Hay inconsistencias con el presupuesto, desfasajes con las distribuidoras y falta de detalles.
Los analistas energéticos quieren ver la reglamentación del nuevo plan Gas para opinar. De los anuncios de este jueves, se desprenden inconsistencias en el monto de las subvenciones en relación a las anunciadas previamente, poco detalle sobre cómo se hicieron los cálculos de los números anunciados y una mayor presión a las distribuidoras de gas, publica diario Clarín.
La secretaría de Energía manifestó que el costo fiscal de este nuevo plan es de US$ 1.491 millones. Sin embargo, en el proyecto de ley de Presupuesto, las subvenciones para producción de gas y plan Gas rondaban los US$ 850 millones. No queda claro cuál será el número final del año que viene.
El Gobierno justificó el estímulo para evitar un mayor declino de la producción. Elaboró escenarios de caída en ese sentido. Pero no hay números de cuánto costarían las exportaciones medidos en millón de BTU (la unidad de medida del sector), o con diferenciación si se trata de una importación de Bolivia o barcos de GNL.
Las importaciones hubieran sido de US$ 9.600 millones, según las proyecciones oficiales, mientras que ahora bajarán a US$ 4.000 millones. Clarín le pidió a funcionarios detalles sobre cómo está compuesto ese ahorro, con algunas ideas básicas, pero declinaron de informarlo.
El Gobierno tomó como escenario para hacer sus proyecciones la producción de gas de los últimos meses. Desde abril, todas las cifras están afectadas por el Covid-19. En julio -que suele ser un mes pico para el invierno- hubo menos producción que en enero, como consecuencia de la pandemia. YPF está un 27% por debajo en su producción de gas. Aunque se trata de anomalías, la secretaría de Energía utilizó ese escenario para hacer sus estimaciones.
Las distribuidoras de gas tendrán que pagar entre US$ 2 y US$ 2.50 por el gas que compren. La diferencia la saldará el Estado. Con las tarifas actuales, las distribuidoras de gas dicen no poder solventar sus costos. Metrogas -que depende de YPF- no está pagando el gas de los últimos tres meses.
Aunque el Gobierno promete un sendero de corrección tarifaria, el Enargas (regulador) se ufana que haya un atraso del 86%. El aumento recaería sobre los sectores de mayores ingresos, según prometen en el Poder Ejecutivo. Según especialistas, para alcanzar ese 86% pendiente, el aumento tendría que llegar a -como mínimo- todos los que no tengan tarifa social.
El Gobierno pretende despejar el sendero de temor a las importaciones de gas. En la industria no están seguros que vaya a evitarse.
«Es bueno que haya un anuncio», dice Juan Bosch, de Sadesa. «El funcionamiento del mercado del gas no es exactamente el de un mercado. Un tercio, el industrial, se paga al día, con el tipo de cambio correcto, y está regularizado. Otro tercio, el de gas que se usa para generación eléctrica, a veces se paga normal y otras veces atrasado, y con un tipo de cambio variable. El último tercio son las distribuidoras, que pagan atrasadas, y con un tipo de cambio que no es actual», grafica.
«Había que hacer algo de inmediato por el gas no convencional, porque tiene un precio de declinación muy rápido, mucho más que el no convencional», asegura.
«Al anuncio le faltan algunos puntos. El precio de US$ 3,70 por millón de BTU fue comunicado por los funcionarios a los periodistas, pero no está en ninguna reglamentación. También hay que ver la situación de las deudas con distintas compañías, porque se necesita el respaldo de todas para esta iniciativa», explica.
El precio en dólares que pagará el Gobierno podría verse afectado por una devaluación del peso. El Poder Ejecutivo tendría que orquestar algún mecanismo de bonos atados al tipo de cambio para generar confianza en los inversores.
En los borradores que circularon entre empresarios, hay un «premio» para quienes abastezcan al país. Se trata de permisos de exportación, para abastecer demanda de Chile, Brasil y hasta Uruguay, para poder venderles durante el verano.
