Cristóbal López y el ex titular K de la AFIP Ricardo Echegaray están a un paso del juicio oral y público por defraudación al Estado. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que los procesados sean juzgados en la causa por la apropiación de $ 8 mil millones que debían ser destinados al pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por parte de la la petrolera Oil Combustibles, a la que la Justicia le dictó la quiebra días atrás.
A fines de abril la Cámara Federal de Casación dispuso la vuelta a prisión de López que fuera considerado autor del delito de «administración fraudulenta», al igual que Echegaray. En paralelo el juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso, ya inició los trámites para el envío a juicio oral de la causa, y ahora ya le fue presentado el dictamen de elevación con la acusación de Pollicita.
López, y Echegaray están procesados por el no pago de $ 8 mil millones que debían ser destinados al ITC de parte de Oil Combustibles entre 2013 y 2015, fondos que según las acusaciones se usaron para capitalizar a otras empresas del grupo.
«Tanto López, como Echegaray, deberían ser considerados coautores del ilícito, porque justamente ellos eran los obligados de receptar, cuidar, administrar y dar destino legal a los dineros públicos que dolosamente desviaron con fines espurios», indicó en su fallo el camarista Eduardo Riggi, que coincidió con su colega Gustavo Hornos que en la causa podría sumarse el delito de asociación ilícita.
Para Pollicita hubo una «asociación ilícita encabezada desde la cúspide del Poder Ejecutivo por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner», junto a funcionarios y «un reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente» a los expresidentes, como lo planteó el fiscal en otra causa, la de direccionamiento y corrupción en la obra pública en Santa Cruz. Para el fiscal, López está dentro de ese entramado de empresarios beneficiados por los Kirchner.
El fiscal ya había pedido identificar los activos de Echegaray para concretar el embargo de sus bienes, en su condición de procesado en la causa, además de reiterar su solicitud para que se levante el secreto fiscal sobre los bienes de López. El fiscal además había advertido sobre «una posible dilapidación» de bienes que «conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito».
La AFIP ya había pedido el juicio oral
Un mes atrás la AFIP, que es querellante en la causa, ya había pedido el juicio oral y público a los procesados, acusados de defraudación al Estado. En el escrito presentado por el abogado Ricardo Gil Lavedra ante Ercolini el organismo pidió que se los juzgue por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Para el organismo recaudador hubo en la maniobra investigada «un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción», durante el kirchnerismo, consideró al exfuncionario K como autor del delito y a los empresarios como partícipes necesarios. La AFIP consideró que durante la gestión de Echegaray hubo una «planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados», como lo planteó el abogado del organismo al pedir el envío a juicio oral de los procesados en este expediente.
«Cristóbal Manuel López, a través de la sociedad Oil Combustibles SA, utilizó indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico», advirtió la AFIP en el escrito. «La maniobra imputada consistió en la irregular incorporación mensual, en diferentes planes de pago generales y en el otorgamiento, por parte del ex Administrador Federal, de planes particulares, a la vez que se omitió ejecutar la deuda», afirmó Gil Lavedra.
