Piden cuatro años de prisión y medio millón de dólares al imputado por la masacre de pingüinos

Los jueces Eve Ponce, María Martini y Carlos Richieri resolverán la pena en el plazo legal estipulado para dictar sentencia. No lo harán de manera pública en una audiencia, sino por escrito y de forma electrónica a las partes.

lunes 11/11/2024 - 18:22
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La fiscal Florencia Gómez, que investigó el caso y los abogados querellantes, pidieron cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento en contra del productor ganadero Ricardo La Regina tras ser hallado culpable la semana pasada de los delitos de daños agravados y crueldad animal al afectar con una máquina retroexcavadora una colonia de pingüinos al norte de Punta Tombo. Fue en la audiencia de cesura de pena realizada en el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Los jueces Eve Ponce, María Martini y Carlos Richieri resolverán la pena en el plazo legal estipulado para dictar sentencia. No lo harán de manera pública en una audiencia, sino por escrito y de manera electrónica a las partes.

Hasta el momento se realizó el debate probatorio para determinar la existencia del hecho y la culpabilidad. El tribunal ya resolvió que Ricardo La Regina es culpable de los hechos que se investigaron. Este lunes se inició el debate en función de que las partes soliciten la pena que le podría caber.

Prisión

Para la fiscal Florencia Gómez, el imputado era consciente de sus actos y la fragilidad del ciclo reproductivo del pingüino afectado por el paso de la retroexcavadora utilizada. Dijo que su conducta fue de “crueldad hacia los pingüinos además de otras especies afectadas por el paso de la máquina pesada”. Destacó la “muerte de 240 pingüinos que ya no podrán cumplir con su ciclo reproductivo”. Afirmó que su actuación “no tuvo lógica” y que nunca pidió permiso para realizar esas tareas porque “no se lo hubiesen concedido”. Dijo que el daño generado fue “gravísimo con consecuencias también para las generaciones futuras”. Concluyó en solicitar la pena de cuatro años de prisión.

Pena en lo económico

Por su parte el querellante Martín Castro además de coincidir con la fiscal general Gómez, se refirió a la necesidad del resarcimiento, la reparación del daño y su afectación al Estado. También pidieron el resarcimiento económico “superior a los 500.000 dólares”, las costas del proceso, la cesión de 500 hectáreas para proteger la fauna allí existente,

Por su parte el abogado querellante Eduardo Hualpa, representante de entidades ambientalistas coincidió con lo solicitado por la fiscal general Gómez y el otro querellante, Martín Castro. A las penalidades económicas, agregó el decomiso de la máquina retroexcavadora que el imputado utilizó para los movimientos de tierra en función de su actividad ganadera. Hualpa hizo alusión a la necesidad de determinar con claridad los objetivos de los bienes y dinero, en caso que el Tribunal haga lugar a lo pedido por los acusadores.

Alegato del defensor

Por su parte el defensor Ruffa destacó “la ausencia del Estado” para prevenir este conflicto, la existencia de un camino que ejecutó el tío del imputado sin que el mismo Estado realice denuncia alguna, y el conflicto familiar que lo llevó a realizar los movimientos de tierra, sin que el mismo Estado intervenga a pesar de los reclamos del imputado.

Afirmó que su asistido “nunca tuvo intenciones de producir ese daño”, además de fundamentar las razones por las cuales no es necesario el decomiso de la máquina y que la superficie de terreno que se pretende incautar, “resulta un tanto exagerada”.

Afirmó además que el imputado es solo “administrador del campo” y que la propiedad del mismo sigue perteneciendo a la totalidad de su familia.  Concluyó en pedir un año de prisión.

Los testigos

Iniciada la cesura de pena, la fiscal general Florencia Gómez, incorporó como testigo al biólogo Alejandro Borboroglu quien refirió a la cantidad de nidos afectados y el tiempo de recomposición de la colonia de Pingüinos, y Mario Rostagno, especialista en suelos, indico que la recomposición del suelo y la flora en el sector llevaría entre 10 y 20 años, ambos expertos idóneos para evaluar y cuantificar los daños producidos por Ricardo La Regina.

Lo mismo y con similares argumentos hizo Martín Castro, querellante en representación de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de ofrecer documentales para mensurar los daños en la flora del lugar. También el querellante Eduardo Hualpa ofreció testigos para también medir los daños causados y la reparación de los mismos.

Los jueces convalidaron la presencia de los testigos de las partes en esta etapa de cesura de pena.

Continuando con los testigos, Fernando Clavera, testigo de la cesura de pena por parte del querellante Castro. Clavera es licenciado en ciencias geológicas especializado en cuestiones ambientales. Actualmente es socio gerente de una empresa privada dedicada a los estudios ambientales.

Otto Wohler fue testigo del querellante Eduardo Hualpa. Es especialista en pesquerías y medio ambiente. Llevado al debate por el querellante Eduardo Hualpa, se refirió al recurso natural, sus ciclos naturales, el ciclo biológico del pingüino y la explotación turística del mismo.

Testigos de la defensa

Mónica Maldonado fue la primera testigo de la defensa del imputada. Es prima hermana de la madre del imputado con colaboración en las tareas rurales de la familia de Ricardo La Regina. Dio cuenta de aspectos familiares y el rol del imputado en ese aspecto y las tareas de explotación ganadera.

Beatriz Plaza también fue testigo de la cesura de pena presentada por el defensor Ruffa. Es la madre del imputado y contó cómo la investigación afectó a su entorno familiar y la importancia del rol de Ricardo La Regina en su rol de hijo, sostén de familia y trabajador rural.

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