En la audiencia de control de detención del empresario detenido en el marco de la Causa ‘Revelación’, el fiscal Marcos Nápoli hizo referencia a la viralización de la declaración del ex ministro Coordinador y sostuvo que “vamos a intentar desde la Fiscalía diseñar algún programa informático” para brindar mayor seguridad. Consideró que “fue obra de alguna parte de la defensa” y se buscará reforzar las medidas de seguridad”.
Por su parte, el abogado defensor de Pablo Bastida, Fabián Gabalachis, remarcó que la imagen que se difundió de él y su defendido en Tribunales “fue captada por la cámara de seguridad del edificio. En este caso no puedo tener otra conjetura que esa información salió del edificio de Tribunales”. Durante la audiencia, se describió el rol de Bastida en la causa y se remarcó que “los hechos descriptos se califican provisoriamente como delito de asociación ilícita en carácter de miembro y en concurso material con acciones ilegales como partícipe necesario”.
Nápoli informó que se busca “tomar conciencia del daño que provoca a quien depone como parte informante en la investigación sino también a todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Este daño provoca cierta inquietud en la comunidad”.
“Con el respeto que merece el doctor Gabalachis, sé que jamás de sus propias manos podría salir una situación de éstas. Sí debo decir que nosotros creemos que esto fue obra de alguna parte de la defensa que tuvo acceso a los videos en crudo”, indicó.
Y detalló que “el Código tiene sus herramientas para disponer reglas especiales de actuación cuando surgen situaciones que visualizan una forma temeraria de mitigar. Esto tiene implicancias no solo en el propio ministerio público, sino también en la comunidad en su conjunto”.
“Quiero llamar la atención de esta situación y vamos a intentar desde la Fiscalía diseñar algún programa informático para que con un sello de agua o cuestiones similares puedan no alterarse este tipo de entrevistas que son fílmicas porque son más flexibles y ágil para luego desgravar y tener acceso a cierta información”, sostuvo.
Además, remarcó que “esto viene a cuentas de que muchas veces la defensa se queja de que tardamos en entregar el material. Vamos a tener que tomar cada vez más recaudos para que estas situaciones no afecten”.
Gabalachis
Por su parte, Gabalachis indicó que “quizás levantaría la sospecha porque en el día de ayer al momento que acompañé al señor Bastida a dependencias del Ministerio Público Fiscal, lo hicimos por ingreso del cuerpo médico. Es un subsuelo de la fiscalía de Trelew y desde ese lugar me comuniqué con el doctor Nápoli que estábamos a la espera de personal policial a fin de hacer la entrega. Esta imagen en Tribunales donde sólo nos encontrábamos el señor Bastida y yo fue captada por la cámara de seguridad del edificio de Tribunales y esa captura luego fue viralizada a través de las redes sociales”, planteó.
“En este caso, no puedo tener otra conjetura de que esa información salió del edificio de Tribunales” agregó en declaraciones publicadas hoy por el sitio web ADNSur.
Juez Piñeda
El juez Sergio Piñeda indicó que “de cualquiera de las partes o quienes no son parte también, acá hay personas que en principio estarían implicadas o tendrían que ver con investigaciones que se están llevando a cabo. Hay que entender que estamos ante el estado de inocencia. Todos sabemos lo largo de un proceso penal, no son los tiempos que la mayoría quisiera ver y puede llegar a pensarse que estas personas involucradas en los hechos como en cualquier otro, no pueda llegar a probarse la conducta”.
Además, indicó que “estas personas tienen familia, amigos y no estamos hablando de que se están condenando. Lo que dije en la apertura de investigación es que no era una audiencia preliminar. Me parece muy bien el tomar los recaudos necesarios y eso siempre existió dentro del resguardo del dato como se le dice, pero también me doy cuenta que muchas cosas aparecen en la prensa que supuestamente alguien lo está diciendo y me entero por los diarios si va a haber declaraciones”.
Y remarcó que “me parece muy bien que haya un resguardo por parte de fiscalía como así también poner en conocimiento a los defensores y querellantes”.
