Las irregularidades detectadas por la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez expuso cómo el otorgamiento de este beneficio funcionó como una política social de asistencia, sin cumplir los criterios médicos exigidos por la normativa. El marcado aumento que se produjo en la cantidad de beneficiarios durante los gobiernos kirchneristas revela que hubo una decisión oficial de darle un beneficio a personas de bajos recursos, en muchos casos, en función de intereses o favores políticos.
Según los datos oficiales de la ANSES analizados por Infobae, a junio último, las pensiones por invalidez sumaban 1.213.293 en todo el país. La cifra representa el 3% del total de la población.
Este tipo de beneficios lo reciben personas que, debido a un grado de discapacidad acreditada, no pueden trabajar por invalidez. Su monto en julio fue $220.907 por mes. Esto implica una erogación para el Estado que supera los USD 3.600 millones anuales, según el cálculo realizado por Infobae. La cifra a fin de año terminará siendo superior, ya que ese valor sufrirá ajustes en el segundo semestre.
Una auditoría ordenada por el actual director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, sobre una muestra piloto de 2.559 casos arrojó que sólo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos. Sin embargo, en base a situaciones irregulares en distintos expedientes y el trabajo en conjunto con la Justicia, “se presume que podría haber irregularidades en el 40% de las pensiones otorgadas”, según la ANDIS informó a Infobae.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EQDI5EHBGRF65LDWOREIESUX24.jpg%20420w)
Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad
En la revisión que inició la Agencia en los primeros meses de 2024, detectó que “se otorgaron gran cantidad de pensiones por pobreza en un organismo que debe dar pensiones por invalidez laboral”. Entre las irregularidades encontradas, figuran médicos utilizando el mismo estudio médico para cientos de casos; médicos que dieron pensiones sin matrícula habilitante, o con matrícula inhabilitada; médicos a los cuales punteros políticos les habrían usado la matrícula para hacer certificados médicos y así entregar pensiones a personas que no cumplían con los requisitos normativos.
Desde la Agencia advirtieron que la nueva gestión se encontró un sistema de pensiones por invalidez laboral “poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”. En su mayoría estaba en papel y el proceso entero de otorgamiento no estaba en un solo software, por lo que la información estaba atomizada y no se encontraba digitalizada en su totalidad.
En ese sentido, en un reporte enviado al Senado en mayo pasado, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse informó que “la ANDIS está trabajando para cambiar el proceso a uno 100% digital, moderno, eficiente, eficaz, trazable, transparente, automático, objetivo y justo, que permita reducir el tiempo del trámite para el solicitante en un 75% (hoy demora entre dos y tres años) y que garantice el pleno derecho de quien merezca acceder a este beneficio”.
Para tener un número preciso de beneficios otorgados irregularmente, en agosto, la ANDIS iniciará una auditoría exhaustiva en todo el país. “La idea es que no se quite ningún beneficio que corresponda, y que se den de baja todos los que fueron mal otorgados”, señalaron fuentes de la Agencia. “Hay que tener en cuenta que los marcos normativos se fueron modificando y flexibilizando en anteriores gestiones, lo que hizo más fácil que se pueda acceder a la pensión, aún en casos que quizás no hubiera correspondido por no cumplir con los requisitos de invalidez o discapacidad”, agregaron.
Según el último decreto sobre las pensiones por invalidez, Nro 7/2023, dictado en enero de 2023 durante la gestión de Alberto Fernández, para poder ser beneficiario la persona debía “encontrarse imposibilitada o imposibilitado, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”. Este requisito “se acreditará mediante la presentación de Certificado Médico Oficial (CMO), suscripto por profesional médico o médica de establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad y con la evaluación socioeconómica” realizada por este organismo.
No pueden recibirla quienes tengan un trabajo formal o reciban otra pensión o haber; quienes no sean argentinos nativos, naturalizados o residentes en el país. Entre los requisitos también figuran no poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes.
Las irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones ya venían siendo investigadas en la Justicia Federal de la Capital por el fiscal Guillermo Marijuan, con el que la ANDIS está colaborando, y por el fiscal Carlos Amad en Chaco. Hay, además, investigaciones judiciales abiertas en Entre Ríos, Mendoza y Corrientes.
Qué pasó desde 2003
En 2003 eran 80.593 las pensiones por invalidez, según los datos de la ANSES procesados por Infobae. Desde ese año comenzaron a subir progresivamente hasta llegar a la cifra actual de 1.213.293 el mes pasado.
En 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, se produjo una fuerte suba interanual del 38%, que implicó que pasaran a ser 123.458 pensiones de este tipo. Sobre el final de su gobierno, 2007, ascendieron a 201.477 con un crecimiento respecto del año anterior del 30%.
Sin embargo, el mayor aumento se dio en la presidencia de Cristina Kirchner. La mayor suba porcentual de un año a otro se registró en su primer mandato, cuando hubo un aumento del 41%: crecieron de 264.311 en 2008, a 372.715 en 2009. Al año siguiente, ya superaban el medio millón (35% más de suba en un año). Y para final de su gobierno, en diciembre de 2015, alcanzaban 1.058.835 pensiones.
