Aumento en los precios de los combustibles, incertidumbre con el dólar y producción de petróleo. A continuación, la opinión de Emilio Apud, ex secretario de Energía y Director de YPF en representación del Estado. Una voz cercana al gobierno de Mauricio Macri.
El precio del petróleo dejó de ser intervenido por el Estado en septiembre 2017, luego que se cumpliera la condición de que el barril internacional, con el Brent como referencia, mantuviese por una semana un valor cercano a los US$ 60. La decisión, anunciada desde el inicio de la nueva gestión de gobierno, fue saludable y normalizó una situación irregular iniciada por el kirchnerismo en su afán intervencionista, fijando precios políticos para una commodity según sus intereses coyunturales, siempre de sesgo populista.
Así, cuando en la década pasada, el crudo alcanzó picos de US$ 130 el barril con una media sostenida durante casi 10 años de US$ 80, impuso a la industria un valor arbitrario del orden de los US$ 40 y cuando en 2014 se produce el desplome, inventa el ‘barril criollo’, con un precio que llegó a duplicar al internacional ante el temor político de llevar a la quiebra a mas de una provincia petrolera y generar despidos masivos en la industria.
En el primer caso, produjo una caída acentuada de la producción y reservas, pero tuvo a la población contenta por tener acceso a los combustibles más baratos de la región cuyos precios respetaban el anclaje al barril internacional, materia prima con incidencia en el costo del combustible del orden del 80%. Claro que después al revertirse la situación esa alegría trocó en bronca de los consumidores locales.
En cambio, si no se hubiese intervenido en ningún momento el precio del petróleo, las empresas se las habrían arreglado para, mediante políticas anticíclicas, manejarse en épocas de precios bajos.
Sin embargo, desde que el Gobierno del presidente Mauricio Macri retoma la referencia internacional el año pasado, las variables que inciden en el precio de los combustibles (precio del barril internacional, la cotización del dólar y el precio de los bíos, todavía regulado por el estado) jugaron en contra al alinearse conjuntamente al alza, provocando una presión sobre el precio de los combustibles con gran incidencia en el índice inflacionario.
Actualmente la situación se agravó ante la disparada del dólar exacerbada por el aumento de la tasa en Estados Unidos y el inesperado aumento del precio del petróleo internacional ante eventuales conflictos en Irán, tercer productor de la OPEP y Arabia Saudita, por la decisión de Donald Trump de salirse del acuerdo de no proliferación nuclear en la república persa.
Estos resultados alcistas en el petróleo y sus derivados hicieron que localmente comenzaran otra vez las presiones intervencionistas, no solo de la oposición, sino también de algunos miembros de Cambiemos.
Afortunadamente la firmeza del Presidente y su ministro J.J. Aranguren, evitó dar marcha atrás un acuerdo que le permitirá al país poner en valor su inmenso potencial hidrocarburífero.
La industria, atendiendo a la difícil coyuntura fiscal y cambiaria en un clima de presiones inflacionarias, accedió al pedido del Gobierno de no aplicar el aumento que las variables antes mencionadas indicaban, durante 60 días y recuperarlo a partir de julio.
El sector energético avanza hacia una liberación amplia de las operaciones tanto en el mercado local como en la importación y exportación de petróleo, gas y combustibles. Ha normalizado el segmento regulado del gas y la electricidad eligiendo autoridades en los entes reguladores como indica la ley luego de 13 años de intervención gubernamental y se está cerca del objetivo de sanear las tarifas liberando a toda la economía de subsidios injustos e insostenibles.
El Gobierno ahora debería apuntalar todas estas medidas buscando consensos, en la parte racional de la oposición, en las industrias, en los sindicatos y demás organizaciones de la comunidad, para que estas medidas puedan permanecer por décadas y terminemos con los bandazos que han caracterizado a nuestro país en los últimos 70 años.
Los inversores, emprendedores y empresas, deben recuperar la confianza que perdieron en el país a raíz de políticas erráticas de las últimas décadas. Tenemos inmensos recursos energéticos que requieren de inversiones que fructifican en décadas.
En consecuencia, debemos recuperar la seriedad perdida para que inviertan en el país y considero que, si se afianza la actual política, se generarán las condiciones para lograrlo.
