Tras la reciente firma del «blindaje» a Vaca Muerta, un acuerdo con los sindicatos y las cámaras empresarias para evitar medidas de fuerza en los yacimientos no convencionales, empresarios de la industria petrolera se reunieron con el fiscal general José Gerez para analizar la conflictividad social y cuáles son «las situaciones que se dan en la provincia, de manera general y en torno al desarrollo de la actividad» y en ese contexto ver «las necesidades que los empresarios tienen para poder invertir en Argentina». Los reclamos mapuches son uno de los puntos de conflicto. Por eso avanzan ahora en un «blindaje penal».
Según publica urgente24.com, hace un año la orden fue clara: «Vaca Muerta tiene que estar libre de conflictos y mapuches». Según publicaba el diario ‘La Mañana de Neuquén’ entonces era esa «la orden que se bajó desde las altas esferas del gobierno nacional en este ‘cambio de clima’ que propone la gestión del presidente Mauricio Macri».
El contexto nacional era otro, y el gobernador de la provincia, cuyo partido siempre tuvo una buena relación con las comunidades, optó por no decir demasiado, sobre todo en tiempos en que el caso Maldonado era noticia.
Pero todo cambió. Pasó Maldonado, cayó drásticamente la imagen del Gobierno nacional y la situación económica se complicó enormemente y comenzó a «apretar» cada vez más. Vaca Muerta se transformó en la única herramienta con la cua l los gobiernos pueden destacar éxito alguno. Y ahora, el gobernador Omar Gutiérrez, ni lento ni perezoso, opta por hablar en cada paso que se da.
Así fue cómo se diferenció del Gobierno nacional hace muy poco cuando se logró firmar una especie de «blindaje» junto a empresarios y dirigentes sindicales de los gremios del sector para evitar conflictos que perjudican la productividad en esa formación para potenciar la llegada de inversiones. Se comprometieron a que los afiliados a los gremios que conducen no harán medidas de fuerza sorpresivas bajo ninguna causa y si se desarrollan conflictos, tendrá que mediar una instancia conciliatoria.
«Se acabaron las excusas para no invertir», exclamó Gutiérrez en referencia al compromiso de evitar los conflictos gremiales que, en muchos casos, desmotivaban la llegada de inversiones de operadoras extranjeras. «Este es un gesto de confianza para afianzar reglas de juego claras y ant icipar la llegada de inversiones», señaló.
Sin embargo, así como las «necesidades» de los trabajadores son amplias también lo son las de los inversores. De ahí que envalentonados con este acuerdo avanzan ahora en nuevo blindaje que les otorgue aún mayor seguridad.
Se reunieron por ese motivo en el despacho del fiscal general José Gerez, Alejandro Díaz, CEO de AmCham (la cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), y Martín Kindl, director de relaciones institucionales del IAPG (el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas).
Según publicó el diario ‘Río Negro’, «el eje del encuentro fue la conflictividad social en Neuquén y cuáles son “las situaciones que se dan en la provincia, de manera general y en torno al desarrollo de la actividad” y en ese contexto cuales son “las necesidades que lo empresarios tienen para poder invertir en Argentina”».
Lo que planteó el fiscal a los empresarios de Estados Unidos es la necesidad de incorporar una protección legal a la actividad energética. Se mencionó la incorporación de conflictos ilegítimos que le permitirá a la Justicia la intervención para salvaguardar las inversiones petroleras.
Y plantearon la necesidad de incorporar una nueva figura en el Código Penal de la Argentina para tipificar «protestas ilegítimas» con el objetivo de «desalentar y sancionar esa actividad».
Aunque Gerez negó que se busque criminalizar las protestas sociales y señaló que el accionar de la justicia neuquina «está inserto en la comunidad. El Ministerio Público Fiscal, con el nuevo Código Procesal Penal, es un órgano no solo encargado de la persecución legal del delito sino que también está encargado de gestionar la conflictividad social a través de todas las herramientas que se dispon en, como la mediación penal».
Remarcó que «los grandes conflictos sociales se resolvieron en este ámbito, como el conflicto docente, el de las textiles de Neuquén y recientemente el de la maderera MAM, tenemos una concepción que busca la paz social, porque hoy se cuenta con otro tipo de herramientas para destrabar los conflictos de manera pacífica».
Gerez indicó que «hoy la actividad energética no tiene protección de la ley penal, no hay figuras que protejan la afectación de la actividad. Hay delitos o tipos en el código penal que son obsoletos para proteger la actividad. Hoy el desarrollo del petróleo es el recurso estratégico del estado, de la mano de Vaca Muerta en Neuquén y yo como titular del Ministerio Público Fiscal tengo que advertir una ausencia de tutela penal en torno a la actividad, en eso se está trabajando».
El referente de AmCham, Díaz, sostuvo que el acuerdo que rubri có el gobierno con los gremios de la actividad va a favorecer el desarrollo petrolero. Sostuvo que «el convenio de productividad y competitividad en materia de no convencionales está en la dirección correcta. Va a requerir un proceso de implementación y que los actores modifiquen algunas posturas, para que las exploraciones y explotaciones sean competitivas».