En la gestión de Mauricio Macri, la suba en la cantidad de beneficiarios se frenó. Durante los dos primeros años, los aumentos no superaron el 2%, y se registró un descenso en 2018 y 2019, de entre el -1% y -2%.
Al final del gobierno de Cambiemos eran 1.040.461, pero con la llegada de Alberto Fernández, volvieron a subir, con un pico del 7% en 2023, cuando hubo 138.408 altas y llegaron a un total de 1.208.487.
En lo que va de 2024, se otorgaron 27.649 pensiones por invalidez laboral, de las cuales 21.728 habían sido iniciadas en años anteriores, según precisaron desde la ANDIS. Las iniciadas y entregadas en 2024 fueron solo 5.921.
Las provincias que lideran el ranking
La provincia de Buenos Aires concentra casi el 25% de los beneficiarios de todo el país. Sin embargo, este valor no puede compararse con el del resto de las provincias debido a las diferencias en la densidad poblacional.
Del cálculo de la tasa de pensiones por invalidez por cada 100.000 habitantes surge que Chaco lidera el ranking, con 8.686 beneficios de este tipo sobre esa base poblacional.
Como reveló Infobae esta semana, el fiscal federal de Chaco investiga el otorgamiento de la pensión por invalidez a unos 800 beneficiarios, el 10% de la población del municipio chaqueño de Taco Pozo. En ese expediente caratulado como “defraudación contra la administración pública”, fueron imputadas nueve personas, entre los que están el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, sería aprobado por la ANDIS.
El dinero exigido por parte de los “reclutadores” figura en varios cuadernos secuestrados en los allanamientos. “El 97 por ciento de esas pensiones no contributivas por discapacidad laboral son truchas”, le dijo el fiscal Amad al periodista de este medio Andrés Klipphan.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T7ZRMFV36JAVFBA2FUHDDJX2TI.jpg%20420w)
Una de las anotaciones secuestradas por la Justicia federal de Chaco en la investigación sobre irregularidades en las pensiones por invalidez
Según la reconstrucción que hizo este fiscal federal chaqueño, “la maniobra delictiva consistía en reclutar personas quienes se les pedía una suma de dinero para acceder a los beneficios de una pensión no contributiva, estas personas se encontraban en una lista que se manejaba en la Municipalidad de Taco Pozo, a donde debían recurrir para apoyar con su voto o de otras formas a la gestión del Intendente Ibáñez de la localidad de Taco Pozo, Chaco, quien es intendente de dicha localidad hace más de 20 años”.
De acuerdo a la investigación, la mayoría de los beneficiarios trabajan, a pesar de cobrar una pensión completa por tener una presunta discapacidad del “86%”. Cumplen funciones en la misma municipalidad, y se les certificó enfermedades como “mal de Chagas, diabetes y distintas luxaciones”.
La segunda causa que investiga Amad en Chaco involucra – hasta ahora – a 23.206 beneficiados, por el mismo delito, en 37 localidades de la provincia de Chaco como Villa Río Bermejito, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno, Corzuela, Charata, La Breñas, Pinedo, Villa Ángela, Tres Isletas y Castelli, entre otras.
En el dictamen, el fiscal describió que las autoridades nacionales de la ANDIS, para autorizar la pensión no contributiva por invalidez, solo “procedían a verificar si este médico se encontraba dentro del listado de médicos Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (REFEPS) remitida por el Ministerio de Salud de la Nación” y si el nosocomio “se encontraba entre las lista de Hospitales en el REFES (Red Federal de Establecimientos de la Salud”. Una vez corroborado esto – precisó Amad- “sin auditar el diagnóstico, se resolvía si correspondía su otorgamiento o no”.
Las otras provincias con la mayor tasa de pensiones por invalidez en relación a su población son Santiago del Estero (7.840 por cada 100.000 habitantes), Formosa (6.670), Misiones (6.357) y Corrientes (5.899).
En el otro extremo, las que tienen menores valores son la Ciudad de Buenos Aires (848) y Tierra del Fuego (699).
Edad y género
El 52% del total de los pensionados por invalidez en el país son hombres y el 48% mujeres, dea acuerdo al procesamiento de los datos oficiales hecho por Infobae.
En relación a la distribución por grupos etarios, casi la cuarta parte (23%) son personas de entre 50 y 60 años de edad (281.787), de las cuales el 56% son mujeres (156.595) y el resto varones. El segundo grupo en cantidad es el de aquellos que tienen entre 40 y 50 años: 250.989, que representan el 21% del total.
Hay 33.799 menores de 10 años, y otros 123.219 beneficiarios de entre 10 y 19. Ante la consulta de Infobae, desde la ANDIS señalaron que los beneficiarios menores de 18 años son unos 110.000 y esas pensiones fueron “efectivamente otorgadas”, aproximadamente la mitad, entre 2020 y 2023. Explicaron que el decreto 432/97 original establecía que la pensión era para personas en edad laboral, pero “después se fue modificando con resoluciones, y se fueron otorgando a menores”.
