Las consecuencias del conflicto que estalló hace una semana en Añelo, la puerta de acceso a los principales yacimientos de Vaca Muerta, amenazan con extenderse más allá de las fronteras neuquinas.
Se trata de grupos de autoconvocados del sector de Salud, conducidos por dirigentes de izquierda que no responden a Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, que mantienen desde hace una semana cortados unos 20 puntos en distintas localidades del interior de la provincia que gobierna Omar Gutiérrez, del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN).
El epicentro está en Añelo, pero con el paso de los días los cortes se extendieron hacia Zapala, Plaza Huincul, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Chos Malal y Villa la Angostura.
Por este motivo la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta quedó paralizada. Unos 18 equipos de perforación, otros tantos de workover, tres sets de fractura y unidades de coiled tubing y wireline están desafectadas, porque los trabajadores no pueden llegar hasta las locaciones, según informó el diario ‘Río Negro’.
En tanto, ya se empezó a registrar afectación en la producción (se frenaron pozos sin telemetría que no se pueden operar de forma remota) y faltantes de combustibles en las estaciones de servicio.
Actualmente, las petroleras como YPF, Shell, Vista Oil&Gas, Pluspetrol y PAE tienen sus operaciones paradas.
Es uno de los peores conflictos registrados en la principal provincia energética del país en los últimos años. Un conflicto que si bien partió de un reclamo salarial de trabajadores de la salud, que frente a la pandemia cuentan con gran apoyo de la sociedad, luego se extendió a otros actores que incorporaron una agenda diferente. Así el reclamo se extiende y complejiza.
Por caso, las comunidades mapuche Paynemil, Kaxipayiñ y Campo Maripe cerraron el acceso a rutas petroleras que atraviesan sus territorios para presionar por una mayor participación en el negocio de servicios petroleros, además de agrupaciones sociales representados en el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que se plegaron al conflicto para elevar la visibilización de su demanda por tierras y viviendas dignas.
La respuesta desde el Gobierno provincial hasta ahora fue anunciar un bono de $10.000 durante tres meses a los manifestantes. Así, con la denominada «asignación COVID» trataron de destrabar un conflicto que compromete el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros productos a una amplia zona de la Patagonia.
La asignación, que ya fue aprobada por el Gobierno de Neuquén, consiste en una suma adicional de 30.000 pesos para todos los trabajadores de la salud, que se abonará en 3 cuotas de 10.000 pesos. La primera de ellas se depositará este mismo viernes, junto a la segunda cuota de 7.500 pesos correspondiente a un bono de 15.000 pesos acordado previamente. Además, se prevé la realización de una nueva mesa de negociación en junio para ajustar la pauta salarial de cara al segundo semestre.
«Esta propuesta para los trabajadores de la salud es impulsada por el gobernador Omar Gutiérrez, en pos de solucionar el conflicto y en reconocimiento por la labor que realizaron durante el año pasado«, dijo el ministro de Economía e Infraestructura de la provincia, Guillermo Pons.
La ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, manifestó en tanto que «la provincia ha planteado un máximo esfuerzo y entendemos que va a ser propicio para transcurrir estos meses hasta la mesa salarial de julio para enfrentar esta pandemia y ponerle fin a este conflicto«.
Además, aseguró que los trabajadores autoconvocados fueron escuchados por la provincia y, por ende, se espera que den por finalizadas las medidas de fuerza: «El Gobierno les pidió que levantaran las medidas de fuerza en las rutas y no accedieron. Ellos pidieron una mesa de diálogo, la provincia aceptó formar parte de un espacio de diálogo, les pidió que flexibilizaran esas medidas de fuerza y, a pesar de ello, sostuvieron esas medidas que no solo no se flexibilizaron, sino que se endurecieron, llegando ayer a 14 cortes en toda la provincia«.
La respuesta de los manifestantes no fue la esperada. El delegado del personal autoconvocado, Marco Campos, dijo que la ‘asignación COVID’ otorgada «no cumple» con sus expectativas, aunque significa «un avance» en las negociaciones con el Gobierno. El martes por la noche las asambleas de los trabajadores en distintos puntos de la provincia continuaron debatiendo los pasos a seguir y los cortes de ruta siguen.
«Nos dieron un bono por tres meses pero lo que pedimos nosotros es un aumento del sueldo básico, que nos devuelvan lo que deberíamos haber cobrado el año pasado según la inflación. Es un acuerdo que el Gobierno firmó el año pasado y no respetó«, aseguró Campos.
