La medida fue dispuesta a través de la Resolución 2105/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, en cumplimiento con lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio y el Banco de la Nación Argentina (BNA).
En el marco de ese convenio, se procedió a realizar un informe de la situación de los beneficiarios del plan, con corte al 5 de julio de 2023, y se comprobó que «existe un total de 144.424 cuentas susceptibles de ser cerradas por no registrar acreditaciones ni saldo en los 90 días previos a la fecha de corte del informe», se precisó en los considerandos de la resolución.
«Las cuentas bancarias respecto de las cuales se solicitará su cierre son aquellas que, habiendo sido abiertas en el marco de un programa de asistencia social o con el objeto de abonar alguna prestación de dicha índole, ya no se encuentran vinculadas a aquellos o destinadas a ese tipo de acreditaciones por parte de este Ministerio de Desarrollo Social ni hayan registrado acreditaciones de dicha índole en los últimos 90 días», se explicó.
La cartera encabezada por Victoria Tolosa Paz puntualizó que «se encuentra frente a la imperiosa necesidad de desvincularse de una serie de cuentas que se encuentran inactivas y que entorpecen la ejecución de los programas sociales», aunque aclaró que ello «no implica que el Banco Nación continúe su relación con los Titulares de Derecho con la finalidad de cumplir con la inclusión financiera».
La nómina de los titulares (con nombre, apellido, DNI, CUIT, número de cuenta y CBU) están detallados en cinco anexos de un total de 2.331 páginas que acompañan a la resolución.
Las personas allí mencionadas cuentan con un plazo de 5 días «a los fines que manifiesten ante la autoridad bancaria su voluntad de mantener abiertas las cuentas, asumiendo la titularidad exclusiva respecto de aquellas», se agregó.
Entre los fundamentos de la medida se indicó que «la dinámica y complejidad del abordaje de la política social exige la adopción de acciones con el objeto de mejorar y robustecer el control interno, la administración y el de propender a un mejor funcionamiento del Programa».
Entre esas medidas, estuvo el «análisis del padrón total de beneficiarios de prestaciones vinculadas con el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’ y otros programas, lo que incluyó un análisis del universo de cuentas bancarias abiertas con relación al pago de dichas prestaciones», todas ante el Banco Nación.
El 13 de agosto de 2020, el Ministerio firmó un Convenio Específico de Colaboración con el Banco Nación, que buscó establecer «los mecanismos de colaboración a los fines de administrar de forma eficiente las cuentas bancarias destinadas a los titulares de derecho de los diferentes programas sociales», se recordó en la resolución.
Al respecto, se precisó que el Ministerio «carece de relación con los titulares de las cuentas bancarias que ya no tienen movimiento» y por tal razón no tiene «la posibilidad de continuar habilitando el uso de dichas cuentas», tarea que, aseguró, le compete al Banco Nación «en razón de su obligación de lograr la inclusión financiera de los sectores más vulnerables».
