Lo prometido es deuda, dice la popular expresión. En este caso, y pese a la infinidad de dudas que generaba el compromiso oficial entre los empresarios –más aun considerando que se trataba de acceder a un bien escaso como es hoy el dólar–, el Gobierno cumplió con su palabra y comenzó a liberar, hace más de diez días, un conjunto de permisos de importación que estaban frenados y que ponían en riesgo la producción de muchas empresas.
“Si firman el convenio, van a poder importar con mayor facilidad y acceder a las divisas en menos tiempo”, les había planteado a las compañías el ministro de Economía, Sergio Massa, en un escenario en el que las famosas SIRAs no estaban saliendo y las que se aprobaban, tenían fecha de pago a 180 días -según publica Infobae-.
Aunque ya estaba vigente el acuerdo en las cadenas de supermercados, las empresas se resistieron un tiempo a firmar, pero luego concretaron y eso les permitió visualizar una mayor flexibilización en el ritmo de aprobación de las SIRAs y un menor plazo para acceder a las divisas oficiales, según un relevamiento con las principales firmas de consumo masivo.
“Firmamos a mediados de diciembre, nos aprobamos las SIRAs que necesitamos y además unas de unos proveedores que nos podían parar la producción. Estuvimos en situación crítica, pero luego de la firma eso se normalizó. Ahora veremos cómo sigue, pero hasta enero/febrero estamos bien con los insumos”, dijo una fuente de una de las empresas. En otra compañía explicaron que tenían trabadas un grupo de SIRAs y les aprobaron casi la totalidad y a los plazos acordados con los proveedores, que oscilan entre los 30 y los 90 días.
“Si bien es una buena señal, hay que ver cómo sigue para adelante, ya que la cantidad de pedidos de importación que hay es muy grande, pero empieza a destrabarse”, dijeron en esa empresa.
“Más que por haber firmado la participación en Precios Justos, lo que no quieren es tener problemas con el abastecimiento del programa, y eso va atado a la aprobación de las importaciones”, precisó el directivo de otra firma alimenticia, tras coincidir en que “se liberó lo más crítico para evitar quiebres de stock”.
Para las alimenticias no sólo era importante la liberación de los permisos, sino también, y no menos importante, la reducción de los plazos de pago, ya que hasta a las grandes empresas se les estaba complicando obtener financiación a seis meses de sus proveedores o de entidades bancarias. En muchos casos, les habían cortado las entregas hasta que no cumplan con los pagos de las deudas.
Las pequeñas y medianas empresas están en peor situación, pero a estas firmas se les suele aprobar con plazos menores.
Desde la Secretaría de Comercio, en tanto, aseguraron que ya hay firmados convenios con 128 empresas y eso les permite salir a fiscalizar. Sin papeles, el Gobierno no tenía forma de imponer una multa si detectaba alguna infracción. Respecto del cumplimiento de Precios Justos, las fuentes consultadas afirmaron que los precios se están cumpliendo, el abastecimiento mejoró -aunque todavía hay que trabajar en eso- y lo que más está costando es la señalética, donde están analizando de qué forma reforzar la visualización del plan.
Los supermercados plantean sus quejas de que el abastecimiento está flojo, en torno al 60%, pero en el Gobierno afirman que ronda el 80% y que cuando avizoran algún problema, contactan a la empresa y lo que reciben como respuesta es que entregaron menos porque la falta de importaciones afectó la producción. El alimento que sí está con problemas de abastecimiento más complicado es el aceite, pero tiene que ver con la finalización del fideicomiso privado que subsidiaba el precio del producto en el mercado interno y la indefinición de cómo va a continuar. Por lo pronto, las empresas aceiteras dejaron de entregar a los supermercados porque no tienen garantizado el subsidio.