«Nosotros fuimos a una mediación judicial, donde nos llamaron a las dos partes. Estuvimos tres días tratando de llegar a un entendimiento con representantes del Gobierno y la verdad que fueron intransigente e irresponsables. Nos tuvieron horas dando vueltas sin decirnos una palabra acerca de los reclamos que venimos planteando. Así que ahora pasamos de no discutir nada a que ellos tengan que empezar a poner un poco de plata. Los trabajadores tenemos que rescatar eso como un paso adelante en la organización que estamos dando«, se sinceró.
Alejandra Jara, trabajadora del área de Radiología del Hospital Dr. Castro Rendon de Neuquén, también se mostró en desacuerdo con la asignación otorgada por el Gobierno: «No queremos un bono. Desde el año pasado se nos adeuda alrededor de un 40%. Nosotros teníamos un arreglo que estaba firmado con el Gobierno provincial de aumentos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que no se concretó por la pandemia. Lo sostuvimos pensando que en cuanto mejoraran los ingresos de la provincia nos iban a pagar lo que nos deben«.
«El gremio ATE, que en realidad nuclea a todos los empleados estatales, agarró la primera oferta que hicieron, que era de un 12% y después de un 15% para todos los organismos. Los trabajadores de la salud vivimos la pandemia y nos pareció totalmente absurdo que hayan aceptado esa oferta. Por lo tanto, de ninguna manera estamos dispuestos a seguir aceptando sumas en negro porque sabemos lo que significa eso para adelante. Nosotros buscamos una recomposición salarial, además de otros ítems«, explicó.
Por estos motivos, Jara aseguró que los cortes de ruta van a continuar, mientras debaten en asamblea otras medidas de fuerza: «Nosotros no estamos acostumbrados a esto. La gente tiene que saber que hace 40 días empezamos con este conflicto y hace seis que se corta la ruta. Pero todos los días anteriores a los cortes no tuvimos ninguna convocatoria de parte del Gobierno. Ahora salen a decir que hay que levantar los cortes y que mostremos buena predisposición, pero a nosotros no nos aseguraron nada. Si levantamos la medida no va a haber posibilidad de avanzar en nada«.
Hasta ahora, la Secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez, que tiene aspiraciones políticas en la provincia, evitó intervenir en el conflicto. Tampoco lo hizo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ni su par de Seguridad, Sabina Frederic. Acaso, ¿no debe intervenir Gendarmería en las rutas nacionales?
En Energía explican que «es un conflicto por un reclamo salarial a la gobernación provincial». «No tenemos competencia en esa agenda«, agregaron.
El problema es que, si los cortes se extienden, empezarán a afectar los plazos de ejecución de los proyectos apalancados por el Plan Gas. La concreción de esos desarrollos en tiempo y forma es clave para garantizar el abastecimiento del fluido para el invierno. Más cuando la oferta disponible en el sistema está apretada. Una demora en los planes de perforación de una o dos semanas puede parecer una cuestión menor, pero con los meses de frío tan cerca no lo es.
Según explicaron fuentes privadas al sitio especializado ‘EconoJournal‘, si el conflicto se extiende, «estudian apelar a la cláusula de fuerza mayor incluida en los contratos para justificar un eventual incumplimiento de los volúmenes de gas comprometidos«.
Además, otro de los riesgos del conflicto es que termine re-legitimando a los cortes como modalidad del reclamo. «Si la gobernación (neuquina) termina resolviendo el conflicto únicamente con plata, lo más probable es que en poco tiempo tenga varios conflictos similares«, analizó otro directivo de la industria.
Las empresas petroleras saben que si el conflicto se desmadra y se extiende en el tiempo, las esquirlas del reclamo terminarán incidiendo la negociación paritaria con los gremios petroleros.
YPF y el resto de la cúpula petrolera buscaron la semana pasada descomprimir la tensión con los sindicatos. En esa clave, Pablo González, Marcos Bulgheroni y Hugo Eurnekian, entre otros, recibieron a los líderes gremiales en la torre de Puerto Madero. Quedaron en empezar a discutir los condiciones técnicas para negociar la paritaria 2021/2022 y analizar si hay margen para recomponer la paritaria 20/21 que otorgó una suba salarial inferior a la inflación que efectivamente se registró en el período.
«Será clave ver cómo se resuelve el conflicto. Si los autoconvocados obtienen una suba del 30% o 40% como reclaman será difícil, incluso para los líderes sindicales, alinear a las bases de los gremios. Hoy, lo prioritario es levantar los cortes de ruta«, interpretaron en una empresa.
Eso fue lo que exigió como condición para negociar el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, José Gerez, que llamó a las partes a una mediación penal. Sin embargo, los autoconvocados no cumplieron con ese pedido y la vía judicial está estancada.
