El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén lleva adelante un paro de actividades en una planta de procesamiento de arenas de la empresa YPF que se suma a otras medidas de fuerza que se vienen concretando en yacimientos rionegrinos de la empresa.
La huelga se cumple por reclamos salariales de unos 200 trabajadores que no fueron acordados pese a la conciliación obligatoria que vence el próximo viernes dictada por la Secretaría de Trabajo de Neuquén. Aunque el Ministerio de Trabajo de la Nación pidió intervenir, su participación no fue aceptada por la entidad gremial porque «viola el federalismo y la autonomía de la provincia».
Este conflicto se suma a otro desatado la semana pasada en 4 yacimientos en la zona de Catriel que obligó a la intervención de la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras.
Los empresarios y el Gremio conducido por el ex senador Guillermo Pereyra dispusieron volver a reunirse el próximo viernes para llegar a una solución definitiva.
«Los trabajadores de las otras dos plantas de arena que hay en la cuenca están encuadrados en el Convenio 644/12 mientras que los de YPF no. Trabajan 12 horas por día y viajan 4 desde y hacia la planta y cobran 50.000 pesos cuando deberían estar percibiendo el doble», dijo el gremialista petrolero.
Pereyra, quien enfrenta una dura interna gremial y procesos judiciales -ambos incrementados después de perder su banca en el Senado y la presidencia de la estratégica comisión de Energía ahora en manos de los kirchneristas Silvia Sapag y Darío Martinez- también adelantó que se paralizarán trabajos en otras empresas contratistas de YPF como CISA SA, Temi SRL e Ibáñez Instalaciones.
El sindicalista petrolero –según publica Urgente 24– las acusa de firmar contratos eventuales que dejan a los trabajadores fuera de convenio o favorecen a la UOCRA con quien el Gremio petrolero mantiene un largo y violento conflicto. Las arenas compactas son un elemento clave para la perforación en los yacimientos no convencionales.
La situación laboral en Vaca Muerta se viene complicando desde que el anterior Gobierno de Mauricio Macri congeló el precio de los combustibles, lo que provocó un fuerte malestar en las empresas productoras, muchas de las cuales comenzaron a paralizar equipos y a despedir a unos 1.200 operarios.
Sin embargo, la situación no llegó al paro general de actividades por la intervención del propio presidente, Alberto Fernández, y de su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes recibieron a los principales ejecutivos petroleros y a los sindicalistas petroleros.
Para este fin de enero, la situación en el principal emporio petrogasifero de la Argentina distaba de ser la esperada por quienes el año pasado invirtieron más de US$5.000 millones.
Los Gremios habían anunciado un paro general de actividades para el pasado 28 cuando cayera la conciliación obligatoria y se atenuó con la intervención presidencial. Sin embargo, las malas liquidaciones salariales fueron aprovechadas por el gremio para dictar este paro de hoy pese al acercamiento de Pereyra con Fernández, en clara contraposición a la línea que siguió el gobernador Omar Gutiérrez con Macri.
«Sabemos que la situación del Gobierno es complicada y nosotros vamos a acompañar, pero no lo vamos a hacer con compañeros en la calle», dijo Pereyra en su momento, pero al mismo tiempo le pidió a Fernández que frene las suspensiones y los despidos en el sector y baje las retenciones, un reclamo de toda la industria que mira expectante y con desconfianza lo que puede hacer el Gobierno, especialmente con la ley petrolera que se discutirá en el Congreso.
«No nos queremos meter en la discusión de precios que lleva adelante el Gobierno, pero entendemos que en un escenario donde hay un crecimiento del crudo por los conflictos bélicos se podría trabajar en un sendero respecto del congelamiento del litro de combustible. Lo mismo con el tema retenciones. Entendemos que se puede marcar un camino y proponer bajar de 8% a 5% para aquellas empresas que más inviertan», propuso Pereyra ya fuera de la banca pero con fuerte peso gremial en una industria clave para la provincia y el país.
Sin embargo, para el Gobierno la prioridad hoy es otra: «Primero la deuda, Vaca Muerta después». Ese es el mensaje que bajaron desde el Frente de Todos y que dejó abierta la posibilidad para que el tratamiento legislativo de la ley de blindaje se postergue hasta después de marzo, o en el peor escenario, hasta mitad de año.
Las proyecciones para los no convencionales no ofrecen buenas perspectivas. Nadie sabe con certezas qué va a pasar y los planes de la mayoría de las petroleras de capitales extranjeros están puestos para el segundo semestre del año.
Hace rato que el problema de los no convencionales dejó de ser el desconocimiento del subsuelo y pasó a ser lo que está arriba, principalmente la macroeconomía y la poca cintura que queda para acelerar los desarrollos ante la presión de la deuda.
«Hasta que no esté resulta la macro, no tiene mucho sentido juntarse y acordar objetivos si no sabes si vas a entrar en default en un mes», le dijeron a ese medio desde una de las operadoras con desarrollos masivos en la formación.
Y el gremio va en la misma línea, saben que en el corto plazo pueden volver a circular los telegramas.
«El tema de los despidos está solucionado, pero está pegado con Cintex», definió Pereyra. Y sumó: «Si no se arregla el tema de fondo que es el precio en boca de pozo, el de los combustibles, las retenciones y todo lo que mencionan las empresas que es la causa por la cual se bajaron los equipos, vamos a volver a lo mismo».
Lo que piden desde el sector privado y los gremios es previo a lo que puede aportar la ley de blindaje. «El tratamiento de la modificación de la ley de hidrocarburos está bien, pero los temas que hoy tienen frenada la actividad no los toca la ley», aseguró Pereyra.
«La ley busca darle una cierta idea de largo plazo. Exceptuando el tema caliente que es básicamente si se les va a permitir a las empresas saltar el cepo, el resto son cuestiones que pueden resolver con resoluciones», expresó una importante fuente del sector.
«Nadie hubiese cuestionado nada si Fernández (por Alberto) no decía que la ley se podía tratar en febrero», opinaron desde una petrolera.
