaron la medida, que se publicará en las próximas horas en el boletín oficial.
El Ejecutivo quiere imponer que las universidades hagan sus compras y contrataciones a través de los portales “Comprar” y “Contratar”. Forman parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, que depende del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y de su vice, José Rolandi. Se trata del sistema que utiliza el Estado para abrir licitaciones, realizar contratos de locación y adquirir materiales.
La Casa Rosada decretará también que las universidades deban dejen el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) para que adhieran al Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para poder registrar la gestión del presupuesto y la ejecución del gasto. Los borradores los trabajó también el equipo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
La mesa técnica de Balcarce 50 prepara también cambios en la forma de contratación entre distintos organismos del Estado, como ministerios y universidades. Apuntan a evitar la contratación directa y buscan centralizar los procesos a través de licitaciones, que tengan la intermediación de Educación.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostienen que cumplirán “todo lo que involucre la Constitución Nacional y las leyes”, pero rechazan la disposición de que Nación modifique la forma de ejecución del gasto de las universidades. Sostienen que “los entes autárquicos no están atados a las disposiciones del Ejecutivo”.
Es por eso que no descartan una judicialización de la medida y aseguran que señalarán “todo lo que no cumpla con el marco legal actual de la Argentina”. Expresan además que la forma en la que los ministerios y organismos públicos contratan otras entidades abarca un “plano mucho más amplio” aunque no están en contra de la implementación de licitaciones.
Según pudo saber TN, el Gobierno espera que el decreto termine en instancias judiciales, pero sostiene que “tuvo varias revisiones”. En los pasillos de Balcarce 50 apuntan contra las autoridades de la UBA y mantienen la postura de que “no presentaron ninguno de los documentos para que los auditemos”.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 -que preside el juez Santiago Carrillo- rechazó ayer la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las auditorías a la UBA. El Ejecutivo ahora busca que “tengan que cumplir los mismos estándares que en la administración pública” para sus compras y contrataciones.
