Los agujeros negros de la campaña: tras el escándalo por los aportantes truchos a Cambiemos en la campaña de 2017, el fiscal federal Ramiro González solicitó el levantamiento del secreto fiscal sobre empresas sospechadas de haber aportado en 2015. Investigan presuntas irregularidades a partir de pagos en efectivo hechos entonces por el Ente de Turismo de la CABA.
El fiscal federal Ramiro González abrió un nuevo capítulo del escándalo sobre presuntos aportantes truchos de las campañas electorales de Cambiemos. Le pidió al juez Ariel Lijo iniciar una investigación sobre irregularidades en la campaña de 2015 que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. En ese sentido solicitó el levantamiento del secreto fiscal sobre empresas sospechadas, así como también balances de gastos a los gobiernos nacional y porteño administrados por el macrismo.
El planteo fue hecho sobre la base de los testimonios de la causa en la que se probó que beneficiarios de planes sociales y algunas empresas fueron utilizados por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires como falsos contribuyentes en las legislativas de 2017.
El caso fue iniciado por el fiscal Jorge Di Lello, tras una denuncia de El Destape que salpicó directamente a la gobernadora María Eugenia Vidal, pero dejó como saldo averiguaciones sobre “referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial” de Macri.
El escrito hace mención a “e-mails y planillas de Excel relativos a diferentes proveedores en donde se podían observar llamativas citas tales como ‘IVA si corresponde’, ‘pagos cash’, etc”. Algunos de ellos «recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis”.
Por ello, en su requerimiento de instrucción, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 solicitó:
* A la Justicia nacional electoral, los estados contables sobre los gastos de campaña electoral de 2015.
* A los gobiernos nacional y porteño, los datos sobre al menos una docena de personas que ocuparon cargos públicos y que estarían vinculadas a esos hechos.
* Al la Inspección General de Justicia (IGJ), la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, todas supuestamente vinculadas a los ilícitos.
* A la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el levantamiento fiscal de esas empresas, así como también el “padrón completo, inscripción declaraciones juradas de impuestos nacionales”, e información sobre la compra-venta de inmuebles y bancarios, entre otras demandas.
El fiscal recordó, además, que en la causa abierta por Di Lello se “manifestó que existían correos electrónicos intercambiados entre integrantes del Ente de Turismo de la CABA con el proveedor identificado como ‘CAP publicidad SRL’ en los que se presupuestaban”, entra otros materiales, “globos, sombrillas, lapiceras y banderas con el slogan de Cambiemos y la leyenda ‘Macri 2015’, por aproximadamente 5 millones de pesos, figurando en la rendición de cuentas poco más de 600 mil.
