El Gobierno le quitó frecuencias a la empresa estatal para vender a privados. En línea con el reclamo de las empresas de telefonía móvil, Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia que habilita la transferencia de espectro reservado para la empresa estatal al sector privado. Una ley prohibía ese movimiento.
El Gobierno dio el primer paso para que empresas privadas del sector de las telecomunicaciones puedan operar bandas de telefonía móvil que hasta ahora estaban reservadas a la estatal Arsat. Lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, que otorgó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad de asignar frecuencias a operadores privados. La decisión favorece a las compañías de telefonía móvil, que vienen reclamando mayor cantidad de frecuencias. En cambio, implica un deterioro del patrimonio de Arsat y un nuevo cambio de reglas de juego. El decreto contradice una norma previa que determinaba que el Congreso tiene que aprobar la entrega de derechos satelitales de la empresa pública.
El decreto que lleva la firma de Mauricio Macri viene a abrir la puerta para la privatización de una serie de frecuencias satelitales que había absorbido Arsat luego de que el grupo Vila-Manzano no cumpliera con el pago establecido en una licitación en 2014. En 2015, la ley de desarrollo de la industria satelital definió que el Congreso Nacional debía intervenir para definir la cesión de frecuencias de parte de Arsat en favor de los privados. “Esta decisión del Gobierno aumenta la inseguridad jurídica, ya que se regula por decreto una atribución propia del Congreso. El Gobierno operó de manera similar -por decreto y a espaldas del Poder Legislativo- en el caso de las licencias audiovisuales, los topes a la concentración y la creación del órgano regulador”, explicó el especialista Martín Becerra.
“El Gobierno no hizo nada con esas frecuencias que estaban en manos de Arsat. Podría haberlas arrendado a quien fuere, desde cooperativas y gobiernos provinciales hasta las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en el país o extranjeras. Pero no hizo nada y se trata de un recurso subutilizado”, agregó Becerra. Pero en lugar de la operación desde Arsat, el Gobierno optó por la asignación de las frecuencias.
Los especialistas del sector creen que las primeras beneficiadas por esta decisión son las empresas de telefonía móvil. Para mejorar la calidad del servicio, las telcos deben disponer de mayor cantidad de frecuencias. Pero tener más frecuencias no implica que el servicio vaya a mejorar, porque también tienen que invertir en antenas y en la red, por ejemplo. Además, el decreto recoge una idea plasmada en el proyecto de ley corta de las telecomunicaciones -aprobado en el Senado pero frenado en Diputados-, ya que un mínimo del 20 por ciento de las frecuencias a asignar está reservado a operadores regionales o locales.
El diputado nacional Rodrigo Rodríguez (FpV-PJ), integrante de la Comisión de Comunicaciones e Informática, señaló que “entregar el espectro, un recurso estratégico de las telecomunicaciones, en un marco de híper concentración y un Estado desentendido de la regulación y el control será absolutamente perjudicial para los consumidores”. “El decreto confirma el desprecio de Macri por el patrimonio público, la renuncia a la soberanía satelital y su vocación permanente por garantizar la rentabilidad empresaria por sobre los derechos de la ciudadanía”, agregó.
En cambio, Franco Cecchini, titular de la Cámara de Telefonía IP (Catip), que reúne a las operadoras pymes, dijo que “el DNU es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos. Liberar las fuerzas de todos los emprendedores argentinos con ganas de invertir y competir por los maltratados usuarios es una decisión inteligente que cambiará para mucho mejor la calidad y nivel de servicio de Telecomunicaciones de nuestro país”.
Guillermo Rus, ex vicepresidente del Arsat, planteó en declaraciones a Diario Pulse que “terminan sacando por decreto la administración de un recurso que tiene un valor de 500 millones de dólares. Claramente el mercado no va a llegar a los lugares donde ya no llegó por más que tenga más espectro”. “Esta decisión es en favor de la expansión del servicio 4G para Clarín y las otras grandes empresas del mercado y en contra del patrimonio y la soberanía nacional, que encarna Arsat en el sector satelital”, indicó Alfredo Moreno, delegado de Foetra en Arsat.
