La Cámara Nacional Electoral ordenó que la investigación por los aportantes truchos de Cambiemos en la última elección en la provincia de Buenos Aires vaya a ese fuero y salga del penal. Una decisión similar ya había tomado la Cámara Federal cuando le quitó una causa por el mismo caso a Sebastián Casanello. En el fuero electoral las penas ante una eventual infracción son menos severas.
El caso tiene origen en una investigación periodística que descubrió que figuraban como aportantes a la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña personas que aseguraron que nunca colaboraron con la recaudación de fondos.
La Cámara Nacional Electoral le quitó la causa penal por los “aportantes truchos” de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires al juez federal en lo Penal de La Plata, Ernesto Kreplak, y ordenó remitir todas las denuncias vinculadas al financiamiento de la campaña de María Eugenia Vidal de 2015 al juez electoral Adolfo Gabino Ziulu.
Según el fallo de los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, «los hechos que fueron denunciados ante el fuero penal debieron indudablemente haber sido dirigidos al juez federal con competencia electoral, con arreglo al procedimiento que expresamente establece la ley que rige la materia».
«Por lo tanto, dado que los hechos principales en los que se basa la denuncia penal se refieren -como ya se dijo a la declaración de aportes privados con los que se habría financiado una campaña electoral cuyo control de legalidad se encuentra expresamente a cargo de la jurisdicción especializada atribuida a la justicia federal electoral, corresponde declarar la competencia del juez federal electoral del distrito de Buenos Aires para conocer de los hechos aludidos», agrega en otro tramo.
En septiembre pasado, Kreplak rechazó un pedido de inhibitoria presentado por su colega Ziulu, en respuesta a una petición de los abogados del PRO. El juez platense se consideró competente para indagar en los delitos penales que pueden surgir de las maniobras denunciadas, más allá de si existe en paralelo un delito al Código Nacional Electoral.
El magistrado opinó que su investigación y la del Ziulu son diferentes, sin que ello excluya a su par revisar las presuntas infracciones al Código Nacional Electoral (CNE).
En caso de hallar culpable a una o más personas por los aportes irregulares, el CNE prevé penas y condenas menores que la Justicia penal. Incluso, se puede penalizar a los partidos con una multa.
Sin embargo, Ziulu exigió la “inmediata remisión” a su juzgado de todas las actuaciones relacionadas con los aportantes truchos. No solo la que tramite en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, sino también las actuaciones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital, a cargo de Sebastián Casanello.
En octubre, la Cámara Federal porteña resolvió quitarle la causa a Casanello y enviársela al juez Ziulu –según publica Urgente 24-.
El caso tiene origen en una investigación periodística que descubrió que figuraban como aportantes a la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña personas que aseguraron que nunca colaboraron con la recaudación de fondos, por lo que se habría usurpado identidades para canalizar dinero de origen dudoso.
