La causa por el robo de vacunas Sputnik V del Hospital Regional sumó un nuevo capítulo en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Es que los abogados defensores le pidieron al tribunal, integrado por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, el sobreseimiento de las 26 personas imputadas con distintos grados de participación en el hecho ocurrido en Enero de este año.
La audiencia de apelación contra la imputación realizada por la jueza Eva Parcio comenzó a las 10 y se extendió durante dos horas –según publica Diario El Patagónico-.
En su argumentación Fernando Wiernes, representante de Daniela Cocha -encargada de la Cámara de Vacunas del Hospital Regional- explicó que gracias a la actitud de la enfermera se pudo lograr corroborar el faltante de dosis. También subrayó la falta de elementos para trabajar ya que en el principio del plan de vacunación no existía un sistema de registro y todo se tenía que hacer de manera “manual”.
“Ella llevaba un registro por su parte. A su criterio, decidió abrir la Cámara (de Vacunas) la menor cantidad de veces posibles. Ella entendía que las vacunas estaban bien resguardadas. Esto no estaba prohibido y tampoco era su obligación recuperar las vacunas que habían sobrado (en un día de vacunación). Hay un montón de cosas que no son imputables a mi asistida”, consideró Wiernes.
“Estaba desbordada”
El abogado defensor de la enfermera destacó que “Cocha estaba desbordada” por todas las tareas que debía hacer y afirmó que siguió trabajando pese a que podía pedir licencia porque es considerada persona de riesgo, debido a sus patologías. “Ella estaba sola. Pedía que vayan a limpiar, pero no había gente porque se habían dado licencias. La imputación que se le hace es inexacta. Nosotros supimos cuántas dosis habían desaparecido por su trabajo”, aseveró.
“Su trabajo lo hizo y lo hizo bien. No le entregaron un formulario; lo hizo de forma autodidacta y bien porque gracias a eso nos enteramos que se robaron las vacunas”, dijo Wiernes, recalcando que la causa existe “gracias a ella”.
“Un soldado con una gomera”
Luego habló Guillermo Iglesias, abogado de los imputados del Sindicato de Camioneros, incluido su titular Jorge Taboada; y al jefe de Epidemiologia del Hospital Regional, Jorge Benítez.
Iglesias se sumó a la defensa de Wiernes sobre la tarea de Cocha catalogándola como “un soldado luchando con una gomera por Malvinas”, debido a la falta de recursos en un plan de vacunación a nivel nacional. Es por eso que también pidió el sobreseimiento de Benítez. “El que hace algo tiene consecuencias y el que no hace nada, no tiene consecuencias”, argumentó.
Para graficar el descontrol que imperaba en el Área programática, el letrado manifestó que hasta que denunció el robo de las dosis “llegaban las vacunas y no había un control formal” y subrayó que “dentro de la planificación de la vacuna no hubo planificación”.
Además, Iglesias manifestó que cuándo se descubrió el robo de vacunas Benítez tenía COVID-19 por lo que tuvo que volver a sus funciones después de que se conociera el hecho. “El volvió a trabajar después de que desaparecieron las vacunas”, afirmó.
“Cocha y Benítez se cansaron de pedirle personal a (la titular del Area Programática Sur, Miryám) Monasterolo. Tuvieron que comprar un talonario y hacer un Excel (para el seguimiento de las vacunas). Eso es lo que explica el resultado. Cocha tenía que ir a buscar las vacunas, dárselas a la enfermera que iba a vacunar y controlar”, subrayó.
“Es vacío el contenido”
Iglesias también pidió la anulación de la imputación para los integrantes del Sindicato de Camioneros por considerar que la resolución de Parcio “es una hipótesis; no lo puede afirmar. Ella piensa que se vacunaron. Del relato del hecho no surge el faltante de la primera dosis. ¿Qué argumento tiene ella? Dice que, en ese contexto de desorden, Muñoz se apropió de la vacuna para vacunar a Camioneros. Debería haber una prueba”.
El representante de Camioneros manifestó que le ofreció a la magistrada que una de las imputadas sea sometida a una prueba biológica para saber si tenía anticuerpos generados por la vacuna, pero Parcio lo rechazó. “No hay iniciativas probatorias que se hayan admitido. La jueza tiene que ser un árbitro ¿Qué prueba tiene? Ninguna. Es un vacío de contenidos”, criticó.
El abogado defensor consideró que la resolución es ideológica y política. “El delito de encubrimiento tiene cinco maneras y la jueza no los explica. Habla del delito de encubrimiento, pero no habla de modalidad. Cuando uno hace un encubrimiento, mancha la verdad, pero, acá, no hay ningún dato que se ocultó”, ratificó.
“Solo tienen los mensajes”
Analía Muñoz, enfermera del Hospital Regional y sobre quien pesa la acusación del robo de vacunas, es defendida por la abogada Laura Suárez Catrilaf. En su argumento para pedir anulación de la imputación, la letrada recordó la inadecuada seguridad que había en la Cámara de Vacunación del Hospital Regional y manifestó que nunca se encontraron los elementos que se tendrían que haber utilizado para mantener las vacunas (hay que recordar que necesitan una temperatura de menos 18 grados Celsius).
Además, Suárez Catrilaf sostuvo que “si hubo una sustracción (de vacunas) antes del 27 de enero, no se ha podido comprobar”, y aseguró que “en ningún momento se dijo que Muñoz tenía libre acceso (a la Cámara de Vacunación)”.
El pedido de sobreseimiento se basó en que “el único fundamento que se agrega dentro del expediente es sobre mensajes de texto entre Gabriela Torres y Muñoz”.
