El polémico programa encargado por la Presidente está basado en un anteproyecto del ministerio de Julio De Vido, que facilita la expropiación de terrenos por razones sociales.
Una nota escrita por Laura Serra para LA NACION, explica que el Gobierno tiene en elaboración un proyecto de ordenamiento territorial que, de ser convertido en ley por el Congreso, le conferirá al Estado atribuciones extraordinarias sobre la propiedad privada de la tierra. En efecto, el borrador de esa iniciativa -que auspicia el Ministerio de Planificación – facilitará las expropiaciones si lo amerita el interés colectivo, que es, a juicio del texto oficial, el bien superior al cual estarán sujetos el uso y la propiedad del suelo.
El anteproyecto, que figura en la página web del ministerio que conduce Julio De Vido, promueve que cualquier propiedad privada pueda ser declarada de utilidad pública y expropiada por el Estado (con compensación económica) si así lo dispone el gobierno de turno en función del ordenamiento del territorio que planifique. El Estado podrá también imponer subdivisiones, edificaciones o, directamente, avanzar sobre inmuebles privados que declare ociosos «cuando la situación socioterritorial lo requiera».
Esta iniciativa se diseñó en el seno del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan), coordinado por la subsecretaria de Planificación Territorial, Graciela Oporto. Ese mismo Consejo Federal fue mencionado por el jefe de bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, cuando justificó el origen de su propuesta de eliminar las barreras arquitectónicas que separan a los countries y barrios cerrados del resto de la zona urbana.
Al ser consultados por LA NACION, los diputados Gustavo Ferrari (Frente Peronista); Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la UCR, y Oscar Aguad (UCR) rechazaron de plano este anteproyecto, al que calificaron de «peligroso» porque, advierten, viola una de las garantías constitucionales fundamentales: la de la propiedad privada.
Según el denarvaísta Ferrari, esta iniciativa constituye un eslabón más, junto con las reformas que impulsa el Gobierno del Código Civil y Comercial, del Código Penal y, eventualmente, de la Constitución Nacional, en su estrategia de «moldear un nuevo modelo de país» acorde con el relato kirchnerista. Esto importaría «una fuerte restricción de los derechos individuales con el Estado como protagonista.»
«Este anteproyecto de ordenamiento territorial propone un desmedido intervencionismo estatal, con restricciones y hasta privaciones sobre el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución, y condicionamientos a su libre uso y goce, justificándolos en conceptos tan difusos como el «interés público», que cada vez más se confunde con el interés del Gobierno, y el «desarrollo humano sustentable».»
Otro de los puntos controvertidos del anteproyecto es el que permitirá al Estado participar en los incrementos en la valuación de los inmuebles generada a partir de acciones urbanísticas públicas.
Por ejemplo, si el Estado decide construir una autopista en determinado lugar y, como consecuencia de ello, las tierras aledañas incrementan su valuación, el Estado podrá participar de este mayor valor inmobiliario.
Es lo que en el anteproyecto el Gobierno llama «recuperación pública de plusvalías», aunque sugestivamente deja supeditado a una reglamentación posterior su instrumentación.
«Este artículo [el de la plusvalía] es desopilante y peligroso -asestó Gil Lavedra-. Por supuesto, las normas de expropiación cuya utilidad pública se funda en la sola circunstancia de estar incluido el inmueble en un Plan de Ordenamiento Territorial son insostenibles. Lo mismo la de edificación obligatoria.»
Hay más: en el anteproyecto oficial el Estado no sólo tendrá prioridad para la adquisición de inmuebles, sino que también podrá gravar con un tributo especial a aquellos dueños de propiedades que no se sometan en tiempo y forma a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial.
INTERÉS COLECTIVO
El principio rector que guía las 35 páginas de la iniciativa (puede consultarse en http://bit.ly/SCoPOH ) es una mayor intervención del Estado en el ordenamiento del territorio, el cual deberá privilegiar el interés colectivo sobre el particular. Esta injerencia estatal se justifica, según el anteproyecto, en que el suelo es un «recurso natural no renovable y escaso» y, por lo tanto, su uso y ocupación debe ser regulado por el Estado en función del bien general y «los principios del desarrollo sustentable». Según el diputado radical Aguad, este anteproyecto oficial crea una serie de instrumentos que colocan al Estado como «amo y señor» del derecho de propiedad de los particulares.
«El Estado, en aras de la «organización territorial», puede intentar destruir la propiedad privada; hacerse propietario de inmuebles privados para proceder a su posterior distribución como le plazca; imponer tributos para quedarse con los inmuebles que no cumplan esos destinos prefijados; establecer cesiones de terrenos privados para cubrir necesidades comunitarias, para las cuales no hace falta ni siquiera una declaración de interés público», alertó.
Sin embargo, para los autores de este anteproyecto los derechos colectivos son el bien superior a preservar y, por lo tanto, el uso de la propiedad privada debe armonizarse «con los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud, la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente».
«El territorio argentino revela condiciones de inequidad estructural que se expresan en los asentamientos tanto urbanos como rurales. Este hecho reclama la regulación del uso del suelo sobre la base de su valor como recurso natural, económico y social», insiste la iniciativa oficial.
