Tras el anuncio del ministro de Energía, Javier Iguacel, de que liberará el precio del petróleo, las empresas del sector le piden un sendero concreto de precios de los combustibles hasta que se complete ese proceso.
Como explicó La Política Online, Iguacel determinó días atrás poner fin al acuerdo que Juan José Aranguren había cerrado con el sector para ponerle un techo al precio del barril de petróleo (66 dólares en junio, 67 en julio y 68 en agosto) y establecer un esquema de suba de las naftas de 3% por mes hasta diciembre. El fin de semana, las empresas subieron entre un 5% y un 8% los combustibles, por encima de lo acordado.
Un detalle no menor es que después de la firma del acuerdo de Aranguren con las petroleras la devaluación se profundizó y el sector, que tiene los precios atados al dólar, sufrió pérdidas bastante mayores a las esperadas. En el mercado creen que el piso mínimo de corrección que necesitan es de un 30 por ciento, aunque entienden que no podrán trasladar todo el costo a los surtidores.
En la industria recibieron positivamente la decisión de Iguacel aunque pretenden que el Gobierno imponga un sendero de precios con entrada y salida, es decir con porcentajes de aumentos acordados hasta una fecha concreta para corregir el efecto de la devaluación y luego sí la liberación del mercado.
Por ahora, el Gobierno no está respondiendo concretamente al pedido de las petroleras y todavía no define una línea clara para que acomoden los precios. La idea parece ser que YPF -que controla el 55% del mercado- marque la pauta de los aumentos, sabiendo que el resto de las petroleras se suele mover al ritmo de la estatal. Eso fue lo que sucedió este fin de semana.
Se trata de una suerte de intervención oficial encubierta, lo que algunos definen como un sistema de libertad vigilada del mercado de combustibles. Por el acuerdo con el FMI y la urgente necesidad de generar confianza a los inversores extranjeros, el Gobierno no quiere aparecer interviniendo directamente, por eso apuesta a esta estrategia.
En las petroleras privadas dicen que entienden este esquema pero no les sirve y tampoco es sostenible en el tiempo, porque en cualquier momento alguna puede decidir un aumento fuerte, muy por encima de los últimos porcentajes, y el mercado se desmadra.
Más que nada lo que dicen en las petroleras es que necesitan tener certidumbre sobre los precios, aunque eso implique que el precio del barril sea controlado. Porque lo que necesitan es tener un número concreto, algo que hoy no se sabe, para poder decidir sus inversiones. No es menor para el Gobierno que el sector energético es el único que ha aportado inversiones grandes.
Las negociaciones siguen en curso y en el mercado imaginan que podría haber alguna concesión para las empresas para que los aumentos no se disparen. Un tema importante para el sector es que el Gobierno tiene frenadas las exportaciones de crudo, con lo que podrían eludir los precios más bajos del mercado local.
