Metrogras dejó de abonarles el gas a las petroleras, el que compra para llevarlo después por redes hasta los hogares y los comercios, y las petroleras decidieron embargar sus cuentas y otras, cortarle el suministro. En medio de ello, presionan al Gobierno para que defina qué pasará con las tarifas, y advierten que «es imposible que el Plan Gas funcione si la cadena de pagos está rota».
Pan American Energy (PAE) consiguió que la Justicia embargue las cuentas de Metrogás, que dejó de pagar en Septiembre el gas que le compró en Junio, Julio y Agosto. El del invierno. Mientras que, Pluspetrol y Tecpetrol también iniciarían acciones legales contra las distribuidoras, según publica Urgente 24.
Pluspetrol y Tecpetrol pudieron interrumpir el suministro de gas a Metrogas porque son proveedores menos importantes de la distribuidora controlada por YPF. Le aportan sólo 230.000 y 70.000 metros cúbicos diarios (m3/día) de gas, respectivamente. Su menor tamaño les jugó a favor: si PAE y Total, por ejemplo, le hubiesen cortado el gas a Metrogas habrían comprometido el suministro físico del sistema, obligando al Enargas a convocar de urgencia a un comité de emergencia para solucionar esa situación. No era aconsejable llegar a ese extremo.
Pero lo cierto es que los productores también buscan enviar un mensaje al Gobierno, que no termina de definir qué hará con las tarifas de gas.
«La cadena de pagos del gas está en jaque. Por ahora, la única distribuidora que dejó de pagar el gas fue Metrogas, pero si no hay una señal clara del Ejecutivo el resto de las gasíferas seguirá el mismo camino en los próximos meses», analizaron en una petrolera.
Si bien el secretario de Energía, Darío Martínez, trabaja por estos días en la letra chica del nuevo Plan Gas que apunta a estimular la producción del hidrocarburo, como el Estado suele demorarse en el pago de los subsidios a los productores, las empresas reclamaron una garantía adicional para asegurarse que efectivamente van a cobrar las compensaciones en tiempo y forma.
Y quieren definiciones: «De nada sirve que el gobierno garantice el pago de los subsidios, si después las distribuidoras no tienen ingresos vía tarifas para pagar el gas que consumen los usuarios residenciales», explicó un ejecutivo del sector. «Es imposible que el Plan Gas funcione si la cadena de pagos está rota», agregó.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y Martínez afirmaron en los últimos días que la intención, aunque supeditada a cómo avance la pandemia, es descongelar las tarifas a fin de año, pero el interventor de Enargas, Federico Bernal, que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, declara en la dirección contraria.
«En el caso de decidirse por (aplicar) tarifas de transición, las mismas no podrán entrar en vigencia el 19 de diciembre por una simple cuestión de tiempos, ya que su elaboración, incluyendo lo relativo a la convocatoria a audiencias públicas y sus respectivos plazos, insumirá varios meses», afirmó en las últimas horas Bernal.
El Esquema Gas 2020-2023 contempla un seguro de precio que pretende asegurarle a los productores un ingreso de unos US$3,70 por millón de BTU por el gas que extraigan en los próximos tres años. Tal como fue diseñado el programa, la idea es que los usuarios residenciales paguen a través de tarifas unos 2,50 dólares de ese total y el Estado cubrirá el US$1,20 restante. Sin embargo, si el peso acelera su devaluación por las tensiones cambiarias, las tarifas deberían aumentar en pesos bastante más de lo que prevé el gobierno (como tope un 30%) para equivaler un precio en boca de pozo de 2,50 dólares, tal como pretende el Gobierno.
Así, la sustentabilidad del esquema está jaqueada por lo que suceda con la macroeconomía. Por eso es clave, desde la óptica de las petroleras, saber qué sucederá con las tarifas de gas.
Las petroleras aspiran a visibilizar esa agenda yendo contra Metrogas, distribuidora controlada por YPF, que es por ahora la única que incumplió sus contratos de compra de gas. El resto sigue pagando sus obligaciones mensuales, aunque con algunas demoras.
«Podría haber pagado alguno de los tres meses de invierno que dejó impagos», reclamaron.
Allegados a Metrogas, en cambio, explican que su principal problema es financiero. En 2019 la compañía rolleó parte de su deuda comercial para cancelar compromisos crediticios en dólares. Eso le generó un buco financiero por alrededor de $ 8000 millones. Su situación es diferente a la del resto de las distribuidoras, que no tiene una deuda en dólares tan abultada.
Además, lejos de mejorar, en septiembre la cobrabilidad del sistema empezó a resquebrajarse. Se registraron un 15% más de facturas impagas que las proyectadas. Los productores quieren, frente a ese escenario, que el gobierno explique cómo defenderá la cadena de pagos antes implementar la subasta de gas que prevé el nuevo programa de estímulo. Saben que, si no hay definiciones, en algún momento las otras distribuidoras seguirán el camino de Metrogas y discontinuarán sus compromisos comerciales.
En este marco, declaraciones como las de Bernal sobre que cualquier cambio tarifario demorará «varios meses», no hace más que sumar confusión al respecto.