Respecto a la acusación contra Bastida, el fiscal Nápoli detalló que “Diego Correa y el exministro de Economía Pablo Oca, contando con el aval expreso o tácito por el entonces gobernador de la provincial, de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse decidieron conformar una asociación ilícita de carácter permanente con distribución clara de roles que alcanzara la diversidad de actos delictivos propios de tal convergencia y que tuviera por principal objeto recaudar dinero y en especial retornos de empresas constructoras que realizaban obras públicas por montos millonarios”.
“Ellos mismos tuvieron la llave maestra para el pago inmediato que las compañías debían cobrar de las obras certificadas. Cisterna, Carpintero y Oca decidieron repartirse las tareas del plan criminal, acordaron que Cisterna definiría la modalidad de la recaudación y el modo en que debían saldarse, cumplida esta laboral inicial continuaba la labor de Oca quien ordenaba a sus dependientes de tesorería a quienes pagar y a quienes no. Carpintero se ocuparía de la agenda del gobernador mientras que Correa administraría parte de los fondos ilegítimos, repartiendo los sobresueldos que beneficiaba a un número mayor de integrantes que sumaron sus voluntades a un acuerdo criminal”, remarcó.
Y agregó que “nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores era desconocido por los restantes, funcionaban con una sincronización de roles y era tal la cohesión que las decisiones quedaban a merced de los cuatro funcionarios. El plan sufrió variaciones y Cisterna se alejó de su rol”.
A su vez, se consideró que “Bastidas era el encargado de retirar el dinero mal habido de diferentes lugares y en la propia Cámara de la Construcción, iba a las empresas o esperaba que le alcanzaran los retornos en un inmueble. Esta labor era desempeñada con pleno conocimiento del origen de los fondos, aparte de beneficiarse hacia lo propio con su jefe”.
“Esta y no otra eran principal objeto de la asociación ilícita con la que Bastidas contribuyó. Su aporte era de sustancial importancia porque al ser el valijero encubría y protegía al líder del plan criminal. Por tal motivo, Bastidas es considerado miembro de la asociación ilícito”, remarcó.
En cuanto al segundo hecho, el fiscal detalló que “a mediados de 2015 y como consecuencia de la falta de pagos de certificado de obras por parte del gobierno provincial, la razón Ledesma SRL que se encontraba realizando varias obras en Comodoro y Sarmiento se encontraba fuertemente endeudaba con el Banco Chubut. Esta situación se mantuvo hasta 2016, en aquella ocasión y luego del anuncio de un bono de 650 millones de dólares, se anunció que un porcentual se destinaria a la reactivación de la obra pública”.
“Generó expectativas en el rubro de la construcción y el ingeniero concluyó a una reunión donde fue informado que habían sido convocados por Cisterna quien les hizo saber que solo percibirían quienes accedan a pagar un retorno del 3% del monto total de cada orden de pago”; detalló.
Y agregó que “se acordó que los aportes exigidos debían entregarse en la Cámara y sería la entidad que luego llevaría sumas dinerarias a Cisternas a través de Pablo Bastidas. Fue así que Almeida y Ledesma inmersos en el ahogo financiero accedieron a cumplir con la exigencia ilegal e hicieron entrega de los cheques”.
“El ministro Oca ordenó que de inmediato se libre la orden de pago. El monto total ascendió a los 295.510 pesos y fue ingresada a una caja negra. Finalmente distribuidos entre los funcionarios y otros que se sumaron al plan criminal. La actividad que desplegó Bastidas fue la de retirar los cinco cheques de la Cámara de la Construcción”, sostuvo.
El tercer hecho “ocurrió entre marzo y abril de 2017 cuando teniendo plena conciencia de su accionar, Bastidas se hizo presente en dos oportunidades en una empresa a los fines de retirar fondos, quien dada la situación financiera no tuvo más remedio que acceder a la exigencia de Cisterna. El monto obtenido por Bastidas rondaría los 250 mil pesos que se corresponderían al 3% del certificado de obras”, comentó.
Finalmente, afirmó que “la calificación jurídica provisoria y general, los hechos descriptos se califican provisoriamente como delito de asociación ilícita en carácter de miembro y en concurso material con acciones ilegales como partícipe necesario de los hechos y en concurso real”.
