En los últimos días de 2023, el puerto de Rawson, en Chubut, se hizo viral porque los estibadores que trabajan con la pesca en esa provincia regalaban langostinos a quienes se acercaban. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) estaba en pie de guerra con los empresarios de la estiba y con el Gobierno provincial y paralizaron esa industria.
La situación implicó que cientos de toneladas de esos mariscos quedaran bloqueadas en las cargas de los barcos y sin posibilidad de salir hacia las plantas procesadoras. Como iban camino a no estar aptos para el consumo, se decidió regalar a la gente que fuera a buscar. El conflicto aún continúa y tiene en vilo a ese distrito patagónico.
La industria pesquera, junto con la petrolera, es la que genera mayor actividad económica en Chubut y, sobre todo, la que da más cantidad de puestos de trabajo. En la provincia estiman que ocupa a cerca de 16.000 trabajadores de forma directa, entre estibadores, marineros, capitán, maquinistas que manejan los barcos, transportistas y trabajadores de las plantas procesadoras -según publica Infobae-.
A finales de diciembre del 2023, la nueva conducción del SUPA exigió una actualización salarial del 160% a las empresas del sector, nucleadas en la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh). Aparentemente, los estibadores perciben una remuneración mensual de $9.000.000. No obstante, cabe señalar que trabajan cuatro meses por año, que es lo que dura la temporada de pesca. Además, se trata de una actividad pesada, que implica mucho esfuerzo físico y trabajo en horarios nocturnos o de madrugada.
Los empresarios de la CAFACh manifestaron su desacuerdo con el pedido de actualización del SUPA y sostuvieron que no pueden afrontar la remuneración exigida. Los estibadores amenazaron con paralizar la actividad y, en efecto, lo hicieron.
En el gobierno provincial calculan que los paros del gremio generaron pérdidas por 125 millones de dólares y por 5 millones de dólares por los langostinos que se pudrieron en los barcos de carga.
“Es normal que paren, porque tienen el derecho constitucional para hacerlo, pero no es normal la extorsión de no descargar los barcos y dejar que se pudra la carga”, sostuvo Andrés Arbeletche, secretario de Pesca de Chubut.
“No le encontramos ninguna vinculación política. Son tan ridículos los planteos que es gente que no tiene ningún tipo de consciencia”, agregó el funcionario. Nacho Torres, gobernador provincial, siguió de cerca el tema y a principios del año inició una demanda penal contra el SUPA, a través de la fiscalía de Estado local, por los daños ambientales ocasionados a partir del conflicto gremial, bajo el concepto de “ecocidio”.
“En principio fue un reclamo por seguridad e higiene, luego por un reclamo salarial y después hubo denuncias de los empresarios al SUPA por extorsión y coimas, por el daño que se ocasionó a la carga de langostinos”, detalló Arbeletche en comunicación con este medio.
El 3 de enero, el Ministerio de Trabajo de Chubut emitió una conciliación obligatoria hasta el 31 de enero que obligó a los estibadores a retomar con sus actividades. En el Gobierno local aseguran que la situación no está resuelta, porque notan una “intransigencia” en el reclamo de los sindicalistas y entienden que la situación se agravará a partir de febrero.
Chubut es la provincia que aporta el 74% de las descargas de langostinos que se realizan en el país. Se estima que en total la provincia produce 90 mil toneladas de ese marisco por año. El 95% de esa producción se exporta, mientras que 5% restante es para consumo interno.
Alexis Gutiérrez, secretario General de la seccional Chubut del SUPA, aseguró en declaraciones a Télam que “el paro se produjo porque varias empresas que tienen vinculación con la CAFACh se niegan a aceptar el último aumento salarial que fue firmado por nuestra patronal”.
Desde el gobierno provincial y desde la CAFACh manifestaron que el reclamo es “delirante”. A su vez, señalan que la dirigencia del SUPA impone que las empresas pesqueras contraten a determinadas empresas de estiba de carga y descarga en puertos, “porque prefieren trabajar con las marcas que les resultan afines”, apuntaron desde la Gobernación.
Actualmente, el conflicto gremial está judicializado, con una serie de demandas cruzadas. En la semana hubo allanamientos a viviendas de dirigentes del SUPA y se sustrajeron computados, dispositivos y documentación de los domicilios investigados. La situación tiene en alerta a la provincia y aún no se puede asegurar que la tensión se calme en el corto plazo.
