El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM) anunció hoy que pedirá sanciones contra el abogado del militar imputado de aplicar torturas a soldados durante la guerra de 1982, que pidió la incompetencia del Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande con el argumento de que ni el país ni la provincia tienen soberanía sobre territorio malvinense.
El CECIM es impulsor y querellante en la causa penal en la que el juez Federal Federico Calvete dispuso, en diciembre, la indagatoria de 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas acusados de haber “estaqueado” y “enterrado” a soldados, entre otros actos de torturas contra la propia tropa, durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.
Para evitar la indagatoria del ex militar Ramón Eduardo Caro, el abogado de Río Grande Hernán Bazán Güemes presentó un escrito en el que cuestionó la competencia del juzgado fueguino, con el fundamento de que “la República Argentina no tiene lamentablemente soberanía sobre el territorio malvinense”.
Además, el letrado escribió que si bien se considera a las Islas Malvinas como parte de Tierra del Fuego, el archipiélago “debería constituir una provincia especial separada” sujeta a “los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal”.
El abogado del CECIM Jerónimo Guerrero Iraola declaró:
“Más allá del objetivo central de esta causa, litigar en Tierra del Fuego es un acto de reivindicación nacional. Por eso la actitud de este abogado no solo merece el mayor de los repudios sino que amerita la aplicación de sanciones disciplinarias”.
A su vez, el letrado consideró que este tipo de discusiones no hace más que “revictimizar” a las personas que “esperan justicia después de 37 años de finalizada la guerra”.
“El Estado es también responsable por haber generado las condiciones de impunidad para que este tipo de planteos puedan tener asidero”, concluyó el representante del CECIM.
Por su parte, el ex combatiente y periodista de Ushuaia Daniel Guzmán, sostuvo que “negar la pertenencia y soberanía de nuestras islas constituye uno de los artilugios legales más repugnantes jamás oído”.
Según Guzmán, hubo militares que “trasladaron a las Malvinas las mismas atrocidades que cometieron con la sociedad civil en el continente, y ahora están desesperados por escapar a la acción de la justicia”.
El planteo del abogado Bazán Güemes fue rechazado por la querella representada por el CECIM y por un dictamen del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, aunque no fue resuelto por el juez Calvete a cargo de la causa.
La causa 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982. La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el CECIM.
